El sistema judicial se encamina a otorgar la libertad bajo fianza al hombre que intentó quemar viva a Lorena junto a sus tres hijos. Mientras la justicia evalúa el precio de un feminicida, la sobreviviente queda sentenciada al desamparo en un sistema que prioriza la comodidad del agresor sobre la vida de las víctimas.
Lorena Leiva ya no duerme. No lo hacía desde aquel 21 de agosto de 2024, cuando despertó en medio de un infierno de nafta y llamas en su casa de Florencio Varela. Pero hoy, el insomnio tiene un nuevo nombre: impunidad. Tras sobrevivir a una tentativa de femicidio que la dejó con el 45% del cuerpo quemado y tres paros cardiorrespiratorios, Lorena ha recibido la noticia que cualquier sobreviviente teme: la justicia considera que su agresor, Brian S., puede recuperar la libertad. El hombre que esperó a que ella y sus hijos de 1, 4 y 10 años se durmieran para rociar su hogar con combustible, podría volver a caminar por las mismas calles donde ella hoy intenta reconstruir sus pedazos.
El laberinto de la injusticia: cuando el Estado es cómplice
El caso de Lorena no es un «crimen pasional» ni un hecho aislado; es el mapa de una falla estructural del sistema. A pesar de que Brian S. ya contaba con antecedentes de violencia machista extrema —habiendo apuntado a Lorena con un arma en la cabeza en repetidas ocasiones y amenazado con matarla para que viera morir a su familia—, la justicia parece dispuesta a ignorar el riesgo de vida inminente.
La gravedad institucional se manifiesta en una cifra: 5 millones de pesos. Ese es el monto de la caución solicitada para la liberación del agresor. Para el Poder Judicial, la seguridad de una mujer y tres niños tiene precio. Esta decisión ignora deliberadamente la violencia vicaria ejercida por el atacante, quien no solo buscó destruir a Lorena, sino también asesinar a sus propios hijos para causarle un dolor eterno.
El proceso judicial ha sido, en palabras de la propia Lorena, una revictimización constante. Durante las audiencias, denunció que la jueza a cargo permitió que la familia del agresor estuviera dentro del recinto mientras que a su propia familia se la dejó afuera, bajo la lluvia. Incluso, relató cómo la magistrada realizaba muecas de desprecio ante los testimonios, minimizando el horror de una mujer que tuvo que arrastrar a su hija mayor por un hueco entre las llamas para salvarle la vida.
De AcompañAR a AbandonAR
El desamparo de Lorena no es solo judicial, es político. En el contexto actual, los programas de asistencia han sufrido un recorte devastador. El programa AcompañAR, que debía ser un salvavidas económico para mujeres en riesgo, ha visto una reducción del 98,6% en sus altas en el último año. Lorena, que hoy depende de donaciones para costear las cremas que evitan que su piel se contraiga y se abra, ha pasado de ser una ciudadana con derechos a una sobreviviente en estado de abandono estatal.
La justicia le niega incluso un botón antipánico bajo el argumento técnico de que el agresor «ya está en prisión», una lógica perversa que se desmorona ante la inminente liberación del sujeto. Brian S. la amenazó: «Si caigo preso, mis hermanos se encargarán de que no sigas viviendo». Hoy, esa amenaza está a una firma judicial de distancia de convertirse en realidad.
La inminente liberación de Brian S. no es solo un error procesal; es violencia institucional en su estado más puro. Mientras el agresor recupera sus movimientos, Lorena Leiva es empujada a una clandestinidad forzada por el miedo, trabajando en la vía pública con el terror de ver aparecer, entre la multitud, al hombre que ya intentó convertirla en cenizas.
Si el Estado libera al verdugo, se vuelve el dueño de la antorcha; si la justicia le pone precio a la vida de Lorena, la sentencia de muerte queda firmada por quienes juraron protegerla.