Infancias sin transporte para ir a la escuela, centros que cierran y personas de todas las edades que dejan sus tratamientos. “La situación es más crítica que nunca”, advierte el activismo disca.
Infancias que ya no tienen transporte para ir a la escuela. Centros que dejan de funcionar por no poder afrontar los costos. Personas que dejan de recibir sus tratamientos. Prestadores con tarifas congeladas desde diciembre. Retrasos en los cobros de hasta tres meses. “La situación es más crítica que nunca”, advierte el activismo disca.
Desde hace años, organizaciones, familias y activistas reclaman que la discapacidad está en emergencia en Argentina. No es nuevo: ningún gobierno puso en el centro la agenda de discapacidad para garantizar derechos, advierten. Pero la situación hoy es crítica. Además, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos, actualmente no está habilitado el diálogo entre el Poder Ejecutivo y quienes reclaman se les escuche.
“Si bien la situación de abandono dentro del área viene de larga data, nos encontramos en una situación en la que esa crisis se ve sumamente profundizada a raíz de la política de ajuste que está llevando adelante este gobierno”, compartió a Presentes Rocío Librandi, acompañante terapéutica y psicóloga social, integrante de Organización Prestadorxs Precarizadxs en Salud y Educación y del Frente de Lucha Tribuna Disca.
Desde hoy, personas autoconvocadas y activismos concentran en el Congreso de la Nación porque la Cámara de Diputados tratará este miércoles el veto de Javier Milei a la ley aprobada por el Senado el 10 de julio. Justo después de que el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana falló en contra del decreto, haciendo lugar a un amparo de una familia que reclama que el veto pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de las infancias para una vida digna.
La ley declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de su implementación se estima entre un 0,28 y un 0,51% del Producto Bruto Interno.
Datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señalaron recientemente que sólo el 20 por ciento de la población con discapacidad en Argentina cobra un beneficio. De los 5 millones de personas con discapacidad, apenas accedieron 1,1 millones. Y solo en el primer trimestre del año el gobierno dio de baja 28 mil.
Qué propone la Ley de Emergencia en Discapacidad
La normativa que se intenta actualizar es reclamada desde hace años. Incluso el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las Observaciones finales que hizo en 2023 en Argentina, recomendó “armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención (sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), incluyendo la aprobación de una nueva ley sobre los derechos de las personas con discapacidad alineada con el modelo de derechos humanos”. Responde a una situación crítica. Les prestadores de servicios de atención y rehabilitación a personas con discapacidad tienen sus tarifas congeladas desde hace ocho meses y cobran con retrasos de 60, 90 y hasta 120 días.
-La Ley de Emergencia en Discapacidad propone regularizar las deudas con los prestadores de salud, sumado a una compensación de emergencia.
– También, actualizar mensualmente el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y disponer de un financiamiento adecuado y sostenible para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social.
-Además planea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la realización de auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones, entre otras cuestiones.
“Realmente ya nos es imposible sostener nuestros trabajos por la inestabilidad laboral, por los bajos honorarios, por la falta de derechos laborales. La precarización a la que estamos sometidos es realmente angustiante”, compartió Librandi. Pero, sobre todo, la situación es insostenible para las personas con discapacidad y para sus familias, especialmente las que tienen a cargo infancias, advirtió. “Están siendo empujados a tener que abandonar sus terapias. Muchas veces las obras sociales les dejan de cubrir sus tratamientos, o los terapeutas, los profesionales, dejan de trabajar para lo que estudiaron y se formaron tantos años”, dijo.
“Las prestaciones básicas las sostienen les trabajadores”
“Hoy, el sistema de prestaciones básicas en discapacidad no lo sostiene ni el Estado ni las obras sociales. Lo hacemos las y los trabajadores. Pese a esa precarización laboral, continuamos sosteniendo los tratamientos que las personas con discapacidad necesitan. Tenemos un compromiso asumido con esas familias, con esa persona que recibimos todos los días y sabemos la importancia de su continuidad”, contó. Sin embargo, compartió un escenario: “Muchos centros y escuelas especiales están cerrando porque ya no pueden mantenerse”.
Ana María Bogarín es directora del Colegio Nuevo Día, psicopedagoga y licenciada en Ciencias de la Educación, con 30 años de experiencia en educación especial. En diálogo con esta agencia contó la difícil situación que atraviesan las instituciones. “En la escuela vemos de qué lado se saca para que otras cosas se puedan sostener. Hay muchos atrasos en los pagos de las obras sociales. La mayoría de los alumnos de escuela especial van a jornada completa. Eso implica, además de lo educativo, ofrecer un desayuno, una colación y un almuerzo para unos 400 alumnos. Y la alimentación de calidad es más que importante. Todo lo que es personal de comedor y de maestranza no está subvencionado”, compartió, en relación a la institución que dirige. Sin embargo, con esfuerzo y por decisión del representante legal del establecimiento, “jamás se dejó a un niño sin escuela por esta situación”.
Entre los problemas que más ve en las familias: la pérdida laboral de les progenitores, que las obras sociales no toman a personas con monotributo social, dificultades para poder ir a las reuniones de padres y la pérdida de tratamientos externos por no poder pagarlos. Además, reconoció que muchas infancias se están quedando sin transporte escolar.
“Hay aspectos que son significativos para las vidas de las personas con discapacidad”, compartió Laura Alcaide, correctora, madre con discapacidad visual y militante de Orgullo Disca y la Asamblea de Discas en Lucha, con respeto a la ley. “Entre ellas, las pensiones no contributivas porque el 90% no tiene laburo. También los empleos protegidos, aunque es un sistema de empleo absolutamente precarizado. Ahora, estos dos pasan a ser compatibles, quien tiene un empleo protegido puede percibir la pensión no contributiva”. “La ley de emergencia es que el Estado reconozca que nuestro colectivo se encuentra en emergencia, en una crisis profunda y en un estado de genocidio”, concluyó.
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y distintas organizaciones convocaron a toda la sociedad a acompañar la vigilia del martes y movilización por la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Los derechos conquistados no se negocian. ¡Nos encontramos en las calles!”, expresaron.
:::Agustina Ramos para Agencia Presentes, FOTOS: María Eugenia Ludueña:::