La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, conocido como Proyecto San Jorge, en una sesión acompañada por una protesta masiva en las puertas de laLegislatura vallada. Los diputados aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del emprendimiento en Uspallata, la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, una Ley de Regalías Mineras del 3% y la habilitación de una nueva etapa de 27 proyectos dentro del Distrito Minero Occidental II de Malargüe. El paquete fue impulsado por el oficialismo con el argumento de dinamizar la economía, pero recibió fuertes cuestionamientos por parte de especialistas, organizaciones socioambientales y amplios sectores de la ciudadanía. Ahora, desde el martes 2 empieza a sesionar el Senado que tratará su aprobación o no. Mientras crece el descontento en toda la provincia con marchas y actividades en defensa del agua y la Ley 7722. Con un acuerdo entre el gobernador y las princiaples fuerzas políticas, la aprobación de los projectos mineros auguran un «tramite». El temor esta en que se geste una nueva rebelión de las y los pobladores mendocinos. La defensa de dicha Ley había provocado en el 2019 un estallido social en toda la provincia que luego se replico en el 2021 en Chubut.
En la Cámara de Diputados el proyecto obtuvo la mayoría, con recuentos que indican 31 votos afirmativos y 13 negativos. Entre las voces críticas se destacó la del diputado Jorge Difonso, quien denunció que la DIA aprobada “no cumple con la Ley 7722” y que no se realizó una consulta adecuada a las comunidades y cuencas afectadas. También advirtió que el Fondo de Compensación Ambiental implicaría que los costos de un posible daño ambiental podrían terminar siendo cubiertos por el Estado provincial y, en consecuencia, por la población mendocina. Estas objeciones se sumaron a las dudas jurídicas y técnicas planteadas por profesionales de distintas áreas que señalaron inconsistencias en los estudios presentados.
El agua como disputa y las advertencias científicas
El debate volvió a centrarse en la crisis hídrica y en la fragilidad de la cuenca del Río Mendoza, de donde depende el suministro de agua de gran parte de la provincia. Especialistas como el geógrafo Marcelo Giraud, docentes de la UNCUyo y profesionales vinculados al CONICET advirtieron que la información hidrológica utilizada para justificar el uso del agua del Arroyo El Tigre está desactualizada y no refleja las condiciones reales de disponibilidad. A pesar de que el gobierno provincial sostuvo que se reciclará el 90% del agua utilizada por la operación minera, investigadoras e investigadores remarcaron que no existen estudios robustos que avalen esa afirmación. Para sectores de la comunidad científica, avanzar con la mina en estas condiciones equivale a “apostar a la ruleta rusa con la cuenca del Río Mendoza”, en un territorio marcado por sequías prolongadas y disminución sostenida de caudales.
Las críticas también se extendieron a los aspectos sociales, arqueológicos y de biodiversidad. Diversos informes señalaron que la DIA presenta líneas de base incompletas y que la empresa a cargo del proyecto, vinculada al grupo internacional Solway Investment Group, cuenta con antecedentes de conflictos ambientales en Guatemala, lo que profundizó la desconfianza entre asambleas y vecinas y vecinos.
Tensiones entre el gobierno y el sistema científico
En medio del debate legislativo, ANRed reveló que un documento elaborado por investigadores e investigadoras del CONICET, crítico del proyecto, habría sido frenado por autoridades del organismo. El informe advertía sobre daños potenciales, deficiencias técnicas y riesgos no contemplados por la DIA, y su presunta censura desató acusaciones de presión política y de intento de limitar el acceso a la información ambiental antes de la votación. Para organizaciones socioambientales, este hecho confirma la falta de transparencia en el proceso y expone la influencia de los intereses mineros en la toma de decisiones.
La Ley de Glaciares nuevamente bajo amenaza
En este contexto, el presidente Javier Milei volvió a insistir en la necesidad de modificar la Ley de Glaciares, retomando una iniciativa “del gobernador de Mendoza” para que las provincias definan por sí mismas los límites del ambiente periglaciar. Hoy, este territorio —fundamental como reserva hídrica— está protegido y no permite la actividad minera, por lo que el cambio abriría la puerta a nuevos emprendimientos en zonas extremadamente sensibles. El anuncio encendió aún más el malestar social, que advierte que la ofensiva minera no se limita al proyecto San Jorge, sino que forma parte de una reconfiguración más amplia del modelo extractivo nacional.
Se están activando las asambleas en las ciudades y pueblos de toda la provincia
Mientras la Legislatura discutía la media sanción, en toda Mendoza comenzaron a reactivarse las asambleas socioambientales. El 28 de noviembre, el departamento de San Carlos protagonizó un cacerolazo masivo a la vera de la Ruta 40, en las inmediaciones de la terminal de Eugenio Bustos. Cientos de familias se reunieron con carteles, banderas, baterías, panderetas y consignas en defensa del agua. El cacerolazo no fue un hecho aislado: se inscribe en la tradición de lucha del Valle de Uco, que en 2019 encabezó la histórica pueblada contra la reforma de la Ley 7722 y logró revertirla. Las y los manifestantes enviaron un mensaje directo al Senado provincial: “Senadores, Mendoza está despierta”.
De manera simultánea, en Uspallata también se movilizaron cientos de vecinas, vecinos y asambleístas, quienes marcharon por las calles con banderas, pancartas y megáfonos. La protesta rechazó la media sanción, cuestionó la falta de participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental y denunció que la información técnica presentada por la empresa y el gobierno es insuficiente para garantizar la protección del agua y del ecosistema de la zona. Para muchas familias uspallatinas, el avance del proyecto significa una amenaza directa al modo de vida local y al patrimonio natural que sostiene la economía turística y comunitaria.
Este resurgimiento de las asambleas también se observó en Tunuyán, General Alvear, el Gran Mendoza y distintos pueblos de la Cordillera. A medida que avanza el proceso legislativo, nuevas asambleas se articulan con las históricas y se multiplican los espacios de organización. Tanto en los barrios como en los territorios rurales, las comunidades insisten en que no existe licencia social para el proyecto y que la defensa del agua es un límite innegociable.
Ahora es el turno en el Senado y una provincia movilizada
El Senado provincial debatirá el paquete completo de medidas el 9 de diciembre, una sesión que se anticipa tensa y decisiva. Si se aprueba, el proyecto podrá avanzar hacia su fase de construcción, estimada en alrededor de veinte meses, inaugurando una nueva etapa minera en Mendoza. Sin embargo, el escenario social es incierto: las movilizaciones crecen, las asambleas se fortalecen y el malestar se expande desde los pueblos cordilleranos hasta las ciudades del llano.
Para las organizaciones sociales, científicas y ambientales, el resultado legislativo no definirá el conflicto. La defensa del agua, la oposición al extractivismo y la exigencia de transparencia estatal ya movilizan a miles de personas, que advierten que la resistencia continuará en las rutas, en las calles y en los territorios.
Hay dos experiencias recientes que frenaron reformas pro mineras y que se enfrentaron al conseson de las principales fuerzas políticas del país. Estas experiencias cocurrieron durante el gobierno de Alberto Fernandez. En Mendoza en diciembre del 2019 y luego, otra vez, en diciembre pero del 2021 en Chubut contra la zonificación minera. Ambas rebeliones doblegaron el consenso político contra el extractivismo y a las fuerzas represivas.
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