El exfutbolista y empresario, Aldo Duscher, obtuvo por apenas 3,4 millones de pesos un permiso de ocupación sobre 600 hectáreas de territorio fiscal.
La pobladora Susana Martín, habitante ancestral del lugar, relató que se enteró de la situación cuando el propio Duscher le anunció que “le había comprado las tierras” e incluso intentó comprarle su ganado. Lo inexplicable es cómo el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) —que reconoce que el territorio está en disputa y que es fiscal— le otorgó al empresario una autorización de ocupación precaria, el “primer paso para adueñarse de las tierras”, tal como explicó el abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, quien también alertó que durante años la comunidad pidió ese mismo permiso sin obtener respuesta. Mientras, se multiplican las detenciones contra la Nación Mapuche, el despojo territorial continúa.
La ocupación de Duscher, avalada por un organismo del Estado, vuelve a dejar en evidencia la trama de encubrimiento, negocios privados y connivencia institucional que atraviesa los conflictos territoriales en Chubut. La detención de Susana Martín y Eusebio Antieco por “usurpación” de su propio territorio funcionó como un avance judicial a favor del empresario: se criminaliza a quienes habitan el lugar desde generaciones, mientras se habilita administrativamente la ocupación privada. El IAC, ignorando el pedido histórico de la comunidad —compuesta por los viejos pobladores de la costa— y reconociendo que las tierras “son fiscales”, otorgó a Duscher un permiso precario que opera como antesala para avanzar hacia la adjudicación definitiva.
Desde el organismo provincial argumentaron que “no hubo entrega irregular” y que “las tierras son del Estado”. Así, Duscher —que reside en Francia o Buenos Aires— obtuvo derechos de ocupación comprando supuestos títulos a Bernardo Quiñihual, “un paisano que la familia Martín dejó habitar la zona”, según detalló el abogado Sánchez. La comunidad sostiene que esta autorización fue utilizada como excusa para criminalizar su presencia ancestral, en paralelo a un nuevo intento de apropiación privada de tierras fiscales en la meseta.
En diálogo con ANRed, el abogado Luis Virgilio Sánchez advirtió que se trata de una maniobra fraudulenta con complicidad estatal que involucraría a funcionarios del propio IAC. “Vamos a denunciar la compra y venta ilegal de tierras. Hoy la Oficina Judicial me envió la resolución del IAC: no le otorgan la tierra, le dan un permiso precario, y con eso voy a pedir el expediente completo”, afirmó. Sánchez precisó que ese permiso puede caer si no se cumplen sus condiciones: “Debe haber ocupación efectiva y no puede haber animales de otras personas; por eso Duscher intentó comprar los animales de una mujer de la comunidad. Todo forma parte del plan: consolidar la ocupación para hacer los planos de mensura y luego obtener la adjudicación definitiva”.
El abogado explicó que este es el paso previo para transferir las 600 hectáreas a nombre del empresario y que por eso la comunidad puede ser desalojada y ya esta judicializada: “Para seguir adelante con el plan necesita sacarse de encima a quienes habitan el territorio: la comunidad mapuche. Estamos ante una maniobra fraudulenta con implicación de funcionarios públicos”. Mientras tanto, el IAC afirma que “no existe conflicto con comunidades” y que actuó siguiendo “los procedimientos administrativos correspondientes”. Sin embargo, el carácter fiscal de las tierras y la precariedad del permiso contradicen la legalidad de los procesos judiciales que criminalizan a quienes viven allí desde hace décadas.
Documento de la IAC en donde se le otorga a duscher el permiso de ocupación de 600 héctareas por el irrisorio monto de 3.415.352,40 pesos.
Este episodio se inscribe en una ofensiva más amplia contra las comunidades mapuche-tehuelche de la región, en un contexto de creciente represión. Las detenciones de Martín y Antieco, así como los casos de Juan Pablo Colhuan y Facundo Jones Huala, exhiben una estrategia estatal que combina persecución penal con habilitaciones administrativas para favorecer proyectos privados sobre territorios indígenas.
En noviembre pasado, otro despojo afectó a la Costa de Gualjaina y Lepa: una mujer de apellido Zárate aseguró ser la nueva propietaria de tierras del Paraje Arroyo La Cancha, habitadas por la comunidad desde fines del siglo XIX. Según denunciaron, las tierras habrían sido transferidas a un extranjero —presunta pareja de Zárate— con complicidad del IAC, la Dirección de Pueblos Originarios y la policía provincial. La comunidad relató que se cerraron accesos ancestrales, se colocaron tranqueras con candado, se excavó una zanja en la servidumbre de paso y se amenazó a familias, incluso baleando perros e impidiendo el traslado de personas enfermas.
Aquel intento también afectó recursos esenciales, como un manantial ancestral utilizado para ceremonias, que quedó dentro del título de la supuesta propietaria. Se denunció entonces que el IAC habilitó la venta de tierras fiscales sin reconocer la preexistencia indígena, violando obligaciones constitucionales, tratados internacionales y fallos judiciales que ordenan consulta previa. (leer más aquí).
La escalada represiva se profundizó en octubre, cuando el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, incorporó a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu y otras personas mapuche en el RePET, el registro antiterrorista. La Gremial de Abogados sostuvo que se inició una “persecución supremacista y criminal” contra las comunidades, que derivó en el cierre de cuentas bancarias, cancelación de asignaciones y hasta la pérdida de una pensión por discapacidad de un menor. Se trata de un cerco político, judicial y económico que busca desarticular resistencias y despejar el camino para el avance extractivo y empresarial sobre los territorios.
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