El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud de la Nación significa un giro hacia perspectivas regresivas, ya que abandona el modelo bio-psico-social en el que se entiende que la discapacidad no la porta la persona, sino que se genera de forma contextual y situacional, cuando se interacciona con un entorno inaccesible. La ANDis ya pasó por un recorte de personal que afectó a no menos de 600 puestos de trabajo, mientras anuncian nuevos recortes. Desde la oposición, señalaron que esta maniobra responde a un intento por borrar el escándalo de las coimas, así como a la quita indiscriminada de pensiones. Por último, señalaron que el Ministerio de Salud debe responder a otras cuestiones delicadas, como la quita de medicación oncológica, ante los homicidios por el fentanilo contaminado, y a brindar el presupuesto adecuado para abordar los tratamientos del VIH, antes de seguir absorbiendo funciones para las cuales no está apto ni hay voluntad alguna de que lo esté.
El anuncio oficial
«…la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. ANDis se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente.
Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores.
Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.
Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir. Las personas con discapacidad y los equipos de salud y los cuidados que los asisten. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo.
Esto lo aclaro porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito, esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación. No sé si soy claro», expresó el vocero.
Un giro hacia modelos pasados
Originalmente, la ANDis dependía de la Secretaría General de la presidencia. Luego del decreto 8/2023 (Art. N°17), publicado el día de la asunción del gobierno entrante, la ANDIS pasaría a ser parte de la Jefatura del Gabinete de ministros.
La actual gestión designó a Diego Orlando Spagnuolo como director ejecutivo de la ANDis, a través del Decreto 96/2023. Finalmente, el 4 de julio del 2024, el Poder Ejecutivo realizó el traspaso de la misma al Ministerio de Salud, a través del Decreto 585/2024 (Art. N°8). Y, por último, se llega a la fecha donde se pretende disolver la misma, envuelta en un escándalo a nivel nacional por coimas y quita indiscriminada de pensiones no contributivas, para que sus funciones sean absorbidas por el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones.
La creación de la ANDIS se da en correlación con una serie de políticas adoptadas por el Estado. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas), que fuera aprobada en 2008 por ley en Argentina (N°26.378), y adquirió estatus constitucional en 2014.
El modelo adoptado, en correlación con aquellas políticas, era el bio-psico-social. Este entiende que la discapacidad no la porta la persona, sino que se genera de forma contextual y situacional cuando se interacciona con un entorno inaccesible. En otras palabras, se aleja del modelo médico centrado que creía que había que rehabilitar a la persona en cuestión, en lugar de generar herramientas de accesibilidad, eliminando barreras que impidan su participación plena y efectiva en la sociedad.
Sin embargo, trabajadorxs despedidxs de la ANDIS en diálogo con ANRed, expresaron su preocupación, dado que desde la asunción de la actual gestión “la ANDis no informa sobre las políticas públicas que está llevando adelante”. En otras palabras, no hay nada que haga pensar que disolver la ANDIS sea un avance en perspectiva de derechos.
:::ANRed:::