Un informe publicado por ILGA Mundo revela que hubo avances pero que actualmente sólo seis estados miembros de la ONU adoptaron leyes de protección a las juventudes e infancias LGBT.
Cuatro de cada cinco países del mundo no cuentan con leyes que protejan a les jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex del acoso escolar. Así lo informó la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo) a través de un comunicado. Pese a los movimientos de ultraderecha y anti género que se expanden a nivel global, los últimos años hubo avances. Chile debate actualmente un proyecto de ley y, en Brasil, el Supremo Tribunal Federal declaró en 2024 que las autoridades educativas deben prevenir y abordar el acoso escolar contra estas identidades.
“El acoso escolar perjudica la salud mental del alumnado LGBTI y reduce sus perspectivas académicas y laborales. Sus secuelas aumentan los costes sanitarios y de asistencia social. Si los Estados se toman en serio su deseo de crear un futuro más próspero económicamente para todes, deben saber que su inacción es perjudicial no solo para las personas LGBTI, sino para la sociedad en su conjunto”, compartió al respecto Gurchaten Sandhu, director de Programas de ILGA Mundo.
Según la Base de Datos de ILGA Mundo, solo seis Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptaron leyes contra el acoso escolar que protegen a les jóvenes a razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales (OSIEGS). A su vez, al menos uno de estos motivos se menciona explícitamente en las leyes nacionales de 40 Estados miembros de las Naciones Unidas: solo una quinta parte del mundo.
(fuente: Base de Datos de ILGA Mundo).
Cómo es el panorama a nivel global
La mayoría de esos países utiliza leyes educativas o de igualdad de trato para proteger contra el acoso escolar. Así, prohíben el acoso por motivos de OSIEGCS en espacios educativos o requieren legalmente a las instituciones que incorporen el acoso contra LGBTI+ en sus códigos de conducta y sus políticas.
Algunas jurisdicciones incluyeron el acoso contra identidades diversas en leyes que protegen específicamente a la niñez como grupo. Mientras, solo en un caso (Francia) los castigos pueden contemplar hasta penas de prisión.
“Estas leyes sugieren que los Estados podrían entender el acoso escolar como una forma muy particular de violencia que no solo tiene a las personas jóvenes como principales víctimas, sino también como principales autores”, afirmó Curro Peña Díaz, consultor de Investigación de ILGA Mundo. “Por eso, con frecuencia, las jurisdicciones recurren a enfoques pedagógicos para educar a las personas acosadoras y darles alguna reparación a las víctimas dentro del sistema escolar, en lugar de recurrir a sanciones penales”.
América latina
A pesar del contexto hostil para las diversidades con la expansión de gobiernos de ultraderecha y movimientos anti género a nivel mundial y regional, en los últimos años se observaron distintos avances en América latina. Sin embargo, aún varios Estados no poseen leyes que contemplen el acoso contra LGBTI+, entre ellos El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
Chile se encuentra actualmente en un debate legislativo. En junio de 2024, el presidente Gabriel Boric presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece normas sobre la convivencia pacífica, el trato justo y el bienestar de las comunidades educativas. Su objetivo de prevenir y erradicar el acoso, la discriminación y todas las formas de violencia en las instituciones educativas.
De aprobarse, modificaría el artículo 16b de la Ley de Educación. Así, instaría a los centros educativos a adoptar medidas de prevención y protocolos de actuación ante el acoso, incluyendo el motivado por razones de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y este año el Senado aprobó por unanimidad el proyecto en general. Resta que la Comisión de Educación del Senado abra un debate en particular sobre la iniciativa.
En tanto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró en junio de 2024 que las autoridades educativas deben prevenir y abordar el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género como parte de su obligación legal de garantizar a todas las personas el derecho a la educación sin discriminación.
Con respecto de América latina, muchos países adoptaron normativas que contemplan el acoso por alguno/s de estos motivos entre 2013 y 2014, una fecha que coincide con la presencia de gobiernos progresistas en la región.
En Argentina, luego de aprobación en 2013 de la Ley de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad en las Instituciones Educativas, el Consejo Federal de Educación publicó en 2014 la “Guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar”. Esta contiene un apartado sobre la discriminación u hostigamiento por orientación sexual o por identidad de género.
En Bolivia, el artículo 151 del Código Niña, Niño y Adolescente (2014) prohíbe la violencia en el sistema educativo, mencionando expresamente la motivada por razones de identidad de género y orientación sexual. En este sentido, prohibe cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia dentro del sistema educativo y también protege en contra de otros tipos de violencia, como la verbal y cibernética.
Por otra parte, la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes (2014) de México insta a las autoridades educativas a que adopten medidas para prevenir y responder al acoso escolar. Según el artículo 10, las autoridades deben prestar especial atención a las infancias y adolescencias que se encuentren en situación de vulnerabilidad por razones de «preferencia sexual». Además, varios Estados mexicanos, como Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos o Nayarit, adoptaron leyes que protegen contra el acoso escolar por motivos de orientación sexual.
En Colombia, el artículo 4 de la Ley 1620 (2013) creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Y dispuso, así, la creación de mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas aquellas conductas relacionadas con el acoso y la violencia escolar. El artículo 2 detalla que se prohibe la discriminación por motivo de orientación sexual e identidad sexual.
Uruguay fue un país pionero en contemplar las violencias contra el colectivo LGBTI+. En 2004 aprobó la Ley contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. Su artículo 2 prohíbe toda «violencia física y moral» por motivos de orientación sexual e identidad de género en cualquier esfera de la vida pública.
En 2023, la Administración Nacional de Educación Pública impulsó el “Mapa de ruta ante situaciones de violencia ante niños, niñas y adolescentes en la educación inicial y primaria” en el que reconoció que «la violencia de género también se expresa a través de la no aceptación y respeto de la diversidad sexual, discriminación homofóbica y transfóbica; es una modalidad de violencia hacia los [niños, niñas y adolescentes]”.
A su vez, de manera más explícita, los artículos 15 y 16 de la Ley Integral para las Personas Trans (2018) obligan a las autoridades educativas a adoptar medidas para velar por la inclusión de las personas trans.
Más tardíamente, en 2021, Ecuador modificó su Ley Orgánica de Educación Intercultural y definió al acoso sexual como cualquier tipo de agresión u hostigamiento que, entre otras posibles motivaciones, se base en la orientación sexual e identidad de género.
Por más estados con leyes
“Animamos a más Estados a seguir estos prometedores caminos. La mayoría de nosotres trabajamos duro por nuestras familias, sin importar cómo sean”, compartieron Kimberly Frost y Yuri Guaiana, co-secretaries generales de ILGA Mundo.
“Pero hoy en día, unas pocas personas poderosas avivan las divisiones entre nosotres y bloquean el trabajo para garantizar escuelas seguras y acogedoras. Debemos unirnos y abogar por leyes que garanticen que todas las personas jóvenes puedan disfrutar de una educación de alta calidad que les permita perseguir sus sueños, sin excepciones ni obstáculos”, concluyeron.
:::Agustina Ramos para Agencia Presentes:::