En una ciudad que se mueve por inercia, la firma de un acta busca evitar que el sur del Conurbano quede a la deriva. Un acuerdo de emergencia entre el Gobierno, la UTA y una nueva operadora para salvar una línea herida, aunque la letra chica aclara que esta firma no implica una adjudicación definitiva. En las siguientes líneas, recorremos quiénes son los rostros detrás del pacto, la ingeniería de una transición que exige la adecuación técnica de los equipos SUBE para volver a recaudar, el blindaje sobre los derechos de los choferes y la hoja de ruta jurídica que intenta poner orden al caos del transporte. En esta nota, conocé los detalles de una transición urgente.
En los despachos de la Ciudad de Buenos Aires, el aire se corta con la urgencia de lo que no puede esperar. El 1 de abril de 2026 no fue un día más para los usuarios del sur. Allí, entre el Arq. Fernando Herrmann por la Secretaría de Transporte y Roberto Fernández por la UTA, se selló un pacto de supervivencia. La Central de Vicente López S.A. aparece en escena para ocupar el vacío que dejó El Nuevo Halcón, una empresa que se fue desdibujando hasta dejar de cumplir su función básica. El «porqué» es tan crudo como la realidad del Conurbano: miles de vecinos de Florencio Varela y San Francisco Solano estaban quedando rehenes de una frecuencia fantasma, viendo cómo su derecho a la movilidad se evaporaba entre promesas incumplidas y unidades que ya no pasaban.
El Plan de «Salvataje»
No es un simple cambio de manos; es un respirador artificial. El acuerdo instrumenta un «esquema de transición operativa» para que los ramales que van desde Constitución hasta La Capilla o Villa del Plata no se conviertan en vías muertas. La ingeniería del rescate es compleja: Nación Servicios tiene que correr para que las máquinas SUBE reconozcan los nuevos validadores, mientras la CNRT debe fiscalizar que lo que se pone en la calle no sea solo chapa y pintura. El Estado abre el grifo de las compensaciones tarifarias, ese combustible invisible pero vital sin el cual ninguna empresa de transporte se atrevería a cruzar el Puente Pueyrredón.
El futuro de los trabajadores
Detrás de cada volante hay una historia, una antigüedad y una familia que no sabe si el mes que viene habrá recibo de sueldo. El acta funciona aquí como un escudo. La nueva empresa se comprometió, bajo la mirada vigilante del sindicato, a absorber a toda la plantilla de la antigua operadora. No se trata solo de darles un uniforme nuevo: el compromiso incluye reconocer cada año de servicio, respetar el Convenio Colectivo 460/73 y sentarse en la Secretaría de Trabajo para resolver el tendal de deudas que dejó la gestión anterior. En un mercado laboral que cruje, este traspaso busca que el hilo no se corte por lo más delgado.
Compromisos de la nueva empresa
La Central de Vicente López no llega como un conquistador, sino como un gestor de crisis. Su compromiso es poner el cuerpo —y el parque móvil—. Deben garantizar que el 148 vuelva a ser una certeza y no una moneda al aire. Se les exige seguridad, frecuencia y regularidad. Sin embargo, el acuerdo les deja una rendija abierta: la posibilidad de proponer mejoras tecnológicas y operativas. Es la zanahoria para que la inversión privada se anime a arreglar lo que otros rompieron, intentando devolverle algo de dignidad a un servicio que, para el usuario de Solano, es la diferencia entre llegar a tiempo o perder el presentismo.
Cuestión Jurídica
Todo lo que brilla en este papel es, por ahora, provisorio. Jurídicamente, estamos ante un «esquema de transición» nacido de la emergencia. Es un parche necesario, pero un parche al fin. La letra del acuerdo es taxativa: esto no es una adjudicación definitiva ni un contrato a largo plazo. Es un permiso precario sujeto a que la empresa presente los papeles de cesión en 15 días y a que el Estado termine de masticar la burocracia administrativa. Es el derecho administrativo tratando de alcanzar a la velocidad de la crisis, un mientras tanto que busca, al menos, que el motor siga encendido.