Un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierte que los femicidios, travesticidios y transfemicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad crecieron de forma sostenida en las últimas décadas. En los primeros 25 meses del gobierno de Javier Milei, la organización registró 38 casos.
La escena más conocida de la violencia policial en Argentina tiene, desde hace décadas, el rostro repetido de los pibes. Varones, jóvenes, pobres, asesinados en barrios populares, en persecuciones, en comisarías, en cárceles, en controles callejeros. Es la imagen más visible del gatillo fácil y de la represión estatal. Pero no es la única.
Hay otra trama, menos contada y no por eso menos brutal, que también forma parte del archivo de la violencia institucional: la de las mujeres, travestis y trans asesinadas por hombres de las fuerzas de seguridad en contextos atravesados por la violencia machista y patriarcal. No aparecen siempre en la conversación pública sobre seguridad. Muchas veces ni siquiera entran, de manera inmediata, en la categoría con la que suele pensarse la represión estatal. Sin embargo, están ahí. Y los números muestran que no se trata de una excepción.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) viene advirtiéndolo desde hace años. En su Archivo, que releva muertes provocadas por el aparato represivo estatal, detectó que una parte importante de los casos de víctimas mujeres se vincula con situaciones de violencia de género. Es decir: mujeres asesinadas por integrantes de las fuerzas no solo en el marco de un abuso de poder, sino también en relaciones atravesadas por lógicas de dominación machista, posesión, control y castigo.
Los dos primeros casos de femicidios registrados por CORREPI se remontan a 1992. Desde entonces, la curva fue en ascenso. Hoy el archivo reúne 856 víctimas mujeres, trans o travestis. De ese total, 494 son femicidios, travesticidios y transfemicidios cometidos por miembros de las fuerzas. Si se suman los femicidios relacionados con víctima varón, la cifra asciende a 552. Casi un tercio de esos casos vinculados incluye además a niños y niñas como víctimas.
Lo que esos números rompen no es solo el silencio. También desarman una frontera cómoda: la que separa la violencia institucional de la violencia de género como si fueran dos mundos distintos. En estos casos, no lo son. El uniforme no borra el machismo: lo potencia. El arma reglamentaria no es un detalle: es una herramienta de amenaza, disciplinamiento y muerte. La pertenencia a una fuerza no aparece al margen de la violencia, sino como una estructura que la agrava por el acceso a recursos de coerción, por la legitimidad social que todavía conserva y por las redes de encubrimiento que muchas veces rodean a sus miembros.
Por eso hablar de femicidios cometidos por hombres de las fuerzas de seguridad no es simplemente agregar un dato a la agenda de género. Es señalar una zona donde el Estado, que debería prevenir, proteger e investigar, aparece encarnado en el propio agresor. Donde la asimetría no se juega solo dentro de una relación personal, sino también entre una víctima y alguien que porta un arma, una credencial, una cadena de mandos y, demasiadas veces, la presunción de ser creído antes que denunciado.
En los primeros 25 meses del gobierno de Javier Milei, CORREPI registró 38 femicidios, travesticidios y transfemicidios a manos de miembros de las fuerzas. La organización sostiene que esa cifra convierte a los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. El dato no solo alarma: obliga a mirar de frente una violencia que durante mucho tiempo quedó encapsulada en la idea de “drama personal”, “crimen pasional” o “hecho aislado”, fórmulas que en Argentina tienen una larga historia de indulgencia con los varones armados.
Nombrarlos como femicidios de uniforme es, entonces, una decisión política y narrativa. Porque ahí donde durante años se quiso ver un exceso individual, hay una trama estructural. Y ahí donde muchas veces se pretendió leer apenas una tragedia íntima, aparece también una pregunta pública: qué ocurre cuando quienes integran las fuerzas de seguridad, en vez de garantizar derechos, reproducen y ejercen sobre los cuerpos de mujeres, travestis y trans la forma más extrema de la violencia patriarcal.