Silvia, docente y vecina de Florencio Varela, denunció violencia de género y obtuvo medidas judiciales en septiembre de 2025. Sin embargo, en enero de 2026 relató un nuevo episodio que involucró a su hijo. El caso vuelve a poner en primer plano una pregunta incómoda y urgente: ¿por qué la respuesta del Estado llega siempre después?
El 3 de enero de 2026, en el bajo nivel de la avenida Brasil, en Florencio Varela, se produjo un nuevo hecho de violencia que, según el testimonio de Silvia, involucró a su hijo Ulises, fruto de su vínculo con su expareja, Ariel.
De acuerdo con el relato de la madre, el joven fue interceptado mientras circulaba en bicicleta y se produjo una agresión física. Hubo intervención policial y traslado a una dependencia. Al cierre de esta nota, no existe información pública oficial que permita confirmar el encuadre judicial del episodio ni su evolución procesal.
Para Silvia, el impacto fue devastador.
“Antes que me maten a mi hijo por defenderme, pido ayuda”, expresó con una mezcla de vergüenza, cansancio y desesperación.
Medidas judiciales vigentes que no alcanzaron
El hecho denunciado ocurrió cuando se encontraban vigentes medidas de protección judicial dictadas por el Juzgado de Familia N.º 3 de Florencio Varela, en el marco de la Ley 12.569 de Violencia Familiar.
La resolución, firmada el 2 de septiembre de 2025 y notificada el 7 de septiembre, ordenó —entre otras disposiciones—:
- Prohibición de acercamiento de Ariel hacia Silvia, con un radio de 500 metros respecto de su domicilio.
- Prohibición de hostigamiento por cualquier medio.
- Intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia.
- Vigencia por 180 días, plazo que alcanzaba enero de 2026.
La propia resolución judicial reconoce que, en casos de violencia familiar, no se exige certeza absoluta, sino verosimilitud del derecho y urgencia, precisamente para evitar daños irreparables.
Sin embargo, cuatro meses después, el miedo seguía intacto.
Silvia: docente, madre y víctima
Silvia es docente desde hace más de 20 años, madre y vecina del distrito. Durante tres décadas compartió su vida con quien luego denunció. El hecho inicial de violencia que la llevó a acudir a la Justicia ocurrió en un comercio de la calle San Martín al 3300, cuando estaban solos y cerraban el local.
Desde entonces, su vida se volvió una secuencia de dependencias públicas, informes médicos, turnos, esperas y relatos repetidos.
“Lloré sentada, esperando, contando paso a paso el odio, las humillaciones, la violencia desde el inicio del día”, relató.
Como muchas víctimas, también describe la revictimización institucional:
“Todos te dicen ‘tenés que denunciar’, pero no sabés dónde, cómo. Te hablan con términos que no entendés. Solo sabés que tenés que esperar. Y mientras tanto, tus hijos están solos”.
Cuando denunciar no garantiza protección
El caso expone con crudeza una realidad estructural: la lentitud del sistema judicial frente a la urgencia de la violencia de género. Las medidas existen, se dictan y se notifican. Pero cuando no se controlan ni se refuerzan, pierden su capacidad preventiva.
En el medio, quedan las víctimas.
Madres que temen por sus hijos.
Niños que aprenden a llamar al 911 como si fuera un reflejo cotidiano.
Mujeres que se preguntan si hablar valió la pena.
Silvia lo dice sin eufemismos:
“Hoy pensé que, si sabía todo esto, me hubiese callado para que mis hijos no sufran”.
La red que sostiene cuando el Estado tarda
El único sostén inmediato que Silvia reconoce es el de su entorno: hermanas, amigas, familias de la escuela, vecinos.
“Me asombra la cantidad de gente que me desea el bien”, dice. Y agrega que ese afecto es lo que la mantiene en pie cuando el cansancio se vuelve insoportable.
También inició tratamientos psicológicos y psiquiátricos, junto a su hija, y participa de un grupo de acompañamiento para mujeres en situación de violencia.
La pregunta que nadie responde
El caso de Silvia no es excepcional. Es representativo. Y por eso duele más.
Con medidas dictadas, denuncias realizadas y episodios que se repiten, la pregunta deja de ser retórica y se vuelve urgente:
¿Cuántas denuncias más hacen falta para que la Justicia actúe con la rapidez que la violencia exige?
¿Qué está esperando el sistema: que el daño sea irreversible?
Mientras los tiempos judiciales se estiran, el miedo no espera.
Y cuando una madre pide ayuda pública para proteger a su hijo, el problema ya no es privado: es institucional, social y político.