Ramón Mieres, efectivo de la Policía Bonaerense y vecino de Villa Hudson, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Figueroa y el homicidio de Lucas Saavedra, cometidos en 2021 en Berazategui. Ramón Mieres, efectivo de la Policía Bonaerense y vecino de Villa Hudson, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Figueroa y el homicidio de Lucas Saavedra, cometidos en 2021 en Berazategui. El crimen fue perpetrado con su arma reglamentaria, asignada para el ejercicio de sus funciones policiales, y vuelve a poner en el centro una de las expresiones más extremas de la violencia machista: los llamados «femicidios de uniforme», en los que integrantes de las fuerzas de seguridad utilizan el poder, el entrenamiento y el acceso a armas reglamentarias para cometer delitos. La condena marca el fin de la impunidad para el responsable, pero también reabre el debate sobre cómo prevenir que quienes portan armas del Estado conviertan esto en una herramienta de violencia dentro del ámbito privado.

El 6 de noviembre de 2021, la calle 416 de Gutiérrez, en Berazategui, fue el escenario de una ejecución planificada. Ramón Mieres, quien se desempeñaba en la división Narcotráfico de la Policía Bonaerense, interceptó el vehículo donde se trasladaban las víctimas. Utilizando su pistola reglamentaria Bersa Thunder 9mm, descargó una ráfaga de disparos a quemarropa.

Este caso constituye un exponente brutal de lo que se denomina «femicidio de uniforme». En Argentina, organizaciones como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierten que aproximadamente uno de cada cinco femicidios es cometido por miembros de las fuerzas de seguridad. El arma que el Estado entrega bajo la promesa de «seguridad pública» es redirigida de forma sistemática hacia el ámbito privado: el 90% de los femicidios cometidos por uniformados se ejecutan con el arma reglamentaria. Para Laura Figueroa la portación permanente de armamento por parte de su agresor anuló cualquier espacio de seguridad.

El «femicida de uniforme» en el territorio de Varela

Mieres no era un agente ajeno a la violencia. En el barrio Villa Hudson -Bosques-, de Florencio Varela, según testimonios de sus vecinos, habría presumido constantemente de su poder y sus contactos en la DDI de Quilmes para amedrentar al barrio. Incluso dentro de la fuerza, quienes lo conocieron lo definirían como un sujeto de conductas llamativas.

Esta identidad de «intocable» se habría nutrido de la desidia institucional. La responsabilidad del Estado es directa al permitir que efectivos con perfiles violentos mantengan el estado policial y el acceso a armamento letal las 24 horas. El entramado corporativo quedó expuesto incluso durante su detención: Mieres habría compartido pabellón en el Complejo Penitenciario de Magdalena con Cristian Centurión, procesado por los crímenes de Lautaro Morello y Lucas Escalante -oriundos de Bosques-, otro caso que desnudó los oscuros e impunes manejos de la Bonaerense en la zona sur.

Un fallo contra el silencio corporativo

El camino hacia la sentencia sufrió múltiples obstáculos, incluyendo la negativa de Mieres a declarar y la reprogramación del juicio tras la renuncia de su defensa particular. Sin embargo, la movilización de los familiares a las puertas de los tribunales de Quilmes impidió que la causa cayera en el olvido.

El jurado popular dictó una sentencia acorde a la gravedad de los hechos: prisión perpetua. Los cargos de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) en perjuicio de Laura Figueroa, en concurso real con homicidio calificado por alevosía respecto a Lucas Saavedra, confirman que no hubo «drama» sino una emboscada ejecutada con la frialdad de quien se siente amparado por una placa.

Desarmar la impunidad

La justicia para Laura Figueroa y para Lucas Saavedra, es una grieta necesaria en el pacto de caballeros de las fuerzas de seguridad. Este fallo debe ser un llamado a la acción sobre la urgente necesidad de protocolos de desarme preventivo eficaces de miembros de fuerza con prácticas violentas.

Mientras el arma reglamentaria siga siendo un dispositivo de terror cotidiano en los hogares de los uniformados, el Estado seguirá siendo responsable de estos crímenes. La condena a Mieres demuestra que la justicia se consigue en la calle y en la memoria colectiva de barrios como Villa Hudson, donde el uniforme ya no debe ser, nunca más, una licencia para matar.