Organizaciones animalistas impulsan acciones judiciales tras la difusión de un video en el que se observa a un joven golpeando hasta matar a un coipo, una especie silvestre protegida. La causa ya está en manos de la Justicia y podría encuadrarse en las leyes de Protección Animal y Conservación de la Fauna.
La ciudad de Bahía Blanca quedó conmocionada luego de que se viralizara un video donde se observa a un joven asesinando brutalmente a un coipo —también conocido como nutria criolla— mientras otro registra la escena con un teléfono celular. El hecho generó un fuerte repudio social y motivó la intervención de organizaciones proteccionistas, funcionarios municipales y la Justicia.
Según denunció la organización Alianza Animal, el principal acusado fue identificado como Bautista Bravo, de 18 años, quien habría pateado y golpeado contra el piso al animal silvestre hasta provocarle la muerte. La secuencia fue filmada por Imanol Santerre y luego difundida en redes sociales.
“Lo ocurrido no fue un accidente ni una situación de defensa. Fue un acto de violencia ejercido contra un ser vivo indefenso”, expresaron desde la organización en un comunicado difundido públicamente. Además, remarcaron que las imágenes “muestran un nivel de crueldad que no puede ser ignorado ni minimizado”.
El coipo (Myocastor coypus) es un mamífero autóctono de Sudamérica que habita lagunas, arroyos y humedales. Especialistas y agrupaciones ambientalistas destacan que se trata de una especie de hábitos tranquilos, que no representa peligro para las personas y cumple un rol importante dentro de los ecosistemas acuáticos.
Tras la viralización del caso, distintas organizaciones y vecinos comenzaron a movilizarse para exigir justicia. Desde Alianza Animal señalaron que la denuncia ya fue realizada y que la investigación quedó a cargo de la fiscal Marina Lara. Según trascendió, los hechos podrían encuadrarse en la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal y en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
También se informó que el Municipio de Bahía Blanca evalúa presentarse como particular damnificado en la causa. La directora de Zoonosis local, Mariana Sierra, habría intervenido para impulsar medidas institucionales, mientras que desde el Concejo Deliberante se presentó un proyecto reclamando sanciones para los responsables.
“Este caso se hizo público porque fue grabado y difundido. Gracias a ello hoy podemos visibilizar una problemática que ocurre con demasiada frecuencia y que como sociedad debemos dejar de naturalizar”, señalaron desde la organización.
En las últimas horas, agrupaciones proteccionistas reclamaron además que las universidades a las que asisten los acusados se pronuncien públicamente sobre el hecho y evalúen posibles medidas institucionales.
Mientras avanza la causa judicial, organizaciones animalistas continúan convocando a difundir el caso y sostienen que la violencia contra los animales “no puede seguir siendo relativizada ni tomada como una práctica aceptable”.
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