A las cinco de la mañana, antes de que aclarara el día, el terror ya había llegado al celular de cada familia de los estudiantes varelenses. “Hay un tirador”. “Hay una bomba”. Madres y padres que deciden no mandar a sus hijos. Docentes que se convierten en escudo humano. Chicos evacuados con la mochila y el pánico a cuestas. En Florencio Varela, como en tantas escuelas del país, la educación duele. Duele en el estómago de los pibes, que ya no saben si mañana podrán volver. Duele en el alma de una sociedad que ve cómo el último lugar seguro de los pibes se convierte en campo de batalla del miedo.
Eran las cinco de la mañana y el cielo de Florencio Varela todavía no había aclarado cuando las pantallas de los celulares empezaron a iluminarse. Capturas de pantalla, audios de WhatsApp, videos borrosos: un posible tirador activo en el Instituto Santa Lucía. El rumor corrió más rápido que la luz del día. Muchos padres decidieron directamente no enviar a sus hijos al colegio. Otros, los que sí lo hicieron, los acompañaron hasta la entrada y se quedaron allí, esperando no solo la certeza de que habían entrado a salvo, sino también que alguna autoridad les ofreciera una palabra de calma.
Adentro, cuando faltaban pocos minutos para las ocho, los estudiantes estaban reunidos en el gimnasio. Los docentes formaron una ronda alrededor de ellos, como un escudo humano improvisado, cuerpos tensos que intentaban contener el miedo colectivo. Veinte minutos antes de las ocho, el establecimiento fue evacuado. Los chicos salieron en grupo, con la misma incertidumbre con la que habían llegado.
No era la primera vez que los evacuaban.
Ese mismo 17 de abril, la amenaza se repitió en la E.E.S. Nº 40; esta vez era un supuesto explosivo. En minutos, los pasillos se vaciaron. Los pibes salieron en fila, mochilas al hombro, algunos con risas nerviosas, otros con la mirada perdida en el suelo. Afuera, madres y padres llegaban corriendo y abrazaban a sus hijos como si acabaran de rescatarlos de un incendio. El día anterior, la E.E.S. Nº 7 había vivido la misma escena: otra amenaza de bomba, otra evacuación que interrumpió la rutina y dejó un sabor amargo de vulnerabilidad.
En febrero, las escuelas de Varela ya habían sido atacadas de otra forma: incendios, destrozos, robos. La Primaria Nº 67 perdió aulas. La Secundaria Homero Manzi amaneció sin ventanas ni estufas. Miles de chicos afectados antes siquiera de empezar las clases.
Pero esto no es de ahora: ya en abril de 2025, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a cargo —en ese momento— de Alberto Sileoni, difundió una carta abierta a la comunidad educativa. En ella reconoció que el sistema “no es indiferente” ante los hechos de violencia social con adolescentes y niños como protagonistas y las escuelas como escenario. Propuso una “pausa” para analizar las problemáticas que atraviesan la sociedad, las familias y la construcción de lazos en las infancias y juventudes.
La carta reafirmó el rol del Estado para sostener los consensos de convivencia y destacó que “la escuela no es una institución neutral” frente a la agresión, la violencia y el desvínculo. Rechazó el “mero punitivismo” —“castigar no es la única forma de educar”— y llamó a redoblar esfuerzos para garantizar el resguardo de docentes y auxiliares. Invocó a Paulo Freire para cerrar: “la paz se crea y se construye con la edificación incesante de la justicia”, y recordó que la escuela debe ser “un territorio de paz, el encuentro y el respeto”.
Sin embargo, un año después, en las calles de Florencio Varela, el miedo sigue marcando el ritmo de las mañanas escolares. Las palabras institucionales suenan lejanas cuando el escudo humano lo forman los propios docentes y el refugio se convierte en evacuación.
Lo que está pasando en Varela no es solo “una ola de bromas pesadas”. Es una violación sistemática del derecho a la educación. La Convención sobre los Derechos del Niño es clara: los Estados deben garantizar que niños y adolescentes aprendan en condiciones de igualdad y seguridad. ¿Qué igualdad hay cuando un pibe tiene que elegir entre ir al colegio y sentir que su vida corre riesgo? ¿Qué derecho a la salud mental se respeta cuando el trauma se convierte en rutina?
Los chicos lo cuentan mejor que cualquier funcionario. “Mi mamá me dijo que hoy mejor no vaya”, dice una alumna de segundo año de la E.E.S. Otra madre, frente al portón del Santa Lucía, resume el sentimiento colectivo: “Nosotros crecimos pensando que la escuela era el lugar más seguro”.
Esta no es una crisis solo de Varela. Es nacional. Las amenazas de bomba, de tirador activo y los mensajes en los baños se multiplican, muchas impulsadas por “retos” virales. Mientras desde las oficinas se proponen “pausas reflexivas”, los pibes de Florencio Varela siguen pagando el precio más alto: faltan a clase, pierden horas irrecuperables de aprendizaje y cargan en el cuerpo un miedo profundo que ningún protocolo logra evacuar del todo. Un terror silencioso que se les queda pegado en el pecho y les roba, día tras día, la certeza de que la escuela puede ser un lugar seguro.
La violencia escolar no empieza con una llamada anónima. Empieza cuando el Estado no garantiza infraestructura digna y segura, cuando las familias viven en la precariedad y cuando las redes se convierten en el patio de la crueldad sin límites reales. Los protocolos y las cartas salvan el momento, pero no reconstruyen la confianza ni edifican esa justicia freireana que se invoca.
En Varela, un distrito que creció entre barrios populares y sueños de progreso, las escuelas siempre fueron el último refugio. Hoy se las pone en duda. Los pibes no solo pierden horas de clase. Pierden la certeza de que el mañana puede ser mejor. Y eso, en términos de derechos humanos, se llama vulneración del desarrollo pleno.
Hace falta más que evacuaciones, operativos y cartas abiertas: inversión real en prevención, programas de salud mental escolar, educación digital responsable, fortalecimiento de los lazos comunitarios y, sobre todo, escuchar a los chicos como ciudadanos plenos cuyo derecho a aprender está siendo pisoteado.
Hasta que eso ocurra, cada amenaza será una derrota colectiva. Cada mañana de pánico, un recordatorio de que la escuela pública duele. Y los que más sangran son los que menos culpa tienen: los pibes que solo querían ir a clase.