A más de dos años de su aprobación unánime, la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en Florencio Varela continúa sin reglamentarse, pese a haber sido presentada como un avance clave en bienestar animal y seguridad vial. Mientras el municipio no publica el marco operativo que permitiría su aplicación, organizaciones proteccionistas y voces políticas advierten sobre el impacto de la demora y la persistencia de prácticas que la propia normativa buscaba transformar.
La Ordenanza Nº 10.336/2023, aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante en abril de 2023, estableció la prohibición de la tracción a sangre animal (TAS) en todo el partido de Florencio Varela. La iniciativa había sido enviada por el intendente Andrés Watson, quien —según comunicó la propia gacetilla municipal del 28/4/2023— impulsó la medida para avanzar “de forma progresiva” hacia la sustitución de carros tirados por caballos por alternativas “laborales, inclusivas, seguras y sustentables”.
La ordenanza, además, se encuadró en el marco de la Ley 14.346, que tipifica el maltrato animal como delito con penas de 15 días a un año de prisión. De acuerdo con lo informado entonces, el Ejecutivo debía elaborar un programa de implementación que contemplara la situación de los recolectores informales, la erradicación del trabajo infantil y la mejora de las condiciones de seguridad vial.
Sin embargo, el texto legal condiciona su plena vigencia a la reglamentación del Poder Ejecutivo, que debía definir los mecanismos, etapas y alcances concretos del reemplazo de la TAS. Según las fuentes citadas y la información disponible, ese paso no ha sido publicado hasta el momento, por lo que la ordenanza continúa sin aplicación práctica. No hay registros oficiales difundidos públicamente que indiquen que el programa haya sido implementado o puesto en marcha.
La exconcejala Marcela Loyola, autora de un proyecto previo sobre la misma temática en 2021, sostiene que la falta de reglamentación es hoy el principal obstáculo. En noviembre de 2025, expresó: “Como autora del proyecto, siento indignación porque a hoy no la reglamentan. Falta voluntad política. Mientras tanto, las ONG y rescatistas trabajamos intentando salvar vidas de caballos destruidas por la TAS”.
La preocupación de organizaciones proteccionistas y voluntarios se apoya en hechos ocurridos en el distrito en distintos años, donde la tracción a sangre estuvo vinculada a situaciones de maltrato o riesgo vial, según información policial difundida públicamente en su momento. Entre los casos registrados, figuran caballos encontrados con sobrecarga, animales en mal estado de salud y episodios donde se intervino por otros delitos, quedando los equinos sin seguimiento posterior informado.
La ordenanza vigente había establecido además zonas de prohibición inmediata, principalmente avenidas y áreas centrales del distrito, con el fin de reducir siniestros y ordenar la circulación. Pero sin reglamentación, no está definido el procedimiento para el retiro de carros, la asistencia a los trabajadores involucrados ni el destino de los animales.
Desde el municipio, al menos en la información pública disponible, no se han comunicado avances posteriores al anuncio inicial de 2023 sobre el programa que debía redactarse. La falta de ese instrumento técnico deja en suspenso tanto la ejecución de la norma como las alternativas laborales proyectadas para los recolectores.
Mientras tanto, la presencia de carros tirados por caballos continúa siendo parte del paisaje cotidiano en varios barrios varelenses. Para quienes impulsaron la medida, esa permanencia refleja una deuda pendiente entre lo aprobado y lo implementado.
En un distrito donde conviven la urgencia social, el trabajo informal y el reclamo histórico de las organizaciones que protegen a los animales, la reglamentación no parece ser solo un trámite administrativo. Para muchos actores implicados, representa el paso necesario para transformar una práctica arraigada que el propio Estado ya definió como incompatible con el bienestar animal y la seguridad vial.
Entonces…
La pregunta del comienzo sigue abierta. ¿Por qué un proyecto impulsado desde el propio Ejecutivo municipal, aprobado por unanimidad hace 31 meses y respaldado en argumentos de bienestar animal, seguridad vial y protección social, continúa sin la reglamentación indispensable para ponerse en marcha?
No hay respuestas oficiales documentadas que expliquen la demora. Lo cierto es que, mientras la reglamentación no exista, la ordenanza permanece en un limbo administrativo: no puede aplicarse plenamente, no puede fiscalizarse y no puede avanzar el proceso progresivo que prometía reemplazar a los carros por alternativas inclusivas y seguras.
En las calles, la tracción a sangre sigue siendo parte del paisaje cotidiano. En los refugios y organizaciones proteccionistas, la demanda por intervenciones estatales crece. Y en el Concejo Deliberante, aquella votación unánime se vuelve un recuerdo que contrasta con la falta de ejecución.
Así, 31 meses después, la misma pregunta vuelve a emerger con más fuerza:
¿por qué una política presentada como prioritaria permanece detenida en el único punto que la vuelve real: su reglamentación?
Hasta que haya una respuesta concreta —o una reglamentación efectiva—, la discusión seguirá abierta. Y los caballos, sufriendo.
