La Comisión de Género y Diversidad del Concejo Deliberante de Florencio Varela quedó formalmente constituida con nuevas autoridades luego de un período en el que no se realizaron reuniones para recibir proyectos, analizarlos ni sostener un diálogo institucional permanente con el Departamento Ejecutivo, la administración pública, organizaciones sociales y la comunidad. La definición se produce tras fuertes cuestionamientos de organizaciones que luchan contra la violencia de género por la falta de tratamiento de iniciativas vinculadas con el tema y que persisten en el distrito.
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Florencio Varela avanzó en las últimas horas con la conformación de sus comisiones de trabajo para el nuevo período legislativo. Entre ellas, quedó oficialmente integrada la Comisión de Género y Diversidad, un espacio clave para el abordaje institucional de las desigualdades estructurales y las violencias basadas en género en el ámbito local.
Según se informó tras la sesión correspondiente, la comisión será presidida por Anabella Burgos, con Laura Ravagni como vicepresidenta, Catalina Acosta en la secretaría, Beatriz Domingorena como vocal I y Marcela Ochs como vocal II.
La conformación se da en un contexto atravesado por cuestionamientos públicos hacia el funcionamiento previo de ese ámbito legislativo. En particular, la organización FATA, que lucha contra la violencia de género, interpeló al Concejo Deliberante por la falta de tratamiento de un proyecto de resolución presentado semanas atrás.
La iniciativa ingresó formalmente el 26 de septiembre, bajo el expediente N.º 29.601/25, y fue girada a la Comisión de Género y Diversidad. Desde el colectivo señalaron que la comisión se reunió por última vez en junio del período legislativo 2025 y que entre junio y diciembre no se llevaron adelante reuniones, ni se trataron problemáticas, temáticas o proyectos vinculados a su competencia, ni se sostuvieron instancias de trabajo sistemático con otras áreas del Estado o con organizaciones del territorio.
Durante la sesión en la que se anunció el ingreso del expediente y su pase a comisión, la única concejala que intentó emitir una consideración sobre el proyecto fue Marcela Ochs. De acuerdo con lo ocurrido en el recinto, la palabra le fue denegada, por lo que no pudo expresarse públicamente sobre la iniciativa en ese momento.
Las críticas se inscriben en un escenario local atravesado por hechos de extrema gravedad. Durante ese mismo período, Florencio Varela fue el municipio sobre el cual se legisla y, al mismo tiempo, el escenario de un triple femicidio que generó una profunda conmoción social. Este contexto fue central en los reclamos de FATA, que cuestionó la ausencia de respuestas políticas visibles frente a una situación de violencia persistente.
El proyecto impulsado por la organización buscaba que el cuerpo legislativo local se pronuncie y actúe frente a lo que definieron como “una grave situación de violencia, femicidios, narcotráfico y asesinatos” que atraviesa el distrito. En un comunicado público, el colectivo remarcó que, pese a la urgencia del contexto, “el proyecto no fue siquiera tratado en comisión”, y advirtió que la falta de abordaje institucional “se vuelve insoportable” frente a la escalada de violencia que vive la comunidad.
“La parálisis de la Comisión de Género también es una forma de violencia, porque niega el debate, la escucha y la acción que nuestra comunidad necesita con urgencia”, expresaron desde el Frente, enmarcando el reclamo dentro de una concepción amplia de la violencia institucional.
La propuesta no se limita a un pronunciamiento simbólico. Según detallaron, solicita medidas concretas, urgentes y sostenidas por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, desde una perspectiva de género, transfeminista y antirracista. En ese marco, desde FATA recordaron que el Estado tiene obligaciones establecidas por la Ley Micaela (N.º 27.499) y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (N.º 26.485), marcos normativos que asignan responsabilidades específicas a funcionarios y funcionarias en la promoción de políticas públicas con enfoque de género.
“La seguridad es un derecho humano fundamental y no puede reducirse a una respuesta policial o a un discurso leído a las corridas en un inicio de sesión parlamentaria”, señalaron. Y agregaron: “Reclamamos políticas públicas concretas, transparentes, comunitarias y con participación real de los territorios”.
El Frente informó además que solicitó formalmente participar como veedoras del tratamiento del expediente, con el objetivo de garantizar la transparencia y el seguimiento del proceso legislativo dentro del HCD.
La reciente conformación de la Comisión de Género y Diversidad abre ahora una nueva etapa institucional. El desafío, coinciden las organizaciones que impulsaron el reclamo, no se agota en la designación de autoridades, sino en el funcionamiento efectivo del espacio: reuniones periódicas, tratamiento de proyectos, producción de consensos y articulación sostenida con el Departamento Ejecutivo, otras áreas del Estado y la sociedad civil.
En un distrito atravesado por violencias persistentes, la ausencia de debate legislativo no es un dato menor. La reactivación de la comisión coloca al Concejo Deliberante ante una responsabilidad concreta y verificable: convertir la agenda de género en políticas públicas discutidas, monitoreadas y sostenidas en el tiempo, porque —como advirtieron desde FATA— cuando las respuestas se postergan, el costo siempre lo paga la comunidad.