Reconocer el autoritarismo en Venezuela no obliga a aceptar una invasión extranjera. La intervención militar de Estados Unidos viola principios básicos del derecho internacional y abre un escenario de violencia, inestabilidad y efectos económicos y sociales que también alcanzan al conurbano bonaerense.
Hay que decirlo con honestidad intelectual y sin eufemismos: existe una parte de la población venezolana que celebró la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, convencida de estar presenciando la caída de un régimen autoritario. Ese sentimiento no surge de la nada. El deterioro institucional, la persecución política, el empobrecimiento y el exilio forzado marcaron la vida de millones de venezolanos y venezolanas que no compartieron la gestión de Maduro. Reconocer ese infierno no implica justificarlo. Pero reconocerlo tampoco habilita a avalar una invasión militar extranjera. La historia latinoamericana demuestra que la salida armada nunca trajo libertad duradera: dejó más muertos, más dependencia y sociedades más frágiles.
La operación militar lanzada por Estados Unidos el 3 de enero de 2026 en territorio venezolano —con bombardeos sobre instalaciones estratégicas en Caracas y otras zonas del país, y la captura del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores— es un hecho confirmado por los propios gobiernos involucrados y por coberturas de medios regionales e internacionales. El saldo humano es grave: decenas de personas murieron durante los ataques, entre ellas personal militar y civiles, según cifras oficiales venezolanas. Más allá de las disputas políticas, esas muertes son reales y tienen responsables materiales.
Una invasión ilegal según el derecho internacional
El punto central no es ideológico, sino jurídico y político. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe de manera expresa el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de un Estado, salvo en casos de legítima defensa inmediata o con autorización del Consejo de Seguridad. Ninguna de esas condiciones fue acreditada públicamente en este caso. No hubo mandato multilateral, ni orden judicial internacional, ni consenso regional.
La captura de un jefe de Estado en ejercicio mediante una operación militar extranjera constituye un quiebre grave del principio de soberanía. Aun cuando existan causas judiciales abiertas en tribunales estadounidenses, el traslado forzado desde otro país sin mecanismos de cooperación jurídica aceptados internacionalmente coloca a la operación en una zona de ilegalidad que numerosos especialistas y organismos vienen señalando. La legalidad no se define por la simpatía o el rechazo que genere un gobierno, sino por reglas que protegen a todos los Estados, especialmente a los más débiles.
Muertos, miedo y más violencia
Las consecuencias inmediatas en Venezuela son palpables: bombardeos en zonas urbanas, estado de emergencia, despliegue militar y un clima de miedo que golpea a la población civil. La experiencia histórica indica que este tipo de intervenciones no estabiliza países, sino que profundiza los conflictos internos, alimenta represalias y agrava las crisis económicas. La promesa de “orden” suele traducirse en más control armado y menos derechos para la gente común.
Un precedente peligroso para América Latina
La invasión a Venezuela no ocurre en el vacío. Reactiva una lógica conocida en la región: la idea de que una potencia puede decidir, por la fuerza, el destino político de un país latinoamericano. Ya ocurrió en el siglo XX, con consecuencias devastadoras. No es casual que la comparación con Panamá en 1989 vuelva a aparecer. Entonces también se habló de combatir el crimen y restaurar la democracia. Décadas después, el debate sigue abierto sobre el costo humano y político de aquella decisión.
Aceptar hoy esta intervención como algo “necesario” implica abrir la puerta a que mañana se repita en otros países, bajo nuevos pretextos. Ese precedente no protege a los pueblos: los deja más expuestos.
¿Por qué esto importa en Florencio Varela?
Puede parecer un conflicto lejano, pero sus efectos llegan al conurbano bonaerense de manera concreta:
- Migración forzada: Las guerras y las intervenciones empujan a miles de personas a huir. Argentina, y en particular el Gran Buenos Aires, ya reciben población venezolana que busca trabajo, salud y educación. Más violencia en Venezuela significa más desplazamiento en un país que hoy no tiene políticas sólidas para contenerlo sin generar tensiones sociales.
- Impacto económico: Venezuela es un actor clave en el mercado energético. La inestabilidad regional influye en los precios internacionales del petróleo y, por arrastre, en los combustibles y el transporte. En barrios donde cada aumento se siente en la mesa familiar, estos movimientos no son abstractos.
- Normalización de la fuerza: Cuando se legitima la solución militar desde arriba, se refuerza una cultura política donde el diálogo pierde valor. En comunidades como Varela, que conocen las consecuencias de la violencia estatal y la exclusión, esta lógica termina golpeando siempre a los mismos sectores.
- Pérdida de reglas comunes: El debilitamiento del derecho internacional deja a los países periféricos sin herramientas de defensa frente a decisiones tomadas lejos de su gente.
Ni autoritarismo ni imperialismo
Esta posición no busca absolver a ningún gobierno ni negar las graves violaciones y errores del chavismo. Tampoco pretende simplificar una crisis compleja. Se trata de sostener un principio básico: los pueblos no se liberan bajo las bombas de una potencia extranjera. La democracia no se impone con misiles ni con ocupaciones militares.
Para una comunidad como Florencio Varela, con memoria histórica y vocación de organización social, el desafío es no caer en falsas opciones. Rechazar el autoritarismo interno y, al mismo tiempo, rechazar la invasión y el intervencionismo externo. Defender la paz, la soberanía y el derecho de los pueblos a resolver sus conflictos sin tutelajes armados.
Porque cuando las reglas se rompen en algún lugar de América Latina, tarde o temprano las consecuencias terminan golpeando también en nuestros barrios.