Las organizaciones sociales y activistas contra la violencia de género denuncian la inacción estatal y la escasez de mecanismos preventivos como los botones antipánico. Uno de estos dispositivos, paradójicamente, estuvo por más de un año en manos de Claude Staicos, secretario de Prensa y Comunicación del gobierno de Neuquén. Este funcionario público está acusado de violencia de género y vicaria. El caso de Staicos se hizo conocido en la provincia y hasta llegó a los medios nacionales después de que, el 20 de agosto pasado, el juez Luciano Speroni ordenara un operativo sin precedentes en el Jardín número 65 de la capital provincial: allí, un grupo de policías armados irrumpió para llevarse a M., el hijo que el funcionario tuvo con Alexandra Sabio, quien fue a su vez golpeada y esposada.
Desde entonces, M. no volvió a su jardín, ni a ver su madre, ni a ninguna de las personas que componían su entorno cotidiano. Tampoco a su alergista ni a su médico de siempre, motivo de especial preocupación para la familia materna. Es por éso que Sabio y sus representantes vienen impulsando distintas medidas legales para que se preserven los derechos del pequeño y para que respondan los responsables por el procedimiento policial que sucedió en el jardín. La más reciente fue un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Speroni, quien ordenó la intervención en el establecimiento educativo. “Policías en las escuelas nunca más”, rezan, en ese sentido, las banderas y carteles que desfilan por la ciudad de Neuquén durante las marchas en apoyo a Alexandra Sabio.
El historial de violencia de Staicos se remonta hacia antes del nacimiento de M.: según el testimonio de Sabio, las escenas de celos, el control, la revisión de su teléfono, los insultos e incluso los empujones eran parte de las reacciones habituales del actual funcionario. Cuando el niño nació y ella planteó la separación, el padre la retuvo en su casa por varios días hasta que logró irse luego de que su familia llamara a la policía. En adelante, Sabio planteó un régimen de cuidado compartido, pero Staicos desplegó una batería de maniobras judiciales, tales como denunciar a la madre de Alexandra por supuestas agresiones y obtener por ello un botón antipánico que nunca accionó y a cuyas instancias de prueba jamás asistió.
“El sr. Staicos denuncia a Fresia Romero (madre de Sabio) por violencia, por haber subido videos a las redes sociales donde se demuestra claramente cómo el mismo denunciante ejerce violencia contra Alexandra. Durante años, con la sola mención de tener miedo o por algún hecho inventado, el sr. Staicos mantuvo medidas de restricción de acercamiento así como luego obtuvo un botón antipánico”, reconstruye el equipo de abogadas/os que acompañan a la madre.
Luego, agregan, el secretario de Prensa “se muda a un barrio cerrado y lo cierto es que, además de ser funcionario público (la mayoría cuentan con custodia policial), jamás utilizó dicho botón. De hecho hay al menos tres informes de la policía que señalan la no utilización del dispositivo y que Staicos nunca asistía a las pruebas de funcionamiento”. De este modo, los profesionales estiman que el verdadero objetivo del funcionario era “criminalizar al grupo familiar” de Sabio y “obtener una mejor posición a los ojos de los demás”.
En efecto, los propios informes policiales detallan que el dispositivo estuvo en poder de Staicos desde mayo de 2024 y, en reiteradas ocasiones, dan cuenta de cómo las pruebas “no se han realizado con éxito, ya que el denunciante no prestó colaboración en realizar las activaciones”. Finalmente, el 22 de octubre pasado la Justicia hizo cesar el botón por no haberse registrado nunca su uso, así como quedó archivada la denuncia contra Romero, sobre la cual el propio juez Speroni sostuvo que “no se observa que exista una relación de asimetría (para con Staicos), ni indicadores de riesgo ni estado de vulnerabilidad que merezca la protección integral prevista por la Ley”.
Con todo, los representantes de Sabio añaden que “no puede perderse de vista que, ante el feroz incremento de la tasa de femicidios en el país y una creciente ola de violencia contra las mujeres, este funcionario público del gobernador Figueroa sigue abusando de su posición y busca mantener una situación de víctima que no le cabe, incluso a costa de las vidas de mujeres que realmente corren gravísimos riesgos cuando a este señor le dan un botón sin fundamento alguno para protegerse de una señora mayor que jamás ejerció ningún tipo de violencia en su contra”.
“Hacer valer la voz de M.”: el silenciamiento del niño y una acompañante terapéutica que viola la ley
Mientras tanto, Sabio denuncia con angustia que no sabe dónde ni cómo está su hijo. “Estamos encaminados en tratar de hacer valer la voz de M.: es fundamental que en algún momento del proceso ese niño sea oído en debida forma”, recalcan los abogados acompañantes de la madre. Además, agregan que Staicos sí proporcionó su domicilio en la causa pero pidió reserva argumentando, nuevamente, tener “miedo”.
“En relación al estado de salud, (Staicos) acompañó un certificado de un médico general de los que trabajan en emergencias. Nunca lo llevó a los profesionales -pediatra, alergista ni psicóloga- cuyos tratamientos interrumpió sin motivo y aun conociendo sus padecimientos previos. Finalmente, informó haber iniciado un tratamiento con una acompañante terapéutica que no fue designada por juzgado ni tiene indicación terapéutica para atender al niño M. Ello es de una gravedad inusitada, toda vez que esta persona pasa más de tres horas diarias con el niño, quien no tiene ningún tipo de seguimiento profesional ni diagnóstico previo”, señalan.
Entre las últimas medidas que reclamaron las abogadas y abogados que representan a Sabio, se cuentan: el urgente psicodiagnóstico del niño; que se produzca un contacto directo y cuidado con la madre, “sin videollamadas que serían violentas contra M.”; que sea efectivamente controlada su salud por intermedio de sus médicos de toda la vida; que intervenga el gabinete interdisciplinario con profesionales de confianza de cada una de las partes para escuchar al niño; y “el inmediato apartamiento de la supuesta acompañante terapéutica, impuesta de manera unilateral por Staicos, toda vez que no fue designada por orden judicial, no cuenta con título habilitante para realizar una intervención autónoma ni cuenta con una derivación de profesional”.
Específicamente en relación con las videollamadas, la abogada Sara Barni subraya que podrían ser enormemente dañinas para M.: “Un niño de 5 años que fue sacado del jardín de la manera en que fue sacado, cuando no se lo llevó al médico y no se lo evaluó de ninguna manera, se va a desbordar cuando vea a Alexandra a través de una videollamada y no pueda efectuar la corporalidad que a esa edad se necesita con la madre”. En ese sentido, Barni sostiene que el entorno de Staicos pretende “fingir demencia” y actuar como si “el trauma del jardín no hubiese sucedido”.
Además, denuncia que la presencia de la acompañante terapéutica incumple la Ley de Acompañamiento Terapéutico provincial (art. 5) por no existir una derivación previa, lo cual se agrava en tanto la profesional impide que el niño “pueda estar solo en el jardín y contar libremente lo que le pasa”. La abogada también señala que la perito psicóloga del juzgado volcó a sus informes la versión del padre y de la acompañante terapéutica por él impuesta sobre el estado del pequeño: “Dio por hecho que el niño va a un jardín (que al parecer es un establecimiento privado perteneciente a un “amigo de la política” de Staicos) y no asistió a comprobarlo, sólo tomó la palabra de Staicos y la A.T.”. Por último, menciona que tampoco se respetó el consentimiento informado que debía prestar Alexandra Sabio para tal “tratamiento”, siendo que la madre “no perdió la responsabilidad parental” y está en todo su derecho de pronunciarse.
Un dictamen clave: el defensor del Niño se posicionó a favor de que M. sea escuchado
A la par, en los últimos días, el defensor del Niño de Neuquén, Lautaro Juan Arévalo, sostuvo que se debe garantizar el derecho de M. “a ser oído”: “La alegación de la progenitora sobre el deterioro de la salud psicofísica de M., sumada a la falta de información oportuna por parte del progenitor que ejerce el cuidado, impone al Poder Judicial la obligación de ejercer un rol proactivo y no delegar exclusivamente el resguardo de la salud a las partes cuando el contexto procesal demuestra un alto nivel de conflictividad y serias dudas sobre la observancia del deber de informar”, se lee en el escrito.
De este modo, Arévalo recomendó “ordenar la inmediata escucha activa y cuidada del niño M., preferentemente con el sistema de Cámara Gesell o una modalidad análoga, con intervención de profesionales idóneos del Gabinete Psicológico Forense” y “disponer la urgente producción de un informe de salud integral de M.”
Luego de que el juez Speroni se apartara de la causa en medio del escándalo que produjo el operativo del 20 de agosto, quien quedó a cargo es la jueza Adriana Saralegui, del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia nro. 5. En tanto, es la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones la que deberá decidir si toma la recomendación del defensor del Niño y, por ende, si respeta el derecho de M. a ser verdaderamente escuchado.
:::Sol Tobía para ANRed:::