¿Por qué la autonomía sobre el propio cuerpo es reconocida en algunas decisiones de salud, pero permanece vedada cuando se trata de decidir el final de la vida? El caso de Yolanda Chaparro de Andrade, la feminista fallecida por eutanasia en Colombia, permite abrir un debate que la Argentina aún evita.
El cuerpo de Yolanda Chaparro de Andrade no respondía a los estereotipos de la enfermedad terminal. A los 71 años, hablaba con firmeza, sostenía entrevistas en medios y lucía su cabello canoso teñido de violeta, una elección que asumía como parte de su identidad feminista y política. Sin embargo, convivía con una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e incurable que avanzaba de manera silenciosa.
Esa distancia entre apariencia y padecimiento fue uno de los factores que el sistema de salud colombiano utilizó para postergar su decisión. Mientras su voz se mantenía clara y su presencia no coincidía con la imagen social del final de la vida, su voluntad fue relativizada.
Decidir sobre el final de la vida también es una forma de autonomía
Desde que recibió el diagnóstico definitivo en septiembre de 2019, Yolanda expresó de manera libre, informada y reiterada su deseo de acceder a la eutanasia. No se trató de una reacción impulsiva, sino de una decisión sostenida en el tiempo, basada en el conocimiento del avance irreversible de la ELA.
Yolanda se reconocía feminista y entendía que la autonomía sobre su cuerpo no se suspendía frente a la enfermedad. Decidir cómo morir, para ella, era parte del mismo derecho que había defendido durante su vida: el de no ser obligada a soportar un sufrimiento que consideraba indigno.
Un derecho legal que el sistema de salud volvió inaccesible
La eutanasia fue despenalizada en Colombia en 1997 y reglamentada en 2015. La normativa establece requisitos claros: enfermedad grave e incurable, afectación severa de la calidad de vida y consentimiento libre e informado.
Yolanda cumplía con esas condiciones. Aun así, la EPS y la IPS intervinientes rechazaron su solicitud al considerar que no se encontraba en “estado terminal”. En los hechos, se le exigió un deterioro mayor: quedar postrada, perder la capacidad de hablar con claridad, alimentarse sin ayuda o respirar de manera autónoma.
Esa interpretación restrictiva convirtió un derecho reconocido en una carrera contra el tiempo, donde la persona debía probar cuánto estaba dispuesta a sufrir.
Litigar para morir dignamente: cuando la burocracia se vuelve violencia
El caso fue acompañado por DescLAB, el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su estrategia #TomaElControl. Las acciones judiciales presentadas denunciaron la vulneración de derechos fundamentales como la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad y la prohibición de tratos crueles e inhumanos.
Las resoluciones judiciales favorables llegaron, pero no evitaron el desgaste físico y emocional de Yolanda. El viernes 25 de junio de 2021, tras trece meses de negativas, recibió finalmente la eutanasia que había solicitado desde el inicio.
Argentina frente a un debate que sigue postergado
En la Argentina, la Ley de Muerte Digna permite rechazar tratamientos médicos, pero la eutanasia continúa prohibida. El margen de decisión sobre el final de la vida sigue siendo limitado y profundamente medicalizado.
En un país donde los feminismos lograron ampliar derechos vinculados a la autonomía corporal, el debate sobre la eutanasia permanece relegado. El caso de Yolanda interpela esa omisión: ¿quiénes pueden decidir cuándo una vida deja de ser vivible? ¿Qué rol juega el Estado cuando, en nombre del cuidado, impone la prolongación del sufrimiento?
Cuando decidir no es morir, sino ejercer un derecho
La historia de Yolanda Chaparro de Andrade no propone respuestas cerradas, pero deja una certeza: los derechos que no se garantizan en tiempo y forma se vacían de sentido. La eutanasia, cuando es solicitada de manera libre e informada, no habla de muerte, sino de dignidad.
Yolanda defendió hasta el final la idea de que su cuerpo le pertenecía. Su recorrido expone que la obstaculización institucional no es neutral y que, incluso frente a la ley, decidir sobre el propio cuerpo sigue siendo un terreno de disputa. Una discusión que la Argentina aún debe dar, sin eufemismos y con la dignidad en el centro.