A través de tres décadas, el acceso al suelo en Florencio Varela mutó de una gesta comunitaria por la supervivencia a una sofisticada industria de la estafa inmobiliaria. Mientras se registra la tragedia de niños que nacen y mueren en la precariedad de los acampes, el entramado de fideicomisos fantasmas y la inacción política condenan a miles de familias a un limbo jurídico sin servicios básicos.
El mapa de Florencio Varela no se define hoy por su planificación urbana, sino por un entramado de intereses que asfixia el crecimiento del distrito. Lo que comenzó a fines de los años 90 como una respuesta desesperada ante la falta de vivienda se ha transformado en 2026 en un negocio millonario donde la impunidad es la regla. Según las crónicas de investigación, el suelo varelense es hoy el escenario de una disputa donde el derecho a la vida suele perder frente a la especulación.
La tragedia humana: Parir en la intemperie y morir bajo el nylon
Detrás de los tecnicismos legales, la crisis habitacional golpea con una crudeza insoportable. El Vespertino documentó en abril de 2019 el nacimiento de Nacira Aimara en el acampe de Villa Brown. Rodeada de 100 familias sin techo, su madre debió llevar adelante la labor de parto sobre una reposera sostenida por vecinas para evitar que la recién nacida tocara la tierra reseca.
Pero el barro también se cobra vidas. El 24 de abril de 2019, el mismo medio informó el fallecimiento de Sebastián Ezequiel González, un niño de menos de dos años que murió de neumonía tras vivir 70 días bajo plásticos en el mismo acampe. Estas tragedias ocurren en un contexto donde, para 2018, la pobreza multidimensional en el conurbano ya alcanzaba el 41,1%. Como relataba Oscar, un padre del acampe: «Queremos pagar, lo que no podemos es pagar 250 mil pesos o dólares porque todos trabajamos en changas».
El hilo conductor: De Agustín Ramírez al Barrio 3 de Mayo
La genealogía de este conflicto es extensa. En 1968, la familia Ramírez llegó a una Solano que era puro campo. Fue en 1981 cuando surgieron las primeras tomas organizadas por la organización «Gente sin techo», expandiéndose luego a Varela. Tras el asesinato de Agustín Ramírez en 1988, su legado de lucha por la tierra continuó.
Un hito fundamental ocurrió el 3 de mayo de 1999, cuando 840 familias devastadas por el neoliberalismo se asentaron en lo que hoy es el Barrio 3 de Mayo en Gobernador Costa. Durante un año vivieron sin luz ni agua, organizando ollas populares como «Los Mocosos» para sobrevivir. Esta dinámica de ocupación por necesidad se repitió el 2 de agosto de 2006, cuando 100 familias tomaron tierras en el barrio El Triángulo de Don José para escapar de las inundaciones de la tosquera «La Brea».
La mutación del negocio: El engaño del Fideicomiso y la «Cuota-Parte»
En la última década, la toma directa fue desplazada por un mercado clandestino de suelo. Medios locales advierten sobre la proliferación de loteos ilegales en zonas rurales de Villa San Luis y Gobernador Costa, entre otras. El modus operandi actual es la «cuota-parte»: al no existir planos de mensura aprobados bajo la Ley 8912, el comprador no adquiere una parcela real, sino un derecho que lo condena a la imposibilidad perpetua de escriturar y al bloqueo de servicios de luz y agua.
Para blindar la responsabilidad, se utilizan Fondos Fiduciarios. Esta fachada permite que, si el proyecto fracasa por inviabilidad hidráulica o ilegalidad, los responsables no respondan con sus bienes personales, dejando a los estafados sin ahorros y sin tierra.
Casos testigo y la doble cara del Estado
El conflicto de Villa San Luis es emblemático. El 5 de diciembre de 2014, el municipio habría asentado a 16 familias para que «cuidaran» un predio con la promesa de un loteo social. En octubre de 2022, tras ocho años de espera, las familias seguían reclamando la titularidad en medio de un litigio entre la comuna y un privado que vende esos mismos lotes por 2 millones de pesos.
Mientras tanto, en Villa Brown Rural, predios destinados al Fondo de Tierras para loteos sociales habrían terminado convertidos en tosqueras en 2016, enriqueciendo a empresarios con vínculos políticos mientras se dañaba el patrimonio público.
El intendente Andrés Watson sostuvo en septiembre de 2020 que las tomas son un «delito» producto de la «desorganización del Estado». Sin embargo, los reclamos persisten: desde la «Carpa de la Dignidad» en junio de 2014 hasta el acampe por «tierra, techo y trabajo» de septiembre de 2015, miles de delegados denuncian acuerdos incumplidos y barrios abandonados sin obras hidráulicas, como el Barrio Caacupe.
En Varela, el entramado sigue creciendo. El derecho al suelo es una carrera de obstáculos donde el Estado a menudo llega tarde para clausurar, pero nunca a tiempo para evitar que un niño muera de frío bajo un techo de nylon.