Con la Línea 148 paralizada por un conflicto prolongado, el corredor Florencio Varela–Constitución funciona desde hace semanas bajo un esquema informal y fragmentado. Combis, autos particulares y unidades sin identificación clara ocupan el lugar del transporte regular, en un escenario que expone tensiones entre la urgencia social, la regulación estatal y la seguridad de quienes viajan, al punto que la empresa La Colorada debió advertir públicamente que hay colectivos que circulan con su imagen sin pertenecer a su flota.
El Decreto Municipal 40/26 fue una decisión exclusiva del Departamento Ejecutivo, adoptada por el intendente Andrés Watson ante el paro prolongado de la Línea 148. La norma declaró la emergencia en el transporte público comunal y habilitó herramientas excepcionales para garantizar un piso mínimo de movilidad: rediseño de recorridos, implementación de servicios troncales, contratación directa de prestadores y autorización de unidades alternativas —como transporte escolar, turístico o privado— ante situaciones críticas.
El Honorable Concejo Deliberante convalidó posteriormente el decreto por unanimidad. Durante ese tratamiento, desde la oposición se dejó expresamente asentado que el acompañamiento no implicaba otorgar un “cheque en blanco” al Ejecutivo, mientras que desde la presidencia del HCD —del mismo espacio político que el intendente— se defendió la necesidad de validar la emergencia para evitar la parálisis total del sistema.
La convalidación legislativa, sin embargo, no trasladó al HCD la responsabilidad operativa: la implementación, el control y la fiscalización de lo habilitado por la emergencia permanecen bajo la órbita directa del Ejecutivo municipal.
La emergencia en la calle: testimonios que describen el desborde
En la práctica, el corredor La Capilla–Constitución quedó en manos de un entramado informal que opera por fuera de cualquier esquema público de información verificable.
Una fuente con años de experiencia en este tipo de servicios, que pidió reserva de identidad, describió a El Vespertino:
“Circulan aproximadamente 17 combis y algunos micros o colectivos particulares que aparecen y salen sin un esquema fijo. Entre ellos se ponen de acuerdo para salir cada diez minutos. Cobran 2.000 pesos entre Varela y La Capilla. Muchos autos particulares también cobran 2.000 pesos. Llegan, se detienen, gritan ‘Varela’, suben cuatro personas y salen. En la estación hacen lo mismo. Es decir, los autos que van y vienen también viajan a Capital y utilizan la parada del 148”.
Los comentarios de vecinos y vecinas refuerzan ese diagnóstico.
Eugenio Barreto Maqueda señaló:
“A partir de las tres y media de la mañana ya circulan las combis”.
Carballo Paco precisó el punto de partida en la Ciudad de Buenos Aires:
“Funcionan hasta las 12. Salen desde donde antes lo hacía el 148, en la zona del cementerio de Constitución, justo donde está la panchera”.
Gonzalo Nahuel describió otra de las alternativas que surgieron ante la falta del colectivo:
“También están los taxis que salen desde Constitución, que cobran hasta 7.000 pesos por persona y te dejan en la puerta de tu casa”.
Los testimonios describen horarios extendidos, cobros fijos por pasajero y el uso de paradas históricas del 148, sin señalización oficial ni información pública sobre habilitaciones, seguros o controles.
Cuando la excepción habilita el engaño
La situación se volvió aún más delicada cuando la Compañía de Microómnibus La Colorada S.A.C.I., operadora de la Línea 178, emitió un comunicado oficial para aclarar que determinados colectivos que circulan por Florencio Varela no pertenecen a su flota, pese a presentar colores, numeración interna e insignias similares.
Según informó la empresa, los vehículos con dominios LMH 404, LMH 406 y JZF 966 no forman parte de La Colorada desde diciembre de 2025, aunque se los ha visto transportando pasajeros. La firma no formuló denuncias penales ni imputaciones, pero la advertencia generó preocupación entre vecinos y vecinas que pueden subir a estas unidades creyendo que se trata de un servicio regular conocido.
Inseguridad sin necesidad de delito
No existen, hasta el momento, elementos públicos que permitan afirmar la comisión de delitos. La implementación del decreto «está en suspenso todavía», segun afirma una edil. Esto conlleva a la falta de controles visibles y de información clara sobre qué unidades podrían estar efectivamente autorizadas a prestar servicio bajo la emergencia decretada por el Ejecutivo.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la situación es especialmente sensible. El transporte público es un derecho habilitante para el acceso al trabajo, la educación y la salud. Cuando ese derecho se ejerce en condiciones de incertidumbre —sin saber quién presta el servicio ni bajo qué garantías— la vulnerabilidad se profundiza, en particular para mujeres que viajan solas, personas mayores y trabajadores y trabajadoras con escaso margen económico para afrontar alternativas más costosas.
Una emergencia que exige límites y control
La emergencia fue una decisión política del intendente y respondió a una crisis real. Sin embargo, el escenario actual muestra que la herramienta está inconclusa y desbordad. La proliferación de servicios informales y la advertencia pública de una empresa cuya identidad estaría siendo utilizada sin autorización exponen una falla de origen: se dejó un vacío que da lugar a la falta de mecanismos efectivos de control.
La responsabilidad no es abstracta. El decreto es del Ejecutivo municipal y su implementación también pero mientras las partes del Concejo Deliberante no logren ponerse de acuerdo, los de a pie siguen viviendo en el suspenso. Mientras no exista información pública clara, controles sostenidos y comunicación transparente hacia la población, la emergencia seguirá funcionando como una excepción sin orden, con consecuencias directas sobre la seguridad de quienes viajan.