El problema de la inseguridad existe y es innegable, y a todos nos preocupa lógicamente. Pero frente a esto nos preguntamos: ¿bajando la edad de punibilidad vamos a bajar los índices de violencia y de delitos en nuestra sociedad?
La reforma del Régimen Penal Juvenil aprobada por el Congreso reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Especialistas en infancia, derecho penal y organismos de derechos humanos advierten que se trata de una medida regresiva. Señalan diez problemas centrales: falta de evidencia que la justifique, contradicción con estándares internacionales, ampliación del sistema penal sobre adolescentes, penas extremadamente altas, criminalización de conflictos juveniles, posible retroceso institucional hacia lógicas tutelares, violación de principios del derecho internacional del niño, profundización de la selectividad penal, utilización de jóvenes por organizaciones criminales y la ausencia de políticas sociales que aborden las causas estructurales del delito.
El Gobierno sumó el viernes 27 de febrero de 2026 una nueva victoria en su raid legislativo y, en el cierre del período de sesiones extraordinarias, celebró la aprobación en el Senado del Régimen Penal Juvenil, que como punto central baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, en línea —según el oficialismo— con “estándares regionales”.
A una semana de aquella votación, este 4 de marzo, el efecto político de la medida ya se siente: el Gobierno la presenta como un avance en materia de seguridad, mientras organizaciones sociales, juristas y especialistas en infancia advierten que la reforma abre un escenario de mayor expansión del sistema penal sobre adolescentes.
La decisión marca un cambio profundo en la política criminal argentina: adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente por determinados delitos, algo que hasta ahora estaba vedado por la legislación vigente.
El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse.
Un debate que lleva años
El intento de reducir la edad de imputabilidad no es nuevo.
El gobierno de Mauricio Macri impulsó proyectos similares en 2017 y 2019. La administración de Javier Milei retomó la iniciativa durante 2024, insistió durante 2025 y finalmente logró aprobarla en 2026, tras un proceso legislativo acelerado durante las sesiones extraordinarias.
El proyecto fue defendido por el oficialismo como una herramienta para enfrentar delitos graves cometidos por menores.
Pero para numerosos especialistas el problema es más complejo.
La pregunta central sigue siendo la misma:
¿bajar la edad de imputabilidad reduce el delito o simplemente amplía el alcance del sistema penal sobre adolescentes cada vez más jóvenes?
Los datos que alimentan la discusión
Uno de los argumentos más repetidos por quienes cuestionan la reforma es que la participación de adolescentes en delitos graves es baja.
Un relevamiento de UNICEF (2023) señala que en Argentina había 1971 adolescentes menores de 18 años alojados en establecimientos o incluidos en programas por conflicto con la ley penal, sobre una población total de aproximadamente 3,5 millones de adolescentes entre 13 y 17 años.
Incluso sumando a quienes cumplen medidas después de haber alcanzado la mayoría de edad, el número total llega a 4156 jóvenes en todo el país.
En la provincia de Buenos Aires, además, la participación de adolescentes en investigaciones penales descendió en los últimos años, pasando de 4,2% de las causas en 2009 a 2,2% en 2023.
La mayoría de esos casos corresponde a delitos contra la propiedad, principalmente robos.
Una discusión jurídica y social
Quienes se oponen a la reforma señalan además que la decisión entra en tensión con recomendaciones internacionales.
La Observación General N.º 24 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda que los países establezcan la edad mínima de responsabilidad penal al menos en 14 años, pero también sostiene que aquellos que tienen edades más altas no deberían reducirlas.
Hasta ahora, Argentina mantenía ese estándar en 16 años, algo que organismos internacionales habían valorado como una política protectora de la infancia.
Especialistas en desarrollo infantil recuerdan además que durante la adolescencia la capacidad de controlar impulsos, evaluar riesgos y comprender plenamente las consecuencias de los actos aún está en formación.
Por eso, sostienen, el sistema penal debería ser el último recurso y no la respuesta principal frente a conflictos protagonizados por jóvenes.
Un cambio histórico
La edad de imputabilidad en Argentina tuvo varias modificaciones a lo largo del último siglo.
El Código Penal de 1921 la fijaba en 14 años.
En 1954, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se elevó a 16 años como parte de una política de protección de la infancia.
Tras la dictadura y la recuperación democrática, ese estándar se mantuvo hasta hoy.
Con la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Congreso vuelve a modificar ese límite.
La discusión, sin embargo, está lejos de terminar.
Organizaciones sociales, defensorías de derechos del niño y especialistas en justicia juvenil ya anticiparon que continuarán impulsando acciones legales y políticas contra la reforma, convencidos de que el problema de la violencia juvenil no se resuelve ampliando el castigo, sino fortaleciendo las políticas sociales, educativas y comunitarias.
Porque, detrás de la discusión jurídica, se esconde una pregunta más profunda:
si frente a la vulnerabilidad de los adolescentes la respuesta del Estado será proteger… o castigar.