Marcelo Gustavo Ruiz está condenado por haber abusado sexualmente de su hija Paloma en, al menos, cuatro ocasiones. Atravesó un juicio por jurados que lo sentenció a 18 años de prisión en mayo de 2023, pero dos años más tarde sigue libre, viviendo en la misma ciudad que Paloma y su madre y amenazándolas cuando puede. Sus abogados defensores llevan todo este tiempo apelando la pena y, mientras la Justicia se toma su tiempo para dejar la sentencia firme, el juez Eugenio Casas se niega continuamente a dictar prisión preventiva.
“La primera denuncia la hacemos en enero en enero del 2020”, recuerda Luciana, madre de Paloma, y reconstruye que “fueron cuatro hechos de abuso sexual: dos veces a los 11 años (de Paloma) y dos veces a los 15”. Vive con su hija en Bahía Blanca y el miedo es una constante mientras el agresor sigue libre, con apenas una prohibición de salida del país. “Se puede mover tranquilo por Argentina, no le dieron ni una tobillera para que no salga de la casa. Lo cruzamos y se nos caga de risa, nos dice de todo”, explica la mujer.
Hasta ahora, Ruiz nunca estuvo preso, pese a que se lo haya declarado culpable y ya haya una pena establecida desde 2023. El primero en considerar que no había por qué encarcelar a un hombre imputado por violación fue el juez Guillermo Mércuri antes de que saliera la condena, argumentando que el agresor “se había presentado a todas las audiencias” y que, por lo tanto, no existía peligro de fuga. En junio, al mes siguiente de que Ruiz fuera declarado culpable, el juez Eugenio Casas siguió los pasos de Mércuri y también rechazó el pedido de la querella para que lo encarcelaran: según su lógica, si llegó libre al juicio tendría que esperar a la sentencia firme también en libertad.
Imágenes del juez y de la persona declarada culpable
Pero la sentencia firme no llega y Paloma y su madre viven intranquilas desde hace dos años o más aún, porque el tormento comenzó mucho antes. Insistieron varias veces más en su reclamo y continúan haciéndolo, pero hasta ahora la Justicia se negó a detener a Ruiz, en total, cinco veces. Mientras tanto, el violador sigue agotando instancias de apelación, aunque en cada una de ellas su pena fue ratificada. Luciana teme que el agresor de su hija siga estirando su impunidad, no sólo por lo mucho que la situación empeora su calidad de vida sino también porque, de seguir así, no pasará mucho tiempo hasta que Ruiz pueda pedir domiciliaria.
“Yo quiero que pague, porque ya el tipo tiene 63 años. Entonces, si seguimos así, va a pedir prisión domiciliaria”, expresa y advierte, además, que lo que está pasando es lisa y llanamente que en Bahía Blanca hay un violador suelto. “Va a seguir violando”, alerta Luciana y asegura haber tenido contacto con otra mujer a quien Ruiz también agredió en el pasado, pero que no se animó a denunciarlo penalmente.
Para Paloma, es imposible terminar de rehacer su vida mientras la Justicia la revictimiza, garantizando que Ruiz continúe paseándose por la misma ciudad donde ella vive. El agresor sigue trabajando y encontró, además, un grupo de pertenencia en una iglesia evangélica. “Cuando nosotras fuimos a hacerle un escrache, a repartir folletos a la gente que entraba en esa iglesia para advertirles que había un violador, el mismo pastor me dijo en la cara ‘se puede curar’”, recuerda Luciana.
Los motivos que esgrime la Justicia dejan mucho lugar a dudas y disparan preguntas sobre posibles maniobras de corrupción. A casi dos años de la condena, los argumentos del juez Casas se quedan cortos, porque por mucho que se haya presentado a todas las audiencias Ruiz no deja de ser un agresor de hecho y potencial, ni de ser un peligro para Paloma y otras mujeres.
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Luciana participará de la marcha convocada en Bahía Blanca y llevará carteles con la cara del agresor de su hija. También estarán allí las Madres Protectoras, el colectivo de mujeres que defienden a sus hijos e hijas víctimas de abuso sexual. A su situación, siempre acuciante por la impunidad y revictimización que suele caracterizar a estos casos, se suma un contexto político que propicia el descreimiento sobre las denunciantes y sus acompañantes, con proyectos de ley como los de Lilia Lemoine y Carolina Losada que pretenden castigar las supuestas “falsas denuncias”.
Es el mismo contexto en que avanzan los intentos por instalar y legitimar el falso “Síndrome de Alienación Parental” (SAP), una estrategia de los abusadores consistente en esgrimir que las denuncias sobre abuso sexual en la infancia provienen de “mentiras” instaladas por las madres de las víctimas; y el mismo escenario en que el propio presidente y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desprecian las herramientas legales para condenar la violencia específica contra las mujeres.
“Quiero que mi hija empiece a sanar las heridas de este monstruo, y ella no va a empezar a sanar hasta que él esté preso”, reclama Luciana antes de resaltar la importancia de la difusión en esta clase de situaciones: “Necesitamos que se visibilice que dejaron a un violador suelto”.
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