José Luis Cabezas fue asesinado por hacer visible lo que el poder prefería ocultar. A casi treinta años, su muerte sigue interpelando la relación entre política, negocios y silencio. En 2026, cuando la censura ya no siempre se impone por la fuerza sino por el miedo, la precariedad o la costumbre, el caso vuelve a plantear una pregunta central para el periodismo: qué estamos dispuestos a arriesgar para que el derecho a la información siga siendo un derecho y no una concesión.
José Luis Cabezas tenía 35 años cuando fue secuestrado, torturado y asesinado en la madrugada del 25 de enero de 1997. Trabajaba para la revista Noticias y se encontraba realizando la cobertura de la temporada de verano en Pinamar, una tarea habitual para el medio y para él.
Su cuerpo fue hallado horas después en el paraje Los Manantiales, en las cercanías de General Juan Madariaga, a unos 15 kilómetros de Pinamar. Estaba dentro de un automóvil Ford Fiesta incendiado, vehículo que había sido alquilado por la editorial para la cobertura periodística. La autopsia confirmó que había sido obligado a arrodillarse, con las manos esposadas, y ejecutado de un disparo en la nuca.
El impacto del crimen fue inmediato y masivo. No solo por la violencia del hecho, sino por su evidente vínculo con una investigación periodística de alto poder simbólico.
La foto que incomodó al poder
En 1996, durante el verano anterior a su asesinato, Cabezas logró lo que hasta entonces parecía imposible: obtener y publicar la primera fotografía pública del empresario Alfredo Yabrán, un hombre de enorme influencia económica y política cuyo rostro era desconocido para la opinión pública.
La imagen fue publicada en la tapa de Noticias el 3 de marzo de 1996. El contexto era particularmente sensible: Yabrán había sido señalado públicamente por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, como “jefe de una mafia enquistada en el poder”, durante una sesión especial del Congreso el 23 de agosto de 1995. A partir de esas declaraciones, el empresario se convirtió en objeto de múltiples investigaciones periodísticas sobre presuntos vínculos con estructuras de corrupción política, aunque él rechazaba todo contacto con la prensa.
Cabezas y su colega Gabriel Michi —quien años después presidiría el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)— realizaban coberturas habituales en Pinamar, ciudad donde veraneaban figuras del espectáculo, la política y el empresariado, y donde Yabrán tenía residencia y negocios.
El valor periodístico de la imagen fue reconocido dentro y fuera del medio. Hugo Ropero, entonces jefe de Fotografía de Noticias, recordó años más tarde en declaraciones a Infobae la llamada de Cabezas tras obtener la foto, marcada por la emoción y la conciencia de haber logrado una primicia de alto impacto público.
Investigación y condenas judiciales
El proceso judicial avanzó lentamente. Recién el 2 de febrero del año 2000, en un juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua varios de los responsables materiales y logísticos del crimen.
Recibieron esa pena cuatro integrantes de la banda conocida como “Los Horneros”, de La Plata: Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana. También fueron condenados Gustavo Prellezo, policía señalado como autor material del asesinato, y Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Alfredo Yabrán.
Con el paso de los años, sin embargo, las condenas fueron revisadas y modificadas por instancias superiores. Ninguno de los condenados cumplió la pena de prisión perpetua en su totalidad. En algunos casos, se otorgaron beneficios como la libertad condicional, aunque posteriormente esta fue revocada para Auge, González y Braga por incumplimientos en los términos establecidos, según consta en resoluciones judiciales.
Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo, expresó en declaraciones recogidas por Perfil.com que el fallo original había sido “ejemplar”, pero que las revisiones posteriores desdibujaron el sentido de justicia que el caso requería.
El rol de Yabrán y un proceso inconcluso
Alfredo Yabrán fue acusado por la Justicia como presunto autor intelectual del crimen. Sin embargo, nunca llegó a ser juzgado. En mayo de 1998, el empresario se suicidó antes de ser detenido, lo que dejó inconclusa una parte central del proceso judicial y del esclarecimiento completo de las responsabilidades.
Desde entonces, el caso quedó marcado por esa ausencia: la imposibilidad de un juicio que analizara en profundidad el entramado de poder detrás del asesinato.
Libertad de expresión y memoria activa
José Luis Cabezas fue asesinado por ejercer su oficio. Su muerte se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de expresión y el derecho a la información en la Argentina. Cada 25 de enero, organizaciones de prensa, sindicatos, medios de comunicación y espacios de derechos humanos recuerdan su figura y renuevan el reclamo de justicia.
A casi 29 años, el caso sigue planteando preguntas incómodas sobre los límites del poder, la protección de quienes investigan y la capacidad del Estado para garantizar que los crímenes contra periodistas no queden impunes.
Cabezas murió por comunicar. Su historia persiste no solo como memoria, sino como advertencia y compromiso: sin periodismo libre, el derecho a la información se vuelve una promesa vacía.