Un padre, quien es secretario de Prensa y Comunicación de la provincia, le sacó la tenencia a la madre con un operativo policial en el jardín de infantes. Mientras ella pide por el nene de 6 años, una resolución con perspectiva de infancia exige que la voz del niño cuente.
El 20 de agosto de 2025, cinco policías armados, el juez Luciano Speroni y la defensora de Niños Natalia Stornini irrumpieron en el Jardín N° 65 del oeste de Neuquén y se llevaron por la fuerza a un niño de seis años (M.) tras un fallo judicial que otorgó la custodia a su progenitor masculino, Claude Staicos. Su madre, Alexandra Sabio, miró desde el otro lado del miedo: si bien la orden judicial tenía apenas tres meses de vigencia, hasta ahora no volvió a ver su hijo.
El padre, Claude Staicos, es secretario de Medios y Comunicación del Gobierno de Neuquén. El mismo funcionario que controla la pauta, los medios y los discursos públicos fue quien difundió en sus propias redes y en una página web –“La verdad de M.”– fotos y relatos sobre el niño, vulnerando su derecho a la privacidad y a la identidad.
Mientras la versión oficial se instalaba sin cuestionamientos, la voz de la madre fue silenciada. Ningún medio local le dio espacio. Los comunicados en redes y las páginas de ONG de falsas denuncias repitieron el relato del poder: el de un “padre que recupera a su hijo”, sin mencionar la violencia de una escena donde participaron agentes armados en un jardín de infantes.
El caso expuso una trama profunda de alianzas entre el poder político, judicial y mediático. Las coberturas omitieron irregularidades judiciales y el trasfondo de género: una madre sin voz frente a un funcionario con capacidad de censura.
En un caso que se viene desarrollando sin ninguna perspectiva de género (ni de cuidado de las infancias), hubo una señal diferente. El 29 de octubre, la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente N° 3 de Neuquén se expidió en el expediente “Staicos Claude Christian c/ Sabio Jacqueline Alexandra s/ incidente”, y su dictamen fue claro: el niño M. tiene derecho a ser escuchado y el Estado, la obligación de garantizar su salud integral.
El niño ante todo
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El documento, firmado por el Dr. Lautaro Arévalo, defensor subrogante, responde a un recurso presentado por Alexandra Sabio, quien pidió revisar la ejecución de la sentencia que otorgó el cuidado personal unilateral a su expareja. Sabio denunció que su hijo no fue escuchado y que su salud física y emocional se vio afectada desde que se ejecutó esa medida.
La Defensoría le dio la razón. Ordenó la escucha activa e inmediata del niño –preferentemente en Cámara Gesell o con profesionales del Gabinete Psicológico Forense– y la realización urgente de un informe de salud integral. Además, rechazó el pedido del progenitor de declarar desierto el recurso de apelación, señalando que el interés superior del niño está por encima del formalismo procesal.
“Las sentencias de cuidado personal no son definitivas. La realidad familiar es dinámica, y la opinión del niño M. es crucial para evaluar si la medida ejecutada cumple su propósito”, expresa el dictamen.
El pronunciamiento marca un giro dentro del sistema judicial neuquino: por primera vez, una Defensoría reconoce que negar la palabra a un niño puede ser una forma de violencia institucional. Sin embargo, mientras el expediente habla de protección, afuera la realidad sigue hablando en clave de hostigamiento.
Puro poder patriarcal
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Días atrás, patrulleros se presentaron en el domicilio de Sabio, aunque ella no se encontraba en la vivienda. No hay causa penal ni orden judicial que justifique ese operativo. “Está padeciendo hostigamiento”, coinciden allegadas. La abogada Sara Berni denunció al gobernador Rolo Figueroa por abuso de poder y lo responsabilizó por la integridad de Alexandra y del menor M.: “Habla tanto de ficha limpia y tiene a un violento en su gabinete que se anda jactando de haberle sacado el niño a su mamá. Son cómplices de la impunidad de la violencia hacia las mujeres”, expresó.
La militante por los derechos de las niñeces Rosa Castro lo resume sin eufemismos: “No se trata de diagnósticos ni de etiquetas: se trata de una madre y de un niño. En este expediente no hay pruebas que sostengan que Alexandra no pueda cuidar de su hijo, pero sí hay una maquinaria judicial dispuesta a cargar sobre ella un discurso sin sustento”.
Mientras la Defensoría de Menores pide que el niño sea escuchado, la justicia parece preferir los rumores a los hechos. Ahí está el mensaje más peligroso: cuando una mujer incomoda, el sistema inventa razones para callarla.
En su voz resuena algo más grande: el eco del sistema judicial que primero etiquetó a Sabio de “insana”, permitió el alejamiento del niño y recién ahora reconoce que debe volver a escucharlo.
La resolución de la Defensoría abre una grieta en la rutina de los tribunales: pide volver a escuchar a M., evaluar su estado de salud y revisar las condiciones reales en las que se ejecutó la sentencia. Pero las preguntas quedan flotando:
¿Quién permitió que se dictara un fallo sin la palabra del niño?
¿Quién firmó los informes que diagnosticaron a una madre sin escucharla?
¿Quién ejecutó esa sentencia bajo el argumento de que la madre era “insana” para su hijo?
¿Y por qué ahora, si todo era tan normal, el menor fue llevado a un pediatra de Cipolletti (Río Negro), en lugar de seguir con su pediatra de cabecera?
Las respuestas no están en los expedientes. Están en el entramado de poder que define quién es creíble y quién no, quién es madre y quién es “insana”, quién puede hablar y quién debe callar.
El expediente de octubre no solo habla por un niño: es el espejo de un sistema que aún no aprende a escuchar a las mujeres. Es también la prueba de un patrón: cuando una mujer resiste, el sistema la castiga.
:::Silvina Ojeda para Revista Citrica:::