Ofrecimientos y coordinaciones para vender pirotecnia a través de redes sociales vuelven a circular en Florencio Varela, en un municipio donde la normativa prohíbe su comercialización fuera de estrictas condiciones. La práctica reabre alertas sobre seguridad, control estatal y memoria colectiva, en una comunidad marcada por una tragedia que aún resuena.
En las últimas semanas, en redes sociales —especialmente en Marketplace de Facebook y en grupos locales de compra y venta— se detectaron publicaciones que ofrecen pirotecnia y coordinan encuentros presenciales para concretar transacciones en la vía pública dentro de Florencio Varela.
Las publicaciones no aportan información verificable sobre el origen de los productos, las condiciones de almacenamiento, la habilitación de quienes los ofrecen ni los recaudos de seguridad durante la operación. Tampoco es posible confirmar si las personas que venden pirotecnia son comerciantes habilitados de otros rubros o particulares. Esa ausencia de datos impide determinar si las operaciones se ajustan a la normativa vigente.
Un dato que genera especial inquietud es que parte de estos intercambios se producen en grupos de compraventa de la región donde años atrás ocurrió una tragedia vinculada al acopio ilegal de pirotecnia. No existe información pública que permita afirmar que se trate de las mismas personas ni de idénticas prácticas, pero la coincidencia territorial vuelve a activar temores persistentes en la comunidad.
Qué permite y qué prohíbe la normativa local sobre pirotecnia
Florencio Varela cuenta con un marco normativo específico que regula la pirotecnia. La ordenanza municipal establece en su Artículo 1° la prohibición de la tenencia, el depósito, la comercialización y la venta —minorista y mayorista— de todo elemento de pirotecnia y cohetería que no se adecue a sus disposiciones.
El Artículo 2° define como elementos pirotécnicos a toda composición explosiva o dispositivo preparado para producir efectos visibles, audibles y/o mecánicos mediante combustión o explosión. Los artículos siguientes fijan condiciones estrictas para la habilitación de fábricas y comercios, remiten a la normativa provincial y nacional vigente y establecen que la venta minorista sólo puede realizarse en locales expresamente habilitados para ese único rubro.
En este marco, la compraventa informal coordinada por redes sociales y concretada en espacios públicos o domicilios particulares aparece, al menos desde el punto de vista normativo, por fuera de las condiciones previstas por la ordenanza local.
Una explosión que cambió para siempre la discusión en Varela
La regulación vigente no es un mero formalismo administrativo. En Florencio Varela, la pirotecnia está asociada a una tragedia que dejó una marca profunda en la memoria colectiva.
El 2 de enero de 2004, el comercio El Rey de la Oferta, ubicado en Ombú al 600, en la zona de Km 26, explotó mientras funcionaba como local de venta. De acuerdo con lo establecido en la investigación judicial, en el lugar se comercializaba pirotecnia de manera ilegal. La explosión provocó la muerte de cinco personas y dejó más de una decena de heridos.
El propietario del comercio, Carlos Sotier, se dio a la fuga y fue detenido días después. En el marco de la causa, la Justicia investigó también a 15 inspectores municipales en relación con posibles irregularidades en los controles y habilitaciones del local. El proceso judicial buscó determinar responsabilidades administrativas y penales en un contexto de fuerte conmoción social.
Este episodio local se inscribió, además, en un escenario nacional atravesado poco tiempo después por la tragedia de República Cromañón -donde fallecieron 14 vecinos varelenses-, que terminó de exponer los riesgos asociados al uso y la comercialización irresponsable de materiales pirotécnicos y explosivos.
Seguridad, salud y convivencia: el impacto más allá de lo legal
Más allá del encuadre normativo, la circulación y el uso de pirotecnia involucran dimensiones centrales de derechos humanos. La seguridad pública, la salud y la convivencia urbana se ven directamente afectadas, en particular en lo que respecta a niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad.
La comercialización informal dificulta cualquier control estatal sobre el almacenamiento, el transporte y la manipulación de estos elementos, y expone tanto a quienes participan de la transacción como a terceros ajenos a ella. En zonas densamente pobladas, estos riesgos se amplifican y adquieren una dimensión colectiva.
Sentido común
La reaparición de ofertas de pirotecnia en redes sociales no puede leerse como un hecho aislado ni anecdótico. Ocurre en un distrito con una normativa clara, con antecedentes trágicos documentados y con una memoria social atravesada por pérdidas irreparables.
La regulación no es producto de un criterio arbitrario: es la respuesta institucional a muertes concretas, a fallas de control y a daños que marcaron a toda una comunidad. Por eso, cada publicación que ofrece pirotecnia sin información verificable, sin habilitación visible y fuera de los canales formales vuelve a encender una señal de alerta.
En Florencio Varela, el debate no se reduce a la venta o al uso de pirotecnia, sino a una pregunta más profunda: cómo se protege la vida, la seguridad y los derechos de quienes habitan el distrito. Recordar lo ocurrido no implica quedar anclados en el pasado, sino entender por qué ciertas normas existen y por qué su cumplimiento sigue siendo una cuestión de interés público.