En el 39° Encuentro Plurinacional, los nombres de quienes murieron bajo custodia de las fuerzas de seguridad desafían el silencio oficial. En el centro de las denuncias, el caso de Mónica Mego expone cómo la desatención médica deliberada y el castigo penitenciario en la Unidad 32 operaron como una condena de hecho.
En la esquina cordobesa de General Paz y Tablada, el asfalto vibra con la urgencia de quienes no tienen tiempo para el olvido. Entre el brillo de la bandera trans, el arcoíris y la wiphala andina, una remera resume un grito que viajó cientos de kilómetros: «Justicia por Sofía Fernández: fue travesticidio, cárcel común para los 10 policías». En esa plazoleta donde confluyó el Encotrolazo —convocado por la Asamblea de Disidencias Sexuales de Córdoba—, los cuerpos que desbordan el molde hegemónico se reúnen para disputar el relato de la violencia estatal.
La postal de la calle no es un homenaje abstracto; es un inventario del dolor y la impunidad. Allí se denunciaron cuatro muertes ocurridas en comisarías y penales que trazan una misma geografía represiva: el asesinato en abril de 2023 de Sofía Fernández (39) en la Comisaría 5ª de Pilar; la muerte no esclarecida de Fernanda Arias (34) en la seccional 2ª de Rosario de Lerma, Salta, en noviembre de 2025; el crimen de Samuel Tobares (34) en la ruta 38 por parte de agentes cordobeses en diciembre de 2025; y el deterioro fatal de Mónica Mego (36), una mujer trans y migrante peruana que entró caminando y sin condena al encierro penitenciario bonaerense y murió tras meses de desidia sistemática.
«Los crímenes de odio de esta índole son la expresión más descarnada de un deseo del Estado respecto de qué vidas pueden ser vividas y cómo, y cuáles están de sobra», sintetizó en la plaza Quimey Ramos, de la Comisión de Justicia por Sofía Fernández. La asimetría es brutal: mientras a los agentes imputados el propio Ministerio de Seguridad bonaerense les garantiza abogados y peritos policiales en actividad para sostener hipótesis de suicidio, las familias y las organizaciones deben batallar desde el llano para desarmar la versión corporativa.
Pero si hay un territorio donde la maquinaria punitiva mostró su faz más desaprensiva y deshumanizante, fue entre los muros de la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela.
La agonía administrada en la Unidad 32
Mónica Mego fue detenida e imputada por presunto narcomenudeo. Jamás tuvo una sentencia firme: formaba parte de ese 86 % de personas trans presas sin condena en la provincia de Buenos Aires, en un contexto donde el encarcelamiento del colectivo trepó un 36 % entre 2017 y 2018 impulsado por políticas de mano dura. La mayoría de ellas terminaban hacinadas en la Unidad 32 de Florencio Varela. «En las cárceles hay una triple discriminación: ser travesti, migrantes y pobres», advertía entonces Claudia Vásquez Haro desde Otrans, recordando que en ese mismo penal ya había muerto Pamela Macedo Panduro.
La cronología del derrumbe físico de Mónica en Florencio Varela está minuciosamente documentada en sede judicial. Alojada en el pabellón 11 de diversidad del módulo C, Mónica llevaba meses advirtiendo dolores intensos en la columna que habían comenzado en la Alcaidía de Olmos. La única respuesta institucional durante medio año consistió en suministrarle paracetamol e ibuprofeno.
El cuadro era una infección por tuberculosis que avanzaba sin diagnóstico y carcomía su médula espinal. Cuando ya no podía tenerse en pie, sus compañeras de pabellón iniciaron una huelga de hambre para exigir que la trasladaran a un hospital. La réplica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no fue sanitaria, sino disciplinaria: la encerraron en un «buzón» —una celda de castigo y aislamiento— dejándola horas sin asistencia.
El 21 de mayo de 2019, cuando una compañera intentó levantarla en el área de sanidad, las piernas no le respondieron más. «Se me murió el cuerpo totalmente», dejó asentado Mónica en su denuncia penal. La derivación externa no provino de la jefatura ni de los médicos a cargo, sino del reclamo de una enfermera, Vanesa Ramírez, ante la gravedad evidente del cuadro. Cuando finalmente la operaron de urgencia en el Hospital San Martín de La Plata por un absceso epidural medular, el daño era irreversible: no volvería a caminar y dependería de una sonda y pañales de por vida. Al regresar a la unidad, lejos de garantizarle cuidados, la volvieron a ingresar al «buzón», agravando sus padecimientos con escaras e infecciones por falta de rotación.
El cerco judicial y la «pena natural»
Frente a la denuncia impulsada por la defensa y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) —en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura—, la corporación penitenciaria respondió intentando amedrentar a quienes intervenían: la cúpula del SPB llegó a denunciar penalmente al defensor de Casación Mario Coriolano por haber visitado a Mónica en su lecho, maniobra que motivó la intervención del entonces presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari, exhortando a no entorpecer la labor de los organismos de derechos humanos.
A fines de 2021, la Justicia dictó el sobreseimiento de Mónica. La figura legal aplicada fue la doctrina de la «pena natural»: los tribunales consideraron que el calvario corporal que había sufrido en prisión tornaba innecesaria e inhumana cualquier pena estatal. Cuatro meses después, en marzo de 2022, Mónica falleció a los 36 años a raíz de las secuelas irreversibles de aquella desatención. El Estado le reconoció el daño sólo para cerrar su causa, pero el cuerpo ya estaba destruido.
Hoy, la investigación penal que busca juzgar a los responsables directos de esa muerte aguarda el juicio oral tras el pedido formal de elevación presentado por el fiscal Christian Granados, titular de la UFI N° 9 Descentralizada de Florencio Varela. En la causa se encuentran procesados e imputados siete integrantes del SPB:
- Juan Manuel González, quien se desempeñaba como jefe de la Sección de Control del área de asistencia y tratamiento de la UP 32, imputado por abandono de persona calificado por las lesiones, severidades y vejaciones. La acusación le reprocha haber retardado conscientemente su traslado a un centro de mayor complejidad médica y haberla sometido a tratos humillantes y castigos en celdas de aislamiento.
- Seis profesionales médicos del complejo penitenciario de Florencio Varela (UP 32 y UP 23) —Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán—, procesados por lesiones culposas.
El dictamen judicial se sustenta en las conclusiones de una junta médica pericial que determinó que los profesionales penitenciarios incurrieron en una «subvaloración del cuadro clínico», actuaron de forma «desaprensiva» y, al violar los deberes objetivos de cuidado, incrementaron un riesgo para la paciente que pudo haber sido evitado.
En las calles de Córdoba, mientras las columnas avanzan en la Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios, la memoria insiste en no clausurar las historias en las fojas judiciales. Como recordó la activista salteña Pía Ceballos en el Encotrolazo: «Nuestras vidas no comienzan con una noticia policial. Necesitamos recuperar la memoria de nuestras vidas, no solo nuestras muertes».
La pregunta que resonó en la plaza cordobesa sigue interpelando las rejas de Florencio Varela: ¿qué hace el Estado con las personas que toma bajo su custodia cuando sus identidades desafían la norma, y hasta qué punto la desidia institucional es, en realidad, una forma velada de ejecución?