Argentina, una zona franca de agrotóxicos
El gobierno anunció dos veces lo mismo: que iba a eliminar aranceles e impuestos para la importación de herbicidas y otros productos químicos con el fin de “favorecer al agro”. Un beneficio que concentrará más a ese sector, aumentará el drama social que generan las fumigaciones y seguirá despoblando al campo. Las respuestas desde los pueblos fumigados y de los pequeños y medianos productores.
Manuel Adorni, el vocero de un gobierno nacido y criado en Twitter, publicó el 4 de mayo en esa red social: “La siembra (como cada actividad en la Argentina) será cada vez más competitiva”. En ese breve texto, el vocero presidencial anunció que varios de los agrotóxicos más usados en los campos argentinos –que generan enfermedades, muertes y motivaron denuncias por el daño causado ante organismos internacionales– iban a bajar sus aranceles de importación: los fertilizantes se reducirían a cero (actualmente oscilan entre el 3,6% y el 6%) y los “herbicidas a base de glifosato, atrazina y 2-4D pasan del 35% al 12,6%, la atrazina primaria desciende del 24% al 10,8% y los herbicidas a base de 2-4D en sal bajan del 35% al 12,6%”.
El anuncio, en rigor, no era ninguna novedad. Casi un mes antes, el ministro de Economía Luis Caputo había dicho lo mismo: “Durante el mes de abril vamos a estar tomando las siguientes medidas para favorecer al agro: baja de aranceles de herbicidas y mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa”. Hay diferentes lecturas de por qué eso no ocurrió: desde fallas administrativas y de gestión hasta una demora deliberada para contrarrestar la especulación en la liquidación de granos por parte de las entidades del agronegocio.
Lo cierto es que la cosecha gruesa de soja no se reflejaba en las cuentas y el Gobierno, que necesitaba esos dólares, envió al vocero presidencial a repetir las medidas, relativizadas y hasta ninguneadas por distintos referentes en La Nación, la tribuna comunicacional y de doctrina de lo que usualmente llamamos “el campo”.
Como cada participación de Adorni o de Javier Milei, un presidente que deja anonadado a medios internacionales como Time porque en un día es capaz de retuitear o likear 366 publicaciones, el tuit recibió cientos de respuestas, desde elogios hasta cuestionamientos, aunque hubo una que sobresalía por lo corta y potente:
Mi papá tiene parkinson gracias a ese maldito herbicida: atrazina
Lo escribió Camila Lomonaco. Su historia es la de miles:
El papá de Camila se llama Roberto Luis Lomonaco, vive en Rojas -una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires con más hectáreas sembradas con soja y maíz- y padece un parkinson avanzado. “Está comprobado que su enfermedad se originó en los intestinos por la ingesta de agroquímicos en alimentos y a través del agua”, le dice Camila a Cítrica.
Los productores de Rojas, ahora, tendrán facilidades para comprar la atrazina, el glifosato y el 2-4D, mientras que el riesgo a enfermarse de su población crecerá de manera exponencial.
La Frontera Avanza
Que la siembra sea cada vez más competitiva tiene una traducción doble: por un lado, la frontera agrícola seguirá extendiéndose y abarcando territorios inusuales para ese tipo de cultivos, como ocurre con la destrucción de montes nativos en Chaco, Santiago del Estero o Salta, o yerbales de Corrientes o Misiones; por el otro, la concentración y ganancia seguirá concentrándose en los pooles de siembra más poderosos del agronegocio, como Los Grobo (de la familia Grobocopatel, que produce en 256 mil hectáreas entre propias y alquiladas), Adecoagro (210 mil hectáreas), Cresud (propiedad de IRSA de Eduardo Elsztain, con 130 mil hectáreas en Argentina y más de 500 mil en Brasil, Bolivia y Paraguay), Cazenave y Asociados (50 mil hectáreas), Man Agro (siembra más de 60 mil hectáreas y trabaja 100% en campos alquilados) o Grupo Río Seco (65 mil hectáreas en el norte cordobés).
Para Ricardo Garzia, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), un desprendimiento de la Federación Agraria que ahora conforma la Mesa Agroalimentaria Argentina, el anuncio del Gobierno representó dos mensajes: un guiño a los grandes pooles para que aumenten su rentabilidad, lo que implica –casi directamente– otro golpe que refuerza el despoblamiento del campo argentino. Y, con la quita o baja de aranceles, un condicionamiento a fabricantes nacionales que cartelizan y cobran lo que quieren. Garzia se refiere al “principio activo”, que es otra manera de llamar, por ejemplo, a la “atrazina primaria”. “En los bidones de 20 litros, hay un 48 o 66% de principio activo. Lo demás se completa con otros elementos”, explica. Esas sustancias -el glifosato o la atrazina- son las que se importan para que luego laboratorios usen como base para crear el producto final.
Garzia entiende algo: las decisiones de Gobierno -de éste pero también de todos los anteriores- buscan impactar en la cantidad de toneladas y en el ingreso de divisas, pero nunca buscan impactar en la cantidad de personas que habitan el territorio y que aseguran su permanencia y arraigo. De esta manera, las resoluciones sobre retenciones, aranceles e impuestos nunca persiguen una estrategia sustentable, como podría ser repoblar el campo argentino, sino tapar las urgencias dolarizadas de un país degradado.
“Si dejamos de luchar, las futuras generaciones morirán envenenadas”
“Toman decisiones que promueven la concentración de la tierra y el desarraigo”, dice Garzia. “Milei encima es un negacionista de la crisis climática y un promotor de los monopolios -agrega-. En ese sentido, no es extraño que favorezca la extensión de monocultivos que horadan y contaminan el suelo, a las poblaciones cercanas y rompen los ecosistemas.
Garzia distingue los dos modelos que hay en disputa: “Una producción es extractiva y no tiene consideración sobre el recurso natural, la otra es amigable con su entorno. A una le importa más el producto, a nosotros nos importa más el productor y su familia”. Lo humano en el centro. Algo que, sobre todo a esta gestión, no pareciera importarle.
Quizás por eso la MAA se autodefine como “El Otro Campo”. El campo de pequeñas extensiones de territorio, donde se produce y se vive. El campo de la Agricultura Familiar (AF) que comprende una heterogeneidad de actores e identidades: campesinas y campesinos, chacareras y chacareros, comunidades de pueblos originarios, pescadores artesanales, trabajadoras y trabajadores rurales sin tierra, colonos, agricultoras y agricultores familiares –muchos de ellos asociados en cooperativas– productores y productoras minifundistas, artesanas y artesanos, agricultoras y agricultores periurbanos, entre otros.
Es el campo que el mismo Estado argentino –a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación– definió como “el principal proveedor de alimentos de la población argentina, por aportar aproximadamente el 70 por ciento de la dieta diaria de consumo de alimentos”.
Ese campo que aporta alimentos para humanos y no para cerdos de China está sintetizado en FECOFE, que agrupa a cooperativas de yerba en Misiones; de cítricos, arroz, carne ovina y miel en Entre Ríos; de lácteos (dulce de leche, quesos, leche en polvo) en Córdoba y Santa Fe; de frutas de exportación, como la de kiwis en Mar del Plata; o de extrusado de avena en Tres Arroyos; de alimentos deshidratados o vitivinícolas en Mendoza.
A contramano del mundo
Para el abogado Fernando Cabaleiro, que acompaña y asesora a los pueblos fumigados, el anuncio del gobierno de Milei profundiza un grave daño que nace en los campos y poblaciones rurales y llega a la mayoría de las mesas de los hogares argentinos. “Estos principios activos, ahora liberados de aranceles, se encuentran en el agua de nuestros ríos, lagunas y lagos. Y con los alimentos hay una suerte de negacionismo sobre las implicancias que tiene en la población. Elaboramos un estudio en el cual observamos cómo se mantiene el nivel de presencia de agrotóxicos en casi todos las frutas, los brotes y las hortalizas. Hablamos de más de 80 agrotóxicos, de los cuales, el 50% ya han sido prohibidos por la Unión Europea”, cuenta Cabaleiro.
La atrazina, por ejemplo, está prohibida en casi todo el continente europeo por el probado daño que ocasiona al ambiente y a las personas que la manipulan. Sin embargo, los mismos países que la prohíben en sus territorios la venden para que se vierta en otros, sobre todo en América Latina y África. Ahora, encima, el gobierno de Milei levantará las barreras.
Dice Cabaleiro: “Está demostrado que todos estos principios activos que se utilizan como insumos son considerados probables cancerígenos y en un 75% son alteradores hormonales. El Senasa viene mirando para otro lado desde hace más de 30 años y a este panorama ahora se le suma esta flexibilización de impuestos y aranceles de estos tres principios activos, que son los de mayor uso en la agricultura. Vamos a contramano de todo lo que se viene recomendando en estamentos internacionales de derechos humanos, relatorías de la alimentación y la Relatoría de desechos peligrosos y derechos humanos”.
Aunque la implementación todavía no se concretó, cuando efectivamente se avance en la autorización de esos formulados, quedará claro quiénes son los principales beneficiarios de estas medidas. El abogado de los pueblos fumigados tiene una hipótesis: “Seguramente van a ser las grandes corporaciones. Porque se presenta como una medida beneficiosa para el sector para bajar los costos, pero los verdaderos costos que le deberían preocupar al Estado son los costos humanos de estos agrotóxicos”.
::: Agustín Colombo Para Revista Citrica / Fotos: Rodrigo Ruiz:::