Familiares de mujeres privadas de su libertad alojadas en la Unidad Nº40 de Lomas de Zamora, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) denuncian la represión que sufrieron las internas en los pabellones luego que la institución no diera respuesta ante el pedido de una salida especial solicitada por una reclusa. Según el relato de las detenidas, personal masculino del SPB ingresó al pabellón y las reprimió con golpes, arrojándoles gas pimienta y balas de goma. «¡Nos sacaron todo, nos golpeaban, nos pegaban patadas en la cabeza, en las costillas, nos decían que nos callemos, que no teníamos derecho a nada!».
Familiares de internas alojadas en la Unidad Nº40 de Lomas de Zamora, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) denuncian haber sido reprimidas en sus pabellones luego que la institución no diera respuesta ante el pedido de una salida especial solicitada por una interna.
Según informaron a esta agencia, una de las reclusas había solicitado por medio de su defensor una salida especial para acompañar a su familia tras la muerte de su padre. A pesar de haber solicitado ayuda de manera pacífica, el personal penitenciario respondió con violencia utilizando gas pimienta y balas de goma.
«Nuestra compañera habló con su abogado, ya le habían hecho todo para que salga, solamente faltaba que el Servicio Penitenciario de la unidad la saque. Aguantamos, hablamos bien, con respeto, siempre. Se hizo a las 4 de la tarde, venía el cierre, a lo cual nos juntamos todas las compañeras de nuestro pabellón a reclamar, para tener una respuesta» explican las mujeres detenidas.
Continuaron «entonces pedíamos una respuesta, y nos reprimieron. Nos tiraron gas pimienta, nos empezaron a querer encerrar, nos pegaron, llamaron al personal masculino, nos tiraron gas pimienta, balazos de goma para todos lados. Cuando nos pudieron por fin meter a cada una en la celda, nos iban sacando al patio, recagándonos a palos. El personal masculino se reía y le decía a las encargadas que nos saquen las zapatillas, que nos saquen el celular. Nos sacaron todo, nos golpeaban, nos pegaban patadas en la cabeza, en la costilla, nos decían que nos callemos, que no teníamos derecho a nada, que éramos unos gatos».
Asimismo las detenidas denuncian que las mantuvieron descalzas en el patio del penal con sus manos esposadas. «Me metieron a una cobacha, me pegaban y me insultaban. Después me pusieron en una leonera y con la mano para atrás, esposada, bien apretada, descalza».
Continuó «a una de mis compañeras la tenían en el piso, la apretaban con un escudo y arriba de ella estaba una encargada insultándola. Estábamos todas llenas del gas pimienta sin poder respirar, sabiendo que algunas sufren de asma».
«Después de eso, alrededor de las nueve de la noche recién, me trajeron mis zapatillas y me pusieron en una admisión. No tenemos agua, estaba todo sucio, la comida que nos dan, ni en los perros la quieren comer porque nos dan comida cruda» finalizó.
Sistema de la crueldad
Según datos recabados por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, la cantidad de personas detenidas en el sistema penal bonaerense aumentó de 54.107 en 2021 a 55.621 en 2022 llevando la tasa de encarcelamiento provincial de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes, lo que duplica la tasa mundial de prisionización de 152 personas cada 100.000 habitantes. En cárceles y alcaidías pasó de 46.456 a 48.046, en monitoreo electrónico de 3.206 a 3.627 y en comisarías bajó de 4.445 a 3.948.
Desde el Comité manifiestan que pese a las mesas de diálogo con organismos de DDHH, las gestiones en materia de seguridad de los gobiernos no están dispuestas a generar ningún debate sobre la irracionalidad de la política criminal ni a cambiarla. En este sentido advierte el Comité que la provincia de Buenos Aires repite estrategias, errores y fracasos para resolver la sobrepoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías. En los últimos 18 años tres ministros de Justicia abordaron el problema desde la misma óptica.
«Está demostrado que construir cárceles no mejora las condiciones de detención sino que, por el contrario, eleva el piso de encarcelamiento. La ocupación siempre supera la capacidad. El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la política criminal que los tres poderes del Estado provincial se niegan a modificar» enfatiza el informe del CCT.
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