El abogado Diego Ortiz, especialista en violencia familiar y docente universitario, analiza la situación actual de la violencia de género en la Argentina, con énfasis en el Conurbano Sur. Desde su experiencia en la Oficina de Violencia Doméstica y proyectos barriales, advierte sobre la naturalización de la violencia, las limitaciones del sistema judicial y la importancia de redes comunitarias que acompañen a las víctimas. Él sostiene que hablar y denunciar es clave para romper el ciclo de impunidad.
La violencia sigue siendo una realidad cotidiana en la Argentina, y en el Conurbano Sur, donde muchas víctimas enfrentan contextos sociales difíciles y acceso limitado a la justicia, lo que hace que la problemática se intensifique. El abogado y especialista en el tema, Diego Ortiz, advierte que «la violencia familiar y de género se naturaliza e invisibiliza, y eso impide detectarla y accionar como corresponde». Desde su experiencia en la Oficina de Violencia Doméstica y su trabajo en proyectos comunitarios como Acompañantes, él destaca el rol de las redes vecinales y de organizaciones barriales como «el bastón que sostiene la temática en la actualidad, por su cercanía, resistencia y entrega de información constante». Para el letrado, hablar, denunciar y articular esfuerzos entre instituciones y vecinos es clave para romper el ciclo de impunidad: «El silencio es la impunidad del agresor».
-Diego, desde tu experiencia en la Oficina de Violencia Doméstica, ¿cómo describirías hoy la situación de la violencia familiar en la Argentina y, en particular, en el Conurbano Sur?
-Desde mi experiencia profesional puedo decir que las situaciones de violencia familiar y violencia de género familiar, siguen vigentes y a veces con mayor gravedad, la gente sigue denunciado, solicitando ayuda, que la autoridad judicial resuelva medidas de protección. Por otro lado, creo que la violencia familiar y de género familiar se naturaliza e invisibiliza y eso impide detectar y accionar como corresponde.
-En distritos como Florencio Varela, Quilmes o Berazategui, muchas víctimas viven en condiciones difíciles y con poco acceso a la justicia. ¿Cómo influye ese contexto social en la posibilidad de denunciar o de recibir protección real?
-Por lo que conozco por el trabajo de prevención realizado este año en donde se realizaron encuentros con profesionales de esos distritos, cada uno se maneja de diferente manera, esto se relaciona con formas de trabajo y con los recursos institucionales disponibles (servicios que prestan, cantidad de profesionales, tarea en si). Desde ya el contexto político y social influye en la forma de entender y trabajar en la temática para el sector profesional y para la gente que acude a esos lugares.
-¿Notás diferencias en el tipo de violencia o en la respuesta institucional entre la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano?
Sí, claro que hay diferencias. La primera diferencia es legal, en el ámbito de CABA está la ley 24417 y en Provincia Buenos Aires la ley 12569 modificada por la ley 14509, esto marca la competencia territorial de un lugar u otro. Luego está la diferencia en los lugares para denunciar (en Provincias están las Comisarias de la Mujer y la Familia) y recursos existentes (en Capital Federal están los Centros Integrales de la Mujer).
En mi opinión la diversidad de criterios de trabajo en cada lugar en la provincia de Buenos Aires obstaculiza la unificación de pautas de atención y el abordaje de la temática. A esto se puede agregar la inseguridad jurídica de denunciar en un lugar u otro.
-Has investigado mucho sobre las medidas cautelares. ¿Sentís que en los tribunales bonaerenses se aplican con la rapidez y eficacia que la urgencia demanda?
+El tema de medidas de protección es un tema que siempre me interesó, porque es algo del derecho procesal, práctico y generalmente depende del conocimiento del operador u operadora de la temática. Algunos Juzgados son más osados en la resolución de medidas creativas y otros toman las de la norma, a veces con cierta amplitud y a veces con una mirada más enfrascada en poner solo un paño frio a la violencia y no tomar otras medidas, como los alimentos provisorios.
-¿Qué papel ves hoy en las redes comunitarias, los centros de la mujer y las organizaciones barriales en el acompañamiento de las víctimas?
-El papel de las redes comunitarias y demás organizaciones que conozco es el bastón que sostiene la temática en la actualidad por su cercanía, resistencia y entrega de información constante. Lamentablemente no conozco muchas.
El proyecto barrial Acompañantes es un proyecto cultural contra la violencia de género, se realiza en la Biblioteca de Juan María Gutiérrez, Partido de Berazategui. Está conformado por un grupo de vecinas que organizan mensualmente encuentros con profesionales, entrega de información y finalmente un grupo de abogadas que ofrece asesoramiento jurídico gratuito en dicho encuentro. Para participar de las actividades no se requiere inscripción previa y desde ya todo es gratuito.
-Desde tu mirada jurídica, ¿el sistema judicial argentino actúa realmente con perspectiva de género o todavía predomina una visión más formalista y distante de la realidad?
-Yo siempre digo lo mismo, las normas y Convenciones internacionales están en el marco legal, son herramientas operativas y disponibles para usar. Sin embargo si las utilizamos mal no es culpa de la herramienta sino de nuestra sensibilización, capacitación y traslado en la práctica para hacer uso de ella y esto repercute en la defensa y protección de las personas en situación de violencia, ahí está la gravedad del asunto.
-En tus años de trabajo, ¿cuáles son los errores más comunes que detectás en la intervención del Estado —ya sea judicial, policial o social— frente a la violencia familiar?
La experiencia es importante pero la debo acompañar con capacitación constantes. Por ahí hablar de errores, fallas y equivocaciones no abre la posibilidad de enmendar nuestra tarea, si es importante la escucha activa con las personas que denuncian, atender a las singularidad del caso, tener un recursero actualizado, ser claro con la información, etc.
-Pensando en el Conurbano, ¿qué políticas públicas o cambios estructurales te parecen urgentes para mejorar la protección y el acceso a la justicia?
-Creo que lo que se necesita en el Conurbano son más recursos materiales y humanos capacitados en la temática (abogados, abogadas, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, psicóloga, psicólogo, médicos, medicas, referentes comunitarios), desde ya que estos lugares de atención sean gratuitos y accesibles al público, sin tantos formalismos ni requisitos para acceder a ellos.
-Proyecto Acompañantes, ¿Es hoy lo que se imaginó cuando arrancó?
-El proyecto Acompañantes nació en el año 2018 con una gran expectativa de dar información a los vecinos y vecinas del barrio Gutiérrez y otros barrios. El proyecto se inició con temáticas generales y actuales y en los últimos año se decidió hacerlo más territorial, con disertantes invitados e invitadas de la zona. El proyecto se conforma por vecinas formadas en el tema ( por becas dadas por la Asociación Pablo Besson), lo que permite una organización horizontal, consciente de lo que necesita el vecino o vecina saber. El Instagram es Proyectoacompanantes.
-Por último, ¿qué mensaje te gustaría darles a las personas que viven situaciones de violencia y sienten miedo o desconfianza a la hora de pedir ayuda?
-Que no se callen nunca, que hablen siempre (como puedan, lo que puedan decir), con una amiga, con una prima ( de ahí la importancia de la figura del Acompañante). El silencio es la impunidad del agresor. Después es necesario buscar protección mediante la denuncia que apunta a obtener medidas, la articulación de las instituciones y demás.
