La postergación del debate ambiental expone un Congreso en tensión, entre intereses extractivos, la disputa por el agua y un oficialismo que prioriza la reforma laboral.
La situación fue denunciada públicamente por Maximiliano Ferraro, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por la Coalición Cívica quien expresó en su cuenta de X (@maxiferraro) que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) decidió “levantarse y huir de la comisión” mientras se exigía garantizar la intervención de organizaciones ambientales en el debate y la realización de una audiencia pública.
Activistas socioambientales y legisladores opositores denunciaron que la maniobra es una jugada deliberada para relegar el tema en medio de la intensa negociación política por la llamada reforma laboral, que acapara la agenda del Gobierno y que ya concentra las principales tensiones parlamentarias.
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 como una de las normas ambientales más avanzadas de Argentina. La misma establece presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciales, considerados estratégicos para la seguridad hídrica del país.
Su modificación permitiría «combinar» criterios ambientales con incentivos a la minería y otras actividades productivas, lo que —según sus defensores— busca dar “seguridad jurídica” y fortalecer la autonomía provincial. Sin embargo, ambientalistas, científicos y legisladores críticos advierten que la iniciativa implica una regresión en la protección del agua y los bienes naturales, en abierta tensión con el principio de no regresión ambiental consagrado en la Constitución Nacional.
Organizaciones sociales y asambleas territoriales ya habían anunciado movilizaciones bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”, expresando un rechazo frontal a cualquier intento de flexibilización que, aseguran, pone en riesgo el acceso al agua para millones de personas.
:::ANRed:::