En 2015, el entonces intendente Julio Pereyra y el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, firmaron un convenio que habilitó la donación de tierras municipales para construir una escuela técnica en San Francisco Grande (Villa Brown). La obra se inició, pero nunca se terminó. En 2024, un nuevo acuerdo fue firmado por el intendente Andrés Watson, el gobernador Axel Kicillof y el rector de la UNAJ Arnaldo Medina. A febrero de 2026, el predio sigue ocupado por un edificio inconcluso, en un contexto nacional de fuertes tensiones por el financiamiento universitario y con crecientes reclamos vecinales por abandono e inseguridad.
Un convenio con nombre, fecha y destino preciso
El 14 de agosto de 2015, el Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela sancionó la Ordenanza N.º 8.705/15, que autorizó al Departamento Ejecutivo municipal —entonces encabezado por Julio Pereyra— a donar a la Universidad Nacional Arturo Jauretche un predio ubicado en calle 1420 s/n° entre 1413 y 1423, barrio San Francisco Grande (Villa Brown).
El acuerdo, firmado con la UNAJ bajo el rectorado de Ernesto Villanueva, tenía un objeto explícito: la construcción de una Escuela Secundaria UNAJ, es decir, una institución pública de orientación técnica vinculada al entramado universitario.
La ordenanza estableció condiciones claras. El inmueble se donaba con cargo, y ante el incumplimiento del destino educativo previsto, el dominio debía revertir al Municipio de Florencio Varela, sin compensación por las mejoras realizadas. La normativa también declaró de interés social la escrituración del bien, subrayando la relevancia pública del proyecto.
No se trató, por lo tanto, de una iniciativa informal ni de una promesa discursiva, sino de un acto administrativo concreto, con respaldo normativo y responsabilidades institucionales definidas.
La obra que comenzó y quedó detenida
La construcción se inició. La estructura de gran escala que aún permanece en pie en el predio da cuenta de un proyecto avanzado en términos materiales. Sin embargo, la obra nunca fue concluida.
No existen registros públicos que indiquen la inauguración, habilitación o funcionamiento de una escuela en ese lugar. Tampoco figura en los listados oficiales actuales de establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires ninguna institución con domicilio legal en esa dirección.
Con el correr de los años, el edificio quedó inmerso en el abandono, sin cartelería institucional, sin información pública accesible sobre el estado del convenio original ni sobre las razones de la paralización del proyecto.
Un nuevo acuerdo en un escenario distinto
En diciembre de 2024, casi una década después del primer convenio, el intendente Andrés Watson, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el rector de la UNAJ Arnaldo Medina firmaron un nuevo acuerdo para la construcción de la Escuela Técnica Universitaria en el barrio San Francisco.
El anuncio se inscribió en una política provincial de fortalecimiento de la educación técnica y universitaria, y fue presentado como una respuesta a la demanda educativa del distrito. Sin embargo, no se explicitó públicamente cómo ese nuevo convenio se articulaba con la obra iniciada en 2015, ni qué destino tendría el edificio ya construido parcialmente en la calle 1420.
El contexto nacional: universidades bajo presión presupuestaria
La falta de avances no puede analizarse por fuera del contexto nacional que atraviesa el sistema universitario público. En diciembre de 2025, la Justicia federal falló a favor de las universidades nacionales y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que su implementación fuera suspendida de hecho.
El fallo, celebrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), obligó al gobierno nacional a restablecer partidas presupuestarias, actualizar salarios docentes y no docentes y recomponer fondos esenciales para el funcionamiento universitario. La resolución judicial dejó al descubierto un conflicto estructural: universidades con proyectos en marcha, pero sin previsibilidad financiera sostenida.
Este escenario de restricciones presupuestarias y disputas políticas impacta directamente en la capacidad de las universidades nacionales para sostener obras de infraestructura educativa, en especial aquellas que dependen de convenios interjurisdiccionales con municipios y provincias.
Sin embargo, el contexto nacional no anula ni reemplaza las responsabilidades asumidas en los acuerdos firmados a nivel local.
Febrero de 2026: el edificio, el barrio y el reclamo
Hoy, 4 de febrero de 2026, el predio de calle 1420 entre 1413 y 1423, San Francisco Grande (Villa Brown) alberga un mega edificio inconcluso, en una zona de baja densidad poblacional, con calles de tierra, pastizales altos y ausencia de veredas formales.
Vecinos y vecinas del barrio advierten que el abandono del lugar genera condiciones que incrementan la sensación de inseguridad, ya que personas se esconderían entre la vegetación o dentro de la estructura para sorprender a quienes deben transitar por la zona. No existen estadísticas oficiales ni sentencias judiciales que permitan confirmar hechos delictivos específicos vinculados al predio, pero el reclamo por mantenimiento, iluminación y uso social del espacio es persistente en los mensajes que nuestros lectores nos hacen llegar.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el impacto no es neutro: la falta de información pública, de control y de cuidado del espacio afecta especialmente a quienes deben circular cotidianamente por el barrio, en particular mujeres, personas mayores y jóvenes estudiantes.
Entre la promesa y la responsabilidad
La historia de la escuela técnica de Villa Brown atraviesa dos intendencias, dos rectorados universitarios y distintos momentos de la política educativa provincial y nacional. En 2015 hubo un convenio con destino claro. En 2024, un nuevo anuncio. En 2026, un edificio que sigue sin cumplir la función para la que fue concebido.
El contexto presupuestario nacional explica parte de las dificultades, pero no borra el peso de las decisiones políticas ni la obligación de dar explicaciones públicas. La ordenanza de 2015 sigue siendo un antecedente vigente que interpela al Estado municipal y a la universidad sobre el cumplimiento —o no— del cargo asumido.
Mientras tanto, en Villa Brown, la escuela técnica prometida continúa siendo una estructura vacía, y el derecho a la educación que motivó su construcción sigue, para muchos vecinos y vecinas, en estado de espera.