Los marcos regulatorios sobre la planta de cannabis le permiten ser libre solo a un sector privilegiado. No hay perspectiva de derechos humanos ni de salud pública. Solo persecución a los sectores vulnerables que se relacionan con el cannabis.
La Marcha Nacional de la Marihuana realizada el viernes 15 de noviembre en Plaza Congreso no pudo realizarse tal como estaba programada debido a que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires impidió la realización de la feria, la instalación del sonido y hasta secuestró una planta que intentó llevarse en el baúl de un patrullero. Todo un símbolo de cómo el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad persiguen y estigmatizan a consumidores y productores de cannabis.
El Gobierno Nacional dice defender el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero con el cannabis hace todo lo contrario.
“La Ley de Estupefacientes 23.737, vigente desde hace más de 35 años, ha mostrado ser ineficaz en sus objetivos de protección de la salud pública y ha generado efectos adversos al fortalecer el narcotráfico y criminalizar injustamente a personas cultivadoras y que eligen la marihuana. A 15 años del fallo Arriola, que destacó la autonomía y privacidad de las personas, resulta insostenible mantener una política de drogas que impacta en el acceso al derecho a la salud de las personas usuarias de sustancias, afectando principalmente en jóvenes de sectores populares, mujeres, personas racializadas, disidencias ya la comunidad LGTBIQ+. Nuestra posición se centra en el derecho a la libertad para decidir sobre nuestras vidas y cuerpos, como establece el artículo 19 de la Constitución Nacional. A su vez, demandamos una reparación histórica para personas que por utilizar la marihuana han sido injustamente perseguidas y penalizadas bajo la ley 23.737”, explicaron desde la organización de la Marcha Nacional de la Marihuana a través de un comunicado que no pudieron leer porque la Policía de la Ciudad no permitió la instalación del sonido.
“La Ley Penal 23.737 no es respetuosa de los derechos humanos, siempre se ha utilizado como una herramienta de extorsión y de persecución social, y lo que buscamos es una modificación integral de la ley de drogas, donde se respete a las personas en la decisión de las soberanías y las libertades y el estilo de vida personal”, agregó Nermi Zappia, presidenta de la Asociación Cultural y Club de Cultivo Cannábico Jardín del Unicornio.
Desde la Marcha Nacional de la Marihuana también denunciaron que el Gobierno Nacional ataca a la salud pública: “Denunciamos la falta de presupuesto adecuado para salud mental y consumos problemáticos, y reprácticas de reducción de riesgos y cuidado comunitario. Las mujeres, en particular, asumen gran parte de estas tareas de cuidado bajo condiciones de precarización y estigma, lo que evidencia la urgencia de un cambio en la política de drogas que reconozca estos esfuerzos. También expresamos nuestra preocupación por las trabas impuestas al programa REPROCANN, que afectan directamente a pacientes, cuidadores y ONGs. Estas modificaciones han limitado el acceso a cannabis medicinal y han creado obstáculos innecesarios para quienes necesitan esta herramienta de salud. Exigimos la eliminación de estos obstáculos burocráticos para que el acceso al cannabis medicinal y terapéutico de uso adulto sea realmente efectivo”.
El comunicado hace referencia a que el Instituto Nacional de Semillas suspendió la inscripción de variedades con contenido alto de THC, poniendo en riesgo el trabajo de criadores y fitomejoradores locales, y a la reforma en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) de una manera regresiva que afectó seriamente el derecho el acceso a tratamientos con la planta y paralizó alrededor de 150 mil trámites, lo que provocó la presentación de más de 1.500 amparos en los juzgados federales
El doctor Marcelo Morante, doctor y extitular del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) considera que la sociedad reclama el acceso al cannabis. “El Reprocann tuvo esa debilidad de no contemplar el escenario macro, pero también es mejorable para una futura regulación. Hoy debemos discutir claramente el uso adulto porque es lo que requiere la industria”. Quienes trabajan y están en contacto con la planta de cannabis lo saben: la mejor política pública es la legalización. “La guerra contra las drogas no es más que una guerra contra personas usuarias y vulnerables, cuyo derecho a la autonomía y privacidad es vulnerado en nombre de una seguridad mal entendida. Demandamos a ustedes la despenalización de la tenencia para consumo personal y la regulación legal del mercado de la marihuana para uso adulto, con una perspectiva de derechos humanos, salud pública y justicia social. Cambiar esta política de drogas moralista e inhumana es una deuda de la democracia”, reclamaron desde la organización de la Marcha Nacional.
“Basta de gente presa por marihuana, cuando hoy en Argentina tenemos marcos regulatorios que a un sector privilegiado sí le permite enmarcarse, sí le permite ser libre, sí le permite trabajar de lo que ama, mientras la gran mayoría es la gente popular, de los barrios populares, de las provincias más bajas y vulneradas de la sociedad, que viven al día de hoy también de una crema, de un lubricante, de un shampoo, de aceites, que no tienen los recursos ni los privilegios para enmarcarse, y eso hacen de sus haberes un buen producto. Y no puede ser que unos se los enarbole y esté todo bien, y otros vayan presos y pierdan su libertad de hasta 15 años. Principalmente las feminidades, que según las estadísticas son la mayor parte de personas sustentoras de familias, de grupos familiares, participantes en ferias, donde ya comercializan algún producto a base de marihuana, como hoy en esta marcha tenemos feriantes y feriantas para corroborar que la economía popular cannábica existe desde hace mucho tiempo. Basta de personas presas por tener marihuana o plantar marihuana. Y reconocimiento de la economía popular cannábica, o sea, de la comercialización”, explica Nermi Zappia acerca de la injusticia social que provoca la persecución a las personas más vulnerables de la regresiva política de drogas que ejerce el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) fue recientemente intervenida por el Gobierno Nacional con la designación como interventor del médico Ignacio Ferrari. “En la industria del cannabis, Argentina cuenta con un potencial de desarrollo económico significativo que debe construirse sobre principios de equidad y justicia. Exigimos condiciones laborales dignas y la inclusión de las personas trabajadoras en todos los niveles de decisión, así como el reconocimiento de clubes y cooperativas como actores legítimos. La constitución de la ARICCAME debe ser inclusiva y representativa, para asegurar que el crecimiento de esta industria esté orientado a la justicia social”, reclaman desde la Marcha Nacional con conocimiento de que los objetivos del Gobierno Nacional están muy lejos de la equidad.
Karina Villarreal, integrante de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo y Presidenta de la Organización Civil de Docencia, Investigación y Gestión en Cannabis y Patologías Crónicas explica que de la ARICCAME va a salir el desarrollo industrial de la planta. Y que no es solo el Reprocann lo que se encuebtra paralizado. “Lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), donde uno puede registrar las semillas y la cepa y el trabajo agroecológico que viene realizando y sosteniendo hace años”.
“Hay cuatro principios fundamentales que atraviesan nuestra lucha, que son el trabajo, la salud, la paz y la libertad. Estos derechos están coartados con este último gobierno, vivimos un retroceso de derechos”, destaca Karina. Sus palabras resumen el engaño de un gobierno que prometió libertad pero en la práctica persigue a personas por plantar plantas. “Hoy vivimos y estamos atravesados sin libertad personal, siendo criminalizados, con problemas de salud, con muchos compañeros presos. Exigimos la libertad de nuestros presos por plantar”.
CANNABIS EN LA CAVA
“Mi nombre es Brenda Iesi, soy mamá. Pía es una de mis hijas. A raíz de ella encontré con el mundo canábico hace más de 7 años. Ella tiene multidiscapacidad, entre ellas, epilepsia refractaria. Cuando ya no teníamos más medicación para darle y era una convulsión tras otra e ir siempre al hospital, conocí el cannabis por medio de un cultivador solidario que me dio un aceite y me dijo que tenía que aprender a cultivar porque yo tenía que generar mi propia medicina. Entonces, en ese momento, aprendí. Yo no tenía antes vínculo con el cannabis y bueno, me fui contactando con otras mamás y otras personas y otras redes.
Hoy trabajo en la Asociación Civil Hierba Buena y articulamos con Casa de Galilea, que es un centro comunitario del barrio La Cava. Las condiciones de infraestructura del barrio no permiten el autocultivo y además hay un fuerte prejuicio en cuanto al cannabis, porque es considerado una droga y por ende una puerta de entrada a muchísimos problemas que atraviesan la vida cotidiana del barrio. Entonces el trabajo es en lo cotidiano, es en la problematización y en el testimonio. También nos sucede que vienen familias con la orden de la psiquiatra que les receta aceite de cannabis y esa mamá o esa abuela necesita hablar sobre el tema, porque para ella no es algo común que le den cannabis a su nieto. Entonces esa es parte de la tarea que hacemos como asociación civil: de llevar información y de también hacer el acompañamiento con los médicos.
Nosotros le dispensamos el aceite y la cromatografía para que puedan hacer el seguimiento. Esto mismo lo articulamos con la Federación Cannábica Bonaerense para estar articulados con el Ministerio de Salud. También estamos articulando con el Ministerio de Trabajo para la Formación Laboral”.
:::Revista Citrica / Fotos: Rodrigo Ruiz:::