En el complejo escenario social que atraviesa la Argentina, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad emerge periódicamente como una suerte de termómetro del malestar social. Ante el avance de la inseguridad y la visibilidad de delitos cometidos por menores, la respuesta punitiva se presenta ante la opinión pública con una seductora simplicidad: si el Estado no puede proteger, debe, al menos, castigar más temprano. Sin embargo, un análisis riguroso de la realidad sociopolítica y de la evidencia técnica acumulada permite advertir que esta propuesta no constituye una solución, sino más bien un parche legislativo que elude las causas profundas de la violencia y la exclusión.
Abordar la baja de la imputabilidad requiere, en primera instancia, despojar al debate de consignas electoralistas, populistas o coyunturales para situarlo en el terreno de la política criminal efectiva. La inseguridad es un problema real, agobiante y doloroso que afecta mayoritariamente a los sectores más postergados, quienes conviven diariamente con el delito. No obstante, la pretensión de resolver este fenómeno mediante el descenso de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 o 13 años choca contra una pared de datos empíricos. La evidencia internacional y nacional es taxativa: la participación de menores de 16 años en delitos graves, especialmente en homicidios, es estadísticamente marginal en comparación con el universo delictivo total. Por lo tanto, centrar el esfuerzo estatal en este segmento no sólo es desproporcionado, sino que resulta ineficaz para alterar los índices de criminalidad general.
Esta insistencia en el endurecimiento punitivo suele sustentarse en una narrativa de demonización de los sectores populares, que funciona como un mecanismo de justificación para el asedio a los barrios más vulnerables. Bajo esta lógica, la pobreza deja de ser una condición socioeconómica para ser leída como un rasgo de peligrosidad intrínseca, desplazando la responsabilidad del Estado hacia el individuo. Esta construcción discursiva no busca comprender el fenómeno delictivo, sino segregar: al retratar al joven de barrio como un enemigo social, se legitima el abandono de las políticas de promoción y se habilita un punitivismo selectivo que ensaña su rigor con los más pobres. No se trata aquí de romantizar la pobreza, sino de advertir que la estigmatización sistemática opera como una cortina de humo que oculta la ausencia de soluciones estructurales y profundiza la fractura del tejido social.
La raíz del problema reside en una preocupante confusión entre la necesidad de un nuevo régimen penal juvenil y la mera reducción de la edad de castigo. Argentina debe, efectivamente, actualizar su normativa; el sistema vigente (un decreto-ley de la última dictadura militar) es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño y con los estándares internacionales de derechos humanos. Necesitamos una justicia especializada que garantice el debido proceso para los jóvenes, pero esa especialización no debe entenderse como una puerta de entrada más temprana al sistema carcelario. La verdadera reforma penal juvenil debería ser una herramienta de responsabilización, donde el joven comprenda la gravedad de su acto y se vea compelido a repararlo, pero siempre dentro de un marco que priorice la reinserción y no la estigmatización definitiva.
Desde una perspectiva humanista y social, voces como las de la Iglesia y diversas instituciones académicas han advertido sobre la dimensión ética de este debate. Resulta una contradicción sistémica que un Estado que fracasa en garantizar la alimentación, la escolarización y el acceso a la salud mental de sus jóvenes, pretenda ser hiper-eficiente al momento de aplicar la fuerza punitiva. Como bien ha señalado la Pastoral Social, el castigo temprano es, en muchos sentidos, la firma de una derrota estatal. Significa que todos los mecanismos de prevención, contención y promoción fallaron. Bajar la edad de imputabilidad es la respuesta de un Estado que llega tarde, que solo se hace presente cuando el conflicto ya ha estallado y la trayectoria de vida del adolescente ya ha sido cooptada por redes de marginalidad o consumo problemático.
Es imposible disociar el fenómeno del delito juvenil del contexto de semiesclavitud y falta de horizontes laborales que asfixia a las nuevas generaciones. Para muchos jóvenes de sectores populares, el mercado de trabajo no ofrece dignidad, sino la crudeza de la precarización extrema, con jornadas agotadoras y remuneraciones que ni siquiera cubren las necesidades básicas. Cuando la única perspectiva de inserción social es el empleo precario y sin derechos, el delito se presenta no como una elección moral, sino como una alternativa trágica ante la falta de oportunidades reales de ascenso. El trabajo digno ha dejado de ser el gran articulador social, y en su lugar ha quedado un vacío que las estructuras criminales ocupan con eficacia. Mientras el Estado no sea capaz de garantizar un proyecto de vida basado en el empleo genuino y el estudio, el castigo penal seguirá siendo un intento fútil de contener una marea que nace de la injusticia material.
El factor del consumo problemático es, quizás, uno de los puntos más ignorados en la retórica de la «mano dura». Gran parte de los delitos cometidos por adolescentes están íntimamente ligados a la desesperación del consumo y a la falta de dispositivos de salud mental. En este contexto, la cárcel no actúa como un espacio de resocialización, sino como un acelerador de la carrera delictiva. Introducir a un niño de 14 años en el sistema penitenciario actual (hacinado, violento y carente de programas educativos serios) es condenarlo a un entorno donde el delito deja de ser un acto circunstancial para convertirse en un modo de supervivencia y una identidad. La cárcel, lejos de ser la solución, termina operando como un «postgrado» de criminalidad que luego la sociedad volverá a padecer con mayor violencia.
Por otro lado, el endurecimiento de las penas no tiene un efecto disuasorio demostrado en menores de edad. A diferencia del adulto que realiza un cálculo de costo-beneficio basado en la pena probable, el adolescente en situación de vulnerabilidad opera bajo lógicas de impulsividad, presión de grupo y una percepción del futuro absolutamente nula. Para quien vive en la inmediatez de la carencia, la amenaza de una pena de prisión a diez años no funciona como un freno. Por el contrario, lo que sí ha demostrado reducir la criminalidad juvenil son las políticas de cercanía: el fortalecimiento de los clubes de barrio, la escuela de jornada extendida, los talleres de oficios y, fundamentalmente, la presencia de adultos referentes que puedan ofrecer una alternativa de vida frente al reclutamiento de las bandas delictivas.
Es imperativo entender que la seguridad y los derechos de la niñez no son objetivos contrapuestos, sino dos caras de la misma moneda. Una sociedad es más segura no cuando encierra a más niños, sino cuando logra que menos niños tengan razones o incentivos para delinquir. Las propuestas que hoy circulan en el Congreso suelen presentarse como «integrales», pero terminan agotándose en el cambio de un número en el Código Penal. Esta visión reduccionista ignora que la inseguridad es un fenómeno multicausal que requiere intervenciones en el mercado de armas, el control del narcotráfico y la transparencia de las propias fuerzas de seguridad, elementos que tienen un impacto muchísimo mayor en la tasa de criminalidad que la edad de un adolescente en un barrio periférico.
Al analizar la experiencia comparada en América Latina, observamos que países que han optado por el endurecimiento de sus leyes juveniles no han logrado revertir sus crisis de seguridad. Por el contrario, han generado una población carcelaria joven cada vez más numerosa y resentida, que al recuperar la libertad (porque tarde o temprano la recuperan) carece de cualquier herramienta para integrarse a la economía formal. Estamos, pues, ante una política que prioriza la satisfacción inmediata de un reclamo social por sobre la construcción de una seguridad sostenible en el tiempo.
En definitiva, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad debe ser elevada. No podemos permitir que la urgencia de la coyuntura nos empuje a soluciones simplistas que solo sirven para «parchar» el problema sin resolverlo. El desafío para la política argentina no es encontrar la manera de encerrar a los jóvenes más rápido, sino diseñar una arquitectura institucional que rescate a la juventud de la marginalidad antes de que el delito sea la única salida. Una política criminal seria debe ser, ante todo, una política de prevención social. Mientras el debate siga centrado en el castigo y no en la construcción de futuro, seguiremos atrapados en un ciclo de violencia donde el Estado solo aparece para certificar el fracaso de su propia sociedad. Si no construimos una política eficiente, sólo lograremos que las estructuras criminales busquen niños cada vez más jóvenes para delinquir.
;;;Matías Mora Caceres para ANRed:::