En medio de la discusión sobre el derecho de los civiles a armarse, reaparece una pregunta incómoda para la democracia argentina: qué lugar ocupa la ciudadanía frente al uso de la fuerza. Más allá del delito cotidiano, el debate abre una reflexión más profunda sobre cómo se organiza la seguridad en una sociedad democrática y cuáles son los límites entre el poder del Estado, los derechos de la sociedad y la responsabilidad de defender el orden constitucional.
Cuando cae la noche en Florencio Varela y el último tren atraviesa el sur del conurbano, la palabra “seguridad” suele aparecer en conversaciones cotidianas. En la parada del colectivo, en la puerta de un kiosco o en una charla familiar.
Pero hablar de seguridad no significa solamente hablar de robos, hurtos o hechos delictivos. También implica discutir algo más profundo: cómo se organiza la fuerza dentro de una sociedad democrática y quién tiene derecho a ejercerla.
Es una discusión política, histórica y constitucional que hoy vuelve a aparecer en la Argentina: el debate sobre el monopolio de la violencia y el rol de la ciudadanía frente al Estado.
El docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Bruno Carpinetti, propone empezar por una idea sencilla sobre cómo se organizaron las sociedades modernas.
“Hay una escena fundante en la modernidad política: un conjunto de individuos temerosos que, para escapar de la guerra de todos contra todos, decide entregar su fuerza a una instancia superior”.
Esa instancia superior es el Estado.
En términos simples, las sociedades modernas acordaron que el uso legítimo de la fuerza —las fuerzas de seguridad, el ejército y los mecanismos de coerción— quede concentrado en el Estado para evitar que la violencia se disperse entre individuos o grupos.
“El soberano concentra la violencia para que la sociedad pueda vivir sin ella”.
Esa decisión permitió construir instituciones, leyes y sistemas de justicia. Pero también dejó abierta una tensión política que sigue vigente.
La paradoja que aparece en el debate actual
En Argentina, la discusión sobre las armas suele aparecer mezclada con otras discusiones: la inseguridad, la violencia institucional y el rol del Estado en la protección de los derechos.
Por un lado, existe una fuerte tradición democrática que denuncia abusos policiales, violencia institucional y prácticas represivas que históricamente han afectado con mayor dureza a los sectores populares.
Por otro lado, también existe una preocupación real sobre qué ocurre cuando el Estado no logra garantizar seguridad o cuando las instituciones no funcionan como deberían.
Carpinetti señala que allí aparece una tensión difícil de resolver.
“El progresismo denuncia —con fundamentos históricos sólidos— los abusos de las fuerzas de seguridad, la selectividad punitiva, la violencia institucional. Desconfía del Estado cuando golpea”.
Pero al mismo tiempo ocurre algo más.
“Se desconfía del monopolio cuando se ejerce mal, pero se lo reafirma sin matices cuando se trata de excluir toda alternativa”.
El resultado, advierte, puede ser una figura política compleja.
“Un Estado sospechado y, sin embargo, único depositario legítimo de la fuerza; una ciudadanía crítica, pero despojada de cualquier capacidad material de defensa”.
Lo que dice la Constitución
En el medio de ese debate aparece un elemento que muchas veces queda fuera de la discusión pública: la propia Constitución argentina.
El artículo 21 establece:
“Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución”.
A primera vista puede parecer una frase antigua. Sin embargo, expresa una idea importante dentro de la tradición republicana.
Carpinetti lo explica de manera directa.
“Es la huella de una antropología republicana distinta: el ciudadano no es sólo protegido; es responsable”.
Otro artículo constitucional refuerza esa idea.
El artículo 36 reconoce el derecho de resistencia frente a quienes rompan el orden democrático.
En términos sencillos, esto significa que el poder del Estado no es absoluto. El Estado tiene la responsabilidad de ejercer la fuerza legítima, pero ese poder existe porque la sociedad se lo delega.
La autoridad última, en una democracia, pertenece al pueblo.
Es decir: los ciudadanos son quienes, colectivamente, crean el poder político y establecen sus límites. Si el orden democrático se rompe —por ejemplo ante un golpe de Estado— la sociedad no queda obligada a aceptar pasivamente esa ruptura.
Por eso Carpinetti plantea una idea central.
“El monopolio de la violencia no es un derecho natural del Estado: es una delegación política”.
Cuando la defensa también era una práctica cívica
Durante buena parte del siglo XX, esa concepción tenía una expresión concreta en la vida social argentina.
En muchas ciudades existían asociaciones civiles de tiro deportivo —los llamados Tiros Federales— donde el manejo de armas estaba vinculado a prácticas deportivas y a una idea de formación cívica.
“No era una consigna insurgente. Era una pedagogía republicana”.
Uno de los ejemplos más conocidos fue el Tiro Federal Argentino, cuyo lema sintetizaba esa visión:
“Aquí se aprende a defender a la Patria”.
En esos espacios no sólo se enseñaba técnica.
“Producían identidad. Ritualizaban la relación con la fuerza. La inscribían en disciplina, reglas, pertenencia”.
Con el tiempo, sin embargo, esa tradición fue perdiendo presencia en la vida social.
“La defensa se volvió asunto de especialistas. El ciudadano armado dejó de ser figura republicana para convertirse en sospecha”.
Un debate atrapado entre extremos
Hoy el debate público suele presentarse en términos muy polarizados.
Por un lado, quienes promueven una mayor liberalización del acceso a las armas para civiles. Por otro, quienes consideran que la única solución posible es el desarme completo de la sociedad.
Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, ambos extremos generan interrogantes.
La circulación de armas sin regulación puede aumentar los riesgos de violencia. Pero suponer que el problema desaparece simplemente eliminando cualquier posibilidad de defensa civil tampoco resuelve las desigualdades ni los conflictos sociales que atraviesan a muchas comunidades.
Carpinetti lo resume de manera clara.
“Hoy el debate oscila entre dos caricaturas: armamentismo irrestricto o desarme absoluto”.
La Constitución argentina, en cambio, plantea un equilibrio más complejo: una república donde el Estado ejerce la fuerza legítima, pero donde la ciudadanía no queda reducida a un rol pasivo.
Una discusión más profunda que la seguridad policial
En territorios como Florencio Varela, donde muchas veces las redes comunitarias sostienen lo que el Estado no alcanza a cubrir, la discusión sobre la seguridad adquiere otra dimensión.
Las mujeres que organizan comedores, las madres que sostienen hogares en soledad y los vecinos que construyen redes de solidaridad conocen de cerca lo que significa vivir con incertidumbre.
La seguridad no se reduce a la presencia policial. También está atravesada por la desigualdad, la falta de oportunidades y distintas formas de violencia estructural.
Carpinetti lo resume en una frase que sintetiza el dilema.
“La violencia no se evapora por decreto moral. Se organiza. Se delega. Se limita. Se legitima”.
En esa tensión —entre el poder del Estado, los derechos de la ciudadanía y las responsabilidades colectivas— se juega algo más profundo que una política de seguridad.
Se juega, en última instancia, la forma en que una sociedad entiende la democracia y el lugar que cada persona ocupa dentro de ella.
Este artículo fue elaborado a partir del texto “El monopolio de la violencia”, del docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) Bruno Carpinetti, publicado originalmente por el SAEEG (Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales), cuyos conceptos y citas fueron utilizados como base para esta adaptación periodística.