Cuando la Justicia puede volverse una amenaza para las víctimas es un claro síntoma de que el sistema Judicial está podrido. Cuando una senadora y una diputada proponen avanzar con la criminalización de quien denuncia es señal de la incapacidad de quienes ocupan una banca para cumplir sus funciones. Cuando se pretende castigar a las personas que acuden a la Justicia por violencia en lugar de a quienes ejercen esa violencia, son las mismas víctimas las que levantan sus voces en cuanto espacio encuentran, de la manera que les sale y los tiempos que encuentran. Antonella Vallejos, referenta de la diversidad en Florencio Varela, aporta su voz en este momento crucial.
«La persona que abuso sexualmente de mí fue mi propio tío, cuando pude y como pude se lo conté a mi tía, pero no me creyó, es más, aún no me cree porque convive con él», con esta frase contundente, decidí arrancar lo que no sería una entrevista más ni mucho menos una nota periodística objetiva, mas -definitivamente- merecía ser publicado. ¡¿Cómo podría serlo si estamos hablando de lo que vivió una amiga en su infancia?! ¿Alguien puede ser imparcial ante esto?
En el primer trimestre de 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) recibió 712 denuncias por las que resultaron afectados 958 niñas, niños y adolescentes (NNyA) por situaciones de violencia doméstica. Esto equivale a un promedio de 11 NNyA afectados por día.
«Con el tiempo me fui dando cuenta, escuchando el relato de otras mujeres, me decía a mi misma, eso me está pasando a mí también», las palabras dejaron de salir de su boca y el tiempo de ambas no pareció ser el mismo. No soy de esas personas super empáticas que puede entender los silencios a la perfección. Para mí, fue una eternidad; para ella debe haber sido un chispazo cronológico. «Después, cuando me fui interiorizado en la lucha de las mujeres entendí que no solo fui víctima de un abuso, sino que se podía denunciar ese tipo de violencias».
La edad promedio de los y las afectados/as fue de 9 años, este año, un 51% eran de sexo femenino y 49% masculino. En el 80% de los casos relevados, las personas denunciadas fueron los progenitores de los NNyA afectados. En el 67%, los padres; en el 33%, las madres.
«Si pudieras volver en el tiempo y encontrarte con tu yo infante…» comencé a balbucear en un intento de vaya a saber bien qué.
«Intentaría buscar las maneras de llevarme de este momento (de ahora) las herramientas que adquirí para poder hacer las cosas de otra manera, sin dudas», me respondió ella.
¿Qué tan podrida está nuestra sociedad que nuestros pibes abusados pueden llegar a sentir culpa, vergüenza y callar? ¿Cuánto mal nos hemos hecho -como sociedad- que las víctimas se mortifican por no haber podido actuar distinto?
La mayoría de los episodios de violencia sufrida por menores y denunciados (54%) tuvieron una frecuencia diaria o semanal, y el riesgo fue evaluado como altísimo y alto en el 35% de los casos. El equipo médico de la OVD constató lesiones en 25 niños, niñas y adolescentes.
Joven, alta, bella, así es ella. Creo que nunca le he visto retroceder… Y sin embargo ahí estaba. Vulnerable por dentro, con heridas que pocos conocían, intentando sostener a otros mientras ella es su propio pilar.
«Yo supongo que los episodios de pánico son parte de ese momento tan terrible que viví. Hoy lo puedo sentir en el cuerpo más intenso que nunca», aseguró.
Dolor en el pecho. Dificultad para respirar, sensación de falta de aire. Latidos cardíacos rápidos y fuertes. Mareos, desmayos. Temblores, sudoración. Náuseas, dolor de estómago. Hormigueo, entumecimiento. Desconexión, perdida de control. Sensación de fatalidad… Ataque de pánico, un episodio repentino e intenso de miedo o ansiedad. Suelen ocurrir cuando no hay peligro inmediato. Son especialmente comunes entre las sobrevivientes de violencia sexual.
Según la revista académica de la American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC), un 60,4% de las mujeres no reconocieron su experiencia de abuso en su adolescencia como violación a pesar de que encajaba en la definición.
«Decidí hacerlo público ahora, luego de un gran trabajo de análisis y donde cuento con un espacio donde me siento no solo abrazada, sino también puedo darme cuenta de este tipo de cosas que están alojadas ahí en alguna parte del subconsciente», afirmó ella.
En Argentina, la falta de un sistema judicial que elimine la revictimización no hace fácil el transitar de quienes desean denunciar. Mas todo empeora hoy con los proyectos presentados en ambas Cámaras del Congreso de la Nación bajo la autoría de las legisladoras, senadora Carolina Losada, y diputada Lilia Lemoine , que proponen modificar múltiples artículos del Código Penal y Procesal Penal, con agravantes que recaen precisamente sobre quienes denuncian delitos especialmente complejos de probar, como el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes alcanzando a profesionales que acompañan el proceso judicial y hasta a medios que difundan las denuncias. En la práctica no solo podría traducirse en una traba más para las víctimas sino que -en lo inmediato-implica un desconocimiento del Código Penal argentino que ya sanciona la falsa denuncia (art. 245) y el falso testimonio (art. 275).
«Al principio dudé, no puedo negar eso, por una cuestión social; pero al soltarlo me encontré con algo más increíble: el relato de otras personas» se alegró y se dió ánimo «¡Que poder que tiene la palabra!… Y más aún cuando informamos, es momento de desnaturalizar la violencia».
En la Argentina, 1 de cada 10 mujeres adultas (de 18 a 49 años) declara haber sufrido violencia sexual durante su niñez (MICS 2019- 2020). El 81,1% de los agresores eran de género masculino; y en el 74,2% de los casos, del entorno familiar o cercano de la víctima. Estos datos solo representan un piso mínimo en la problemática de la violencia sexual contra niñas y niños. Debido a que la mayoría de las situaciones se producen dentro del entorno familiar o cercano muchos casos no son detectados ni denunciados, y, por el contrario, se mantienen ocultos y silenciados.
Estremece el alma tan solo imaginar estos peques que no tienen más que sus vivencias para denunciar, con tantos cuestionamientos que ponen los adultos en la difícil tarea de corroborar, en la soledad que ampara al victimario e impide la presencia de testigos que socorran, sin -muchas veces- evidencias físicas a presentar ante un juzgado.
«Puedo acordarme perfectamente de todos los episodios de mi vida, divididos en fragmentos que se reinventan constantemente, no soy la misma persona que fui ayer», afirmó.
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, es un delito silenciado ampliamente, si bien las denuncias han aumentado notoriamente, solo en Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se denunciaron 485 casos; en 2012, 540 casos y en 2013, 581 víctimas, según la Revista Jurídica de San Isidro y agrega que un 62% de los niños abusados no pidió ayuda, el 22% la pidió y no la recibió o fue inadecuada. Un escaso 16% pidió ayuda y fue creído. La dificultad de develar se relaciona con la dificultad de denunciar; especialmente cuando se trata del progenitor o familiar cercano.
«Cuando lo conté nadie me creyó», se lamentó ella.
Los datos disponibles son concluyentes: la mayoría de las denuncias por abuso sexual no son falsas. Por el contrario, la mayoría ni siquiera llegan a la Justicia. Distintos organismos nacionales e internacionales estiman que solo el 10% de los abusos sexuales son denunciados, y de ese universo, una mínima proporción concluye con una condena efectiva.
«Dejo una huella muy marcada y hoy se reproduce en mis relaciones con los hombres, por ejemplo. No es algo muy bonito de vivirlo», afirmó con pena.
Sin embargo, el dedo acusador que machaca -como si de prueba concluyente se tratara- con el «¿y por qué no denunciaste antes?» o «hay que ver porqué lo hace ahora».
La República Argentina es parte de múltiples tratados que exigen al Estado garantizar el acceso efectivo a la justicia sin represalias para las víctimas, incluyendo: la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), ratificada por Ley 23179; la Convención de Belém do Pará, ratificada por Ley 24632; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
«Siempre luché por el respeto, la libertad, el amor, y la justicia… ‘¿por qué tenía que callar un hecho así? Yo no decidí encadenarme a ese recuerdo, pero sí pude romper esa cadena», sentenció y compartió conmigo «Siento que es momento de que se encargue la justicia. Momento en que podamos mejorar como sociedad y también en lo personal seguir reinventadome».
Y no pude más que abrazarla y al hacerlo, extender ese estrujón de almas con todas las víctimas pues no podemos ni debemos permitir que se legisle desde el prejuicio, y no desde los derechos, pues la Justicia que no protege deja de horrar su nombre.