El informe del Monitor de Respuestas Represivas de la CTA sobre el primer semestre del Gobierno arrojó números alarmantes y una conclusión categórica: la existencia de “un plan sistemático” para “desarmar moral y políticamente a las organizaciones populares”.
La política represiva del gobierno de Javier Milei no ha sido solamente declamativa. Desde ayer por la tarde, la avanzada sobre la protesta social tiene cifras, y alarman.
Con datos sistematizados sobre las acciones de represión, detención y apertura de causas a manifestantes, militantes y referentes de las organizaciones populares durante los primeros seis meses de esta gestión, se presentó el informe del Monitor de Respuestas Represivas, herramienta del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.
“Las cifras del Monitor de Respuestas Represivas de la CTA reflejan un plan sistemático del Gobierno por desarmar moral y políticamente a las organizaciones populares: en menos de siete meses se registraron al menos 115 personas detenidas en todo el país, un mínimo de 992 heridxs como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad y 147 personas se encuentran afrontando causas penales”, detalla el escrito.
Entre estos últimos están Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez, detenidos durante la represión del 12 de junio pasado a la manifestación contra la Ley Bases, que aún continúan privados de su libertad.
Fuerzas paraestatales y sofisticación del aparato represivo
Los datos relevados por el equipo coordinado por Jimena Frankel llegan hasta el 30 de junio de este año y establecen que desde diciembre hasta fin de junio hubo en nuestro país 60 hechos represivos en 14 provincias.
“Los datos que sistematizamos tienen que ver con las represiones, los allanamientos y la apertura de las causas penales a los compañeros y las compañeras, pero también sobre los mecanismos que usa el Estado para llevar adelante la represión como la instauración de la Línea 134 que amenaza a las organizaciones con que ‘el que corta no cobra’ o con quitarle a los compañeros y las compañeras la tutela de sus hijes si movilizan”, apuntó en la presentación.
También explicó, en diálogo con Canal Abierto, que de los 60 hechos de represión documentados “31 son allanamientos a organizaciones sociales” y que “hay 23 casos de represión a la protesta donde las Fuerzas de Seguridad reprimieron, lastimaron, detuvieron y se les hicieron causas a un montón de compañeros”. Pero lo más preocupante es que pudieron registrar seis casos, tres en Buenos Aires y otros tres en Santa Fe, en los que “quienes intervinieron fueron las fuerzas paraestatales”.
Según detalla el informe, “en Buenos Aires, un miembro de la agrupación HIJOS fue víctima de violencia física y sexual, además de que dejó una pintada en su cuarto con las siglas de ‘VLLC’ (Viva la libertad, carajo). Otro episodio involucró el robo y ataque a un dirigente de Federación Nacional Territorial (FeNaT) en su domicilio, quien fue agredido violentamente, junto con la aparición de pintadas nazis en una la Casa Cultural Dante Balestro. En Santa Fe, en la ciudad de Rosario, se registraron tres casos, que incluyeron disparos, bombas molotov, amenazas y el incendio de una motocicleta en un sindicato de la Carne; mientras que el tercero consistió en las amenazas que recibió una abogada y militante de derechos humanos en su domicilio”.
Al evento también asistieron exdetenidos en la represión del 12 de junio, entre ellos el docente y abogado Juan Spinetto quien planteó en conversación con este medio: “La reflexión que hacemos es que no fue contra nosotros sino que fue un intento de disciplinar a la sociedad, de atemorizarla para que no salga a protestar, cuando la mitad de nosotros terminamos en penales de máxima seguridad sin siquiera estar procesados. Eso muestra una sofisticación en el método represivo”.
Junto a él estuvieron Nicolás Mayorga, Cristian Valiente, Camila Juárez Oliva, Sharif Sleme, Sasha Lyardet, Sofía Ottogalli y Diego Iturburu.
Una lucha contra la naturalización de la represión
De la presentación del Monitor también participó Daniel Godoy, coordinador junto con Tomás Raffo del IEF; María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA; la abogada e integrante de la Red en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia y de la Asociación Americana de Juristas, Claudia Rocca; y el secretario General de la Central, Hugo “Cachorro” Godoy.
“El Monitor vino a ponerse a disposición de las organizaciones, no para acumular información sino para poder debatir y pensar la etapa en clave política. Viene a proponer que no naturalicemos sino que nos escandalicemos ante situaciones como ésta”, explicó Daniel Godoy.
En tanto, Cachorro Godoy señaló: “Estamos en el fin de una etapa y en el inicio de otra: para poder sostener el escenario de saqueo iba a ser necesario acrecentar la represión. Ya lo veníamos viendo y por eso creamos el Monitor”.
El dirigente remarcó además la preocupación y el dolor por el asesinato de Susana Montoya madre de Fernando Albareda, integrante de la Agrupación HIJOS de Córdoba y viuda de Ricardo Fermín Albareda, un exsubcomisario, militante del ERP, que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar, que fue asesinada en esa ciudad el viernes pasado.
Además, acompañaron la actividad María del Carmen Verdú, coordinadora de la Correpi; el diputado nacional del Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), Alejandro Vilca; y el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, entre otros y otras. Y organizaciones como la Comisión por la Memoria, el Instituto por la Memoria, Liberpueblo, el Archivo Represivo Ahora y el Mapa de la Policía.