Tiene a su cargo a hermanos menores de edad y una bebé. Tras la muerte de su madre y haber atravesado situaciones de violencia, falta de vivienda y riesgo de separación familiar, hoy enfrenta la posibilidad de un nuevo desalojo en Florencio Varela, sin una fecha confirmada ni una alternativa habitacional asegurada.
Liliana vive en Florencio Varela y es hoy la principal responsable del cuidado de sus hermanos menores de edad y una bebé. Su historia personal está marcada por múltiples situaciones de vulneración de derechos que se profundizaron tras la muerte de su madre.
“Mi mamá se quitó la vida, ella y a mi hermanito”, relata Liliana, en una frase que sintetiza el quiebre familiar que atravesaron. Según explica, su madre tenía problemas de salud mental y, a partir de esa pérdida, la vida cotidiana se volvió aún más difícil. “Pasamos por muchas cosas. Desde que ella no está, estuvimos con gente que nos maltrataba, y así sucesivamente”, agrega.
Con el correr del tiempo, la joven asumió el rol de cuidado de sus hermanos menores. “Yo me hice cargo de mis hermanos menores, hoy soy hermana y madre”, afirma. Actualmente, alquila un monoambiente de dimensiones reducidas en el que convive con ellos. “Alquilo un monoambiente súper chiquito, no tenemos espacio para nada”, describe.
En ese contexto, enfrenta la posibilidad de un desalojo vinculado a la renovación del alquiler, aunque aclara que no cuenta con una fecha exacta. “No tengo una fecha exacta de cuándo nos desalojan, pero más o menos sabemos que van a hacer arreglos en los alquileres acá en la localidad”, explica, en referencia a la zona de Dante Ardigo, en Florencio Varela.
La precariedad habitacional no es una situación nueva para la familia. “Yo estuve en situación de calle con mis hermanos”, sostiene Liliana. Durante ese período, relata que existió la posibilidad de que los menores fueran separados. “Los de Niñez me los querían sacar; esa fue su solución, separarnos”, recuerda.
Según su testimonio, la intervención de una abogada fue determinante. “Gracias a Dios, una abogada tomó el caso de los menores y no permitió eso”, señala.
Para sostener a su familia, Liliana trabaja de manera informal. “Lucho día a día trabajando en la feria, como puedo, y voy con mi hija”, cuenta. “Trabajo así para poder comer”, agrega, describiendo una economía de subsistencia atravesada por la inestabilidad.
Ante la falta de una solución habitacional, la joven afirma haber intentado comunicarse con el Ejecutivo local. “Le hice una carta al intendente Watson, pero no creo que haya llegado a él”, expresa. Hasta el momento, no existen constancias públicas verificables de una intervención formal derivada de ese contacto.
“No quiero terminar de vuelta en la calle con mi bebé y mis hermanos”, dice Liliana. “Somos hermanos que pasamos por mucho y, a pesar de todo, sigo luchando día a día”.
Información institucional y judicial vinculada al caso
De acuerdo con la documentación a la que este medio tuvo acceso, la situación de Liliana habría sido abordada en distintos ámbitos institucionales y judiciales a lo largo del año 2025. En ese marco, constarían orientaciones para que se presentara ante el área de Desarrollo Social del Municipio de Florencio Varela, solicitara prioridad en la atención por su situación de vulnerabilidad, acreditara la tenencia de los menores a su cargo, requiriera la intervención de una trabajadora social y gestionara el acceso a una solución habitacional adecuada. Asimismo, se menciona la posibilidad de elevar una nota al Intendente Municipal y, ante una eventual falta de respuesta administrativa, recurrir a la vía judicial para solicitar el acceso a una vivienda digna.
En el mismo sentido, existiría un dictamen de carácter judicial en el que habría intervenido la Asesoría de Incapaces, solicitando el otorgamiento de la guarda de los menores a favor de Liliana. Dicho pronunciamiento fundamenta la medida en el paradigma protectorio del Código Civil y Comercial de la Nación, citaexpresamente el artículo 657, y enmarca la decisión en el principio del interés superior del niño, reconociendo la guarda como una institución subsidiaria, excepcional y de carácter protector, orientada a garantizar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.
Por otra parte, la documentación consultada hace referencia a informes oficiales fechados. En particular, con fecha 10 de marzo de 2025, constaría un informe solicitado al Ministerio de Seguridad en el que se indicaría que Liliana no registra antecedentes penales. Asimismo, con fecha 25 de abril de 2025, una perito psicóloga del Juzgado interviniente habría mantenido una entrevista con la joven, de la cual se desprendería la existencia de un vínculo de apego seguro con los menores, el ejercicio satisfactorio de las funciones de cuidado y crianza, la capacidad para expresar afectos y la ausencia de indicadores psicopatológicos subjetivos y/o vinculares que resulten inhabilitantes para la crianza.
Finalmente, con fecha 23 de junio de 2025, se hace referencia a la incorporación de un informe socioambiental amplio, realizado en el domicilio de Liliana, que permitiría contextualizar las condiciones de vida del grupo familiar. En conjunto, estos elementos permitirían caracterizar la situación como una vulnerabilidad de tipo económico y habitacional, sin que surjan —según lo consignado— observaciones negativas en el plano vincular, psicológico o legal.
El caso refleja una situación de extrema vulnerabilidad social y habitacional, que involucra a personas menores de edad y a una mujer joven que asumió tareas de cuidado en un contexto de escasos recursos. La información publicada se basa exclusivamente en el testimonio directo de la protagonista, sin que hasta el momento se hayan podido confirmar intervenciones estatales activas o dispositivos oficiales de asistencia en curso.