Kiara Maqueira relata con voz quebrada un ataque brutal: golpes, puñaladas y amenazas contra ella, su hija de apenas 17 meses y su madre. El agresor, identificado como Agustín Alejandro Ramos, permanece prófugo mientras Kiar­a exige justicia urgente.

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En un testimonio estremecedor, Kiar­a Maqueira denunció que su pareja —supuestamente el sujeto prófugo identificado como Agustín Alejandro Ramos— la atacó sin previo aviso cuando estaban acostados mirando una película junto a su hija de 1 año y 5 meses. “De repente, sin ningún motivo, él se subió encima mío, me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo”, relató. Según su declaración, la amenazó con el arma, la apuñaló en la cara, y —al acercarse la beba— rozó su carita con el cuchillo, causándole una herida que requirió siete puntos. A ella le dieron dos puntos en la boca.

En su intento por huir del ataque, su mamá intervino. “Cuando mi mamá intentó defenderme, él la golpeó: la noqueó tirándola al piso. Ahora tiene una fisura maxilofacial por la cual debe ser operada”, relató Kiar­a. Su papá, al defenderlas, también fue agredido y terminó forcejeando hasta que Ramos pidió irse de la casa; en ese momento, la familia llamó a la policía.

Según la mujer, existe una orden de detención vigente contra Ramos, pero días después del hecho él sigue libre y sin paradero conocido. “Mientras él está suelto, no puedo dormir. No puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está libre”, denunció.

El caso —si la Justicia lo confirma— no es aislado: estudios recientes revelan que la violencia familiar y de género sigue estando marcada por la presencia de armas blancas y agresiones físicas. Por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) documentó que en 2022 se registraron miles de lesiones por agresiones físicas en mujeres —incluyendo golpes, estrangulamientos, heridas en rostro — reflejo de una violencia que no solo mata, sino también deja secuelas profundas.

La legislación provincial y nacional —como la Ley 12569 de la provincia de Buenos Aires — define estos actos como violencia familiar o de género, habilitando no sólo a las víctimas para denunciar, sino también a testigos, familiares o profesionales de la salud que conozcan los hechos.

Aun así, en muchos casos —como el de Kiar­a— la Justicia tarda, se demora la detención del agresor, o el agresor desaparece. Esa demora perpetúa el miedo, la vulnerabilidad y el sufrimiento de quienes padecen violencia.

Kiar­a exige alto, para quien quiera escuchar: “Necesito que lo encuentren YA. Necesito que la Justicia actúe. Necesito que este mensaje llegue a donde tenga que llegar”.

Este relato, aterrador en su crudeza, no puede pasar desapercibido: no se trata de estadísticas, sino de personas vivas —una madre, una niña, una familia devastada. Reclama acción inmediata. Y exige que la comunidad, los organismos de derechos y la Justicia no den la espalda.