Paula Blanco fue testigo clave en el juicio que condenó al exconcejal de Florencio Varela Daniel Zisuela. Tiempo después del fallo, su hermano apareció muerto cuando estaba por concretarse una cámara oculta que —según su testimonio— iba a exponer el intento de soborno para que cambiara su declaración. Vive con custodia federal intermitente y denuncia amenazas persistentes. Sostiene que información sobre sus movimientos habría sido filtrada por la policía a una de las procesadas en la causa Zisuela II. Su madre, Alicia Díaz, según Paula, denunció durante años la corrupción del Consejo Escolar y, cuando necesitó oxígeno por una enfermedad se lo habrían negado desde el área de salud local. Aun con el principal condenado muerto en prisión, asegura que sigue sobreviviendo y afirma tener pruebas de que jueces y fiscales están implicados en la trama.
En septiembre de 2021, el Tribunal Oral Criminal N°2 de Quilmes condenó por unanimidad al exconcejal peronista de Florencio Varela Ernesto Daniel Zisuela a 13 años de prisión por los delitos de promoción de la corrupción y prostitución de menores de 18 años, agravados por amenazas, intimidación y el aprovechamiento de la situación de extrema vulnerabilidad de las víctimas.
Durante al menos cinco años, Zisuela explotó sexualmente a adolescentes de 15 y 16 años en situación de pobreza, en una red que —según quedó probado en el juicio— involucró a dirigentes políticos, sindicales y empresarios locales que pagaban para abusar de menores de edad.
Una de las voces centrales de ese proceso judicial fue Paula Blanco, sobreviviente y testigo. Su declaración fue clave para reconstruir el funcionamiento de la red y lograr la condena. Sin embargo, el fallo no trajo reparación ni seguridad. Zisuela murió el 29 de enero de 2025, a los 64 años, tras sufrir una descompensación en la Unidad Penitenciaria N°31 de La Capilla, mientras cumplía su condena. Para Paula, la muerte del condenado no cerró nada.
“Tomé la decisión de romper el silencio por todas las cosas horribles que un ser humano puede aguantar durante tanto tiempo”, dice hoy. “En un momento sentí, como mujer y como ser humano, que había esperanza de que terminara la pesadilla que había aguantado tantos años y que podía salvar a otras chicas y mujeres que lamentablemente había conocido en la misma situación que yo”.
Creyó que la justicia marcaría un final.
“Pensé que nuestra pesadilla había terminado, que por fin la justicia nos iba a rescatar, pero fue el comienzo de las consecuencias de mi decisión”.
El precio de hablar
Para Paula, denunciar no significó alivio, sino una forma distinta y persistente de violencia.
“Lo más duro de estos años fueron las cosas que pasaron después: los traumas, las noches sin dormir, tener miedo, no comer, llorar, no poder tener confianza ni relacionarte con la sociedad”, relata. “Cuando parece que sos vos la culpable de todo, cuando te ponen el cartel de prostituta, literalmente pasás a pagar una condena sin tener ninguna responsabilidad”.
Habla de pérdidas que no figuran en ningún expediente judicial.
“Se rompe una familia. En muchos momentos de mi vida sentí que ya no tenía sentido seguir viviendo. Tuve muchas complicaciones a nivel psicológico. Yo nunca voy a volver a ser la persona que fui”.
Sigue viva, explica, por una sola razón:
“Solo sobrevivo porque no deseo que mis hijos pasen cosas de las que ya han pasado por culpa de estas personas nefastas”.
Un sistema que sigue intacto
Con el paso del tiempo, Paula dejó de pensar el caso como un hecho aislado.
“Me di cuenta de que la explotación sexual se daba con total impunidad, con complicidad del poder judicial y municipal”, afirma. “En Varela lamentablemente no existe la justicia. Todos los casos de muerte, narcotráfico y trata siguen existiendo”.
Su diagnóstico es estructural.
“El silencio, la complicidad, el amiguismo y el dinero de los poderosos: todos iguales. Nada cambió. Es un sistema que te deja sola, no le importa la vida de nadie y tampoco brinda ayuda alguna. Todo es consecuencia de haber tomado la decisión de denunciar”.
A más de cuatro años del juicio, su balance es devastador.
“Siento que no cambió nada. Todo sigue igual o peor y tampoco creo que cambie, porque las mujeres somos de bajos recursos económicos. A mí me arruinaron la vida, como a muchas”.
Agrega que el silencio de otras víctimas también tiene causas concretas.
“Hay muchas chicas que no hablan por miedo y porque las compraron con dinero, pero por sobre todas las cosas resalto el abandono total del Estado”.
Custodia intermitente y una muerte sin respuestas
Paula tiene custodia federal, pero no permanente.
“Viene cada vez que se acuerdan”, dice.
En noviembre de 2021, un mes después del juicio, su hermano Marcelo Blanco apareció muerto.
“Estaba acordada una cámara oculta porque me ofrecieron dinero, casa y auto a cambio de que me cambiaran la declaración testimonial. No se pudo hacer porque mi hermano apareció muerto. Ese día iba a haber más detenidos”.
Desde entonces, asegura, nunca pudo reconstruirse.
“Yo no me reconstruí. Estoy sobreviviendo”.
Las amenazas no cesaron.
“Se cansaron de amenazarme, de golpearme. La policía bonaerense le pasaba información mía a la procesada Mirta Rojas, y así un montón de cosas más”.
Apunta directamente a la investigación judicial por la muerte de su hermano.
“El fiscal Darío Provisionato no investigó como corresponde la muerte de mi hermano. En el expediente hay muchísimos errores. Me entregaron a mi hermano podrido. Yo estoy segura de que lo mataron”.
La culpa también forma parte del daño.
“Siento que por mi culpa perdió la vida mi hermano. No sirve recurrir a la justicia porque realmente no te protege. Las consecuencias por denunciar a los poderosos fueron muy altas”.
Habla de una familia destruida.
“Tengo una familia destrozada, niños que perdieron a su papá. Jamás se recupera uno de tanto daño”.
Y agrega una convicción que sigue generando controversia:
“Yo no creo que Daniel Zisuela esté muerto”.
La causa que sigue abierta
Aunque Zisuela fue condenado y murió en prisión, la trama judicial continúa.
En marzo de 2025, el fiscal Daniel Ichazo pidió elevar a juicio la causa N° 13-01-10197-19, que involucra a funcionarios municipales, dirigentes políticos, referentes sociales, abogados y empresarios de la noche de Florencio Varela.
La elevación a juicio quedó en manos del juez Alejandro Mora, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Berazategui.
Paula observa el proceso con desconfianza.
“Las consecuencias por denunciar a los poderosos quedan impunes. Después de todo, te cierran las puertas de todos lados”.
Vivir donde todo ocurrió
Seguir viviendo en Florencio Varela es, para ella, una condena permanente.
“Es estar en el infierno. Es estar condenada a que te pase cualquier cosa”, dice. “Todos te miran como si tuvieras lepra o tuberculosis. Tenés que estar asustada todo el tiempo”.
Incluso el acceso a la salud se volvió una barrera.
“El sistema de salud te lo niega. Tengo que ir a otro distrito para poder acceder”.
Recuerda lo que ocurrió con su madre.
“Mi mamá estaba pasando por una enfermedad y hasta le habían negado el oxígeno. El señor Tripicio no le mandaba la ambulancia porque argumentaban que tenía obra social, cuando sabían que no funcionaba”.
Su madre, Alicia Díaz, había denunciado durante años la corrupción del Consejo Escolar de Florencio Varela.
“Eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy”, sostiene.
Después de contar la verdad, lo que encontró fue silencio.
“El silencio y la indiferencia frente a algo tan grave que sigue sucediendo. Todas las puertas se te cierran y no tenés dónde solicitar ayuda”.
Aclara:
“Hay jueces y fiscales implicados. No voy a entrar en detalles, solo voy a decir que tengo pruebas de mis dichos”.
Qué le diría a otra mujer
Paula responde con crudeza.
“Si una mujer adulta o una niña menor está pasando algo similar, le aconsejo que lo piense varias veces antes de denunciar. Estamos condenadas a callarnos porque podemos perder la vida o la de un familiar, y nadie —pero nadie— te va a dar la mano”.
Hace una excepción que subraya con énfasis.
“Las niñas menores deben buscar ayuda en la escuela, con las docentes. Ahí hay contención y van a saber guiarlas para que no las dejen solas”.
Y agrega:
“Yo tuve que callar muchísimas cosas por haber tomado la decisión de denunciar”.
“No le deseo a nadie lo que yo viví”
Cuando se le pregunta qué necesita hoy, Paula no habla solo de ella.
“Necesito justicia. Que termine esta discriminación, este silencio y desprecio. Que el Estado se haga responsable del daño que causaron”.
Habla de futuro y de generaciones.
“Que nos miren como seres humanos. Que el sistema cambie para los que vienen después”.
Recuerda nuevamente a su madre.
“Trabajó más de 30 años en el Consejo Escolar y ni un lugarcito en el cementerio nos otorgaron. Tuvimos que hacer una colecta”.
La nombra con orgullo.
“Alicia Díaz, mi madre. La que siempre denunció la corrupción, la que nunca se vendió, la que me salvó la vida muchísimas veces”.
Hoy, Paula vive con necesidades materiales urgentes.
“Recibo un sueldo muy bajo, no llego a fin de mes ni a costear mis tratamientos, que fueron causados por esta gente que arruina la vida de las personas más vulnerables”.
Antes de terminar, dice algo que no suena a consigna, sino a ruego:
“Deseo de todo corazón que esto cambie. No le deseo a nadie, pero a nadie, lo que yo pasé y sigo pasando por ser pobre y de bajos recursos”.