A cinco meses de las elecciones legislativas y mientras la canasta básica alimentaria es de $1.110.063 mensuales para una familia tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires, según el Indec muchos varelenses sobreviven a base de trueque y venta en ferias no oficiales. Sin embargo, con cada armado están al filo de la sanción municipal de una gestión cuyo intendente tiene la peor imagen positiva el conurbano. Todos los domingos, en Ingeniero Allan, los que menos tienen más temen perder ante las inspecciones ordenadas por el gobierno local.
El fenómeno de las ferias urbanas no es nuevo en Florencio Varela. Son parte de la una práctica laboral dentro de la economía popular desde los inicios políticos del territorio. Algunas de ellas se han “oficializado” y cuentan con el aval –y hasta auspicio en algunos casos- del gobierno local. Mientras que otras son marginadas y destinadas a subsistir como parte de las “otras economías” que constituyen una tensión, entre la negociación política partidaria y en los intereses económicos de la región. Este es el caso de Ingeniero Allan, done funciona una feria abierta, de venta de productos legales o extra-legales en espacios públicos constituye un sistema de comercialización que está orientado a sectores populares y clases medias empobrecidas.
Temprano en la mañana comienza el movimiento de gente que se va disponiendo sobre la vereda de la calle 1155, lugar que hasta el google maps muestra en constante promesas de obras de mejora. Algunos vecinos se acercan preparados para una larga jornada, con sus reposeras, otros improvisan mesas, pero también están los que simplemente extienden una lona en el barro para exponer lo que tienen para obtener comida. Zapatillas usadas, ropa rescatada, juguetes, mobiliarios chicos, comidas, todo se mezcla en el camino. Todo puede ser moneda de cambio cuando es poco lo que se tiene y mucho lo que se necesita.
En Ingeniero Allan, “los vendedores”, “ los puestero”, “los feriantes”, o como quiera llamar quien enuncia a esos vecinos que intentan ganarse el pan para llevar a sus hogares parecen no estar contenidos por los mecanismos de gobierno local que les permita sobrevivir a la misma crisis que sus principales funcionarios recriminan a la gestión nacional. No se lo reconoce como agentes de la Economía Popular como si se lo hace con quienes han tenido la suerte –o los contactos de amistad o familiaridad- con los “feriantes” de los eventos organizados por el gobierno de turno local en las plazas centrales o evento estatales. A los vecinos de a pie, del fondo límite de Varela, nadie les da certidumbre ni marco regulatorio acorde a sus necesidades.
«Somos los municipios los que damos la cara y las respuestas”, supo lanzar el intendente Watson en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, exigiendo al presidente que devuelva los fondos que le adeuda a la Provincia. Mas, el único rostro que ven cada domingo los vecinos de Ingeniero Allan es el de los inspectores que no van más allá de los intereses político-partidarios ni tienen en cuenta la heterogeneidad de la problemática. Quizás habría que dejar de plantear promesas en caminos al futuro cuando se es gestión ahora y pasar a la praxis efectiva con la participación de todos los involucrados para que de esa manera desde el Estado se comience a ver a la Economía Popular, ya no como modos incompletos, informales u oscuros de comercialización, sino que se considere una forma especial de trabajo con todas las garantías legales que le correspondan.
No habrá futuro si las necesidades no se resuelven hoy, por más slogan y discurso bonito electoral inventen.