A más de un año del primer ofrecimiento de recompensa y tras la caída de viejos prófugos en las calles de Florencio Varela, Joaquín Sebastián Lencina continúa libre pese a su condena por abuso sexual. Entre boletines oficiales que le ponen precio a la justicia y un Estado que delega en el azar la captura de los culpables, las sobrevivientes enfrentan un encierro de facto donde la impunidad prolonga el trauma y subvierte el sentido mismo de la reparación.
En el mapa del conurbano bonaerense, Florencio Varela funciona a menudo como un territorio de fronteras difusas donde el tiempo de la justicia transcurre a una velocidad distinta a la del dolor. El pasado 24 de agosto de 2026, la captura de Alberto Martín Del Valle —quien permaneció casi 15 años prófugo tras abusar de su hijastra de 11 años y dejarla embarazada— fue celebrada en el distrito como un triunfo de la persistencia comunitaria y policial. El Ministerio de Seguridad provincial había fijado por él una recompensa de 10 millones de pesos. Sin embargo, la resolución de un caso de más de una década no hizo más que reavivar una pregunta incómoda que circula por las calles de Gobernador Costa y en las redes de los diarios locales: ¿por qué Joaquín Sebastián Lencina sigue libre?
Lencina no es un enigma abstracto. Tiene 30 años, nació el 7 de diciembre de 1995, es hijo de Irma y Ramón, y su último domicilio registrado figura en la calle 556 de Gobernador Julio A. Costa. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela lo condenó a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal. Pese a contar con una sentencia firme y un legajo judicial claro en la UFI y Juicio N° 3 descentralizada —a cargo de la causa IPP N° 13-02-21940-21—, Lencina logró desvanecerse en la trama urbana.
El Estado ha intentado monetizar su búsqueda. En septiembre de 2025, el Boletín Informativo N° 67 de la cartera de Seguridad ofreció entre 2,5 y 5 millones de pesos por datos sobre su paradero. Diez meses después, el 28 de julio de 2026, la resolución publicada en el Boletín N° 51 elevó la cifra a un tope de 10 millones de pesos. Pero la escalada inflacionaria de las recompensas oficiales expone una paradoja estructural: la transformación de la seguridad pública en una subasta de datos fehacientes, donde la capacidad investigativa del aparato estatal queda subordinada a la eventualidad de una delación motivada por la necesidad económica.
La «Inversión de la Pena»: Vivir bajo la amenaza incógnita
La permanencia de un agresor sexual en la clandestinidad desarma el sentido común que reduce la violencia a un episodio puntual del pasado. Cuando el perpetrador se encuentra prófugo, la agresión deja de ser un evento circunscrito al pasado para convertirse en un proceso activo de victimización continua.
En términos de las teorías de género desarrolladas por autoras como la política, académica, antropóloga e investigadora mexicana, Marcela Lagarde, la fuga exitosa del condenado opera como una ratificación simbólica de su poder. El mensaje que transmite el sistema institucional es devastador: aun tras atravesar las etapas del proceso penal y obtener una condena, el agresor conserva la capacidad de condicionar las rutinas, la movilidad y las decisiones de la sobreviviente a distancia.
Se produce así el fenómeno clínico y social denominado la inversión de la pena. Mientras Joaquín Sebastián Lencina goza de la libertad de movimiento en la clandestinidad de las calles, la víctima experimenta una restricción de facto de su libertad. Muchas veces, para salvaguardar su integridad, las sobrevivientes se ven empujadas a alterar drásticamente sus vidas: abandonar sus puestos de trabajo o espacios educativos, modificar sus itinerarios diarios, aislarse de sus redes comunitarias e incluso recurrir al desplazamiento forzado o cambio de domicilio.
Desde la perspectiva clínica expuesta por el psicólogo clínico español y catedrático emérito de la Universidad del País Vasco, Enrique Echeburúa, y los marcos teóricos sobre la psicología del trauma, la recuperación psíquica exige como condición objetiva indispensable la restitución de la seguridad física y del control sobre la propia vida. La condición de prófugo anula esa seguridad. Surge entonces el llamado sesgo de amenaza incógnita: ante la incertidumbre sobre la ubicación exacta del prófugo, cualquier espacio público —un colectivo en Avenida San Martín, una esquina del Cruce Varela, la puerta de la propia vivienda— podría ser percibido como un escenario de peligro inminente. La activación del sistema nervioso simpático se vuelve crónica, derivando en un Cuadro de Estrés Postraumático (TEPT) severo caracterizado por hipervigilancia, insomnio, ataques de pánico y agorafobia.
La desesperanza aprendida y la grieta del pacto social
La ineficacia del aparato policial y judicial para efectivizar la captura de condenas firmes genera un impacto devastador en la relación entre la ciudadanía y el Estado. Aplicando la formulación del psicólogo, educador y escritor estadounidense Martin Seligman, la parálisis institucional induce en la víctima un estado de desesperanza aprendida. Tras haber cumplido con el mandato social de denunciar, prestar testimonio y someterse a pericias, la constatación de que el agresor sigue libre genera la convicción de que las propias acciones son impotentes para modificar el estado de vulnerabilidad.
Esta parálisis constituye una forma de violencia institucional secundaria (Carlos Martin Beristain, doctor en Psicología y un veterano investigador de las violaciones de derechos humanos en América Latina). La falta de captura es procesada como una invalidación social del sufrimiento experimentado, quebrando la confianza básica en el pacto social y sumiendo a la víctima en el aislamiento y la alienación.
Frente a este escenario, la política pública de fijar montos millonarios en el Boletín Oficial resulta insuficiente si no va acompañada de inteligencia criminal concreta y voluntad política de persecución en el territorio. Como han expresado las comunidades locales en debates sobre estas medidas, cabe preguntarse si las recompensas económicas realmente aceleran la captura o si funcionan como una cortina de humo mediática para disimular la falta de herramientas técnicas y operativas en los distritos periféricos.
¿Qué justicia reclaman las sobrevivientes?
En su obra Verdad y Reparación (2023), la psiquiatra estadounidense, investigadora, pionera, profesora Judith Herman sistematizó las demandas de justicia expresadas por sobrevivientes de violencia de género. Contrario al mito punitivista que asume que las víctimas buscan primordialmente el castigo o la venganza, las investigaciones demuestran que las prioridades de quienes han sufrido agresiones sexuales se centran en tres ejes fundamentales: reconocimiento comunitario, desactivación de la vergüenza y contención del agresor.
Las sobrevivientes reclaman que la comunidad y las instituciones reconozcan los hechos de manera categórica, retirando el estigma y la vergüenza de los hombros de la víctima para depositarla en el perpetrador. Exigen, además, que el Estado garantice las medidas de restricción y contención necesarias para evitar que el agresor vuelva a dañar a otras personas.
En el caso de Joaquín Sebastián Lencina, la justicia decretada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Varela quedó a mitad de camino. Existe una sentencia en los papeles, pero no hay reparación posible mientras la amenaza podría seguir caminando por las mismas calles en las que se cometió el delito. La moneda de cambio de una recompensa de 10 millones de pesos no sustituye la obligación primaria del Estado de garantizar la seguridad objetiva y la libertad de quienes sobrevivieron.
El imperativo del 29 de octubre de 2026
Hoy, 29 de octubre de 2026, la pregunta que recorre las fiscalías de la Avenida Presidente Perón y las barriadas de Florencio Varela no es únicamente cuánto dinero se necesita para que suene una llamada anónima. La pregunta de fondo interpela la legitimidad del sistema democrático: ¿cuánto tiempo más permitiremos que las víctimas de violencia sexual vivan confinadas por el miedo, mientras sus agresores condenados disfrutan de la impunidad de la clandestinidad?
La verdadera reparación no llegará con el cobro de un cheque de recompensa, sino con el restablecimiento de un orden donde la libertad pertenezca a las sobrevivientes y la restricción a quienes han sido condenados por la justicia. Hasta que Lencina no rinda cuentas y cumpla su condena efectiva, en Florencio Varela el pacto de protección social continuará roto.