La posible compra de la línea 148 abre un escenario que excede una simple transición empresarial: salarios impagos, 70 trabajadores que ya se fueron entre renuncias y juicios, una propuesta que pondría en riesgo la antigüedad y las deudas acumuladas, y la sombra de una reforma laboral que podría alterar el marco de derechos vigente. Mientras el sindicato analiza la oferta y se esperan definiciones en asamblea, las familias sostienen la espera con bolsones de mercadería y una incertidumbre que crece mes a mes. En Florencio Varela, lo que está en juego no es solo un servicio de transporte, sino la estabilidad laboral y la dignidad de quienes lo hacen funcionar.
Por estas horas, en los galpones donde descansan los colectivos de la línea 148, no se habla de recorridos ni de frecuencias. Se habla de sueldos impagos, de antigüedad en riesgo y de un futuro laboral que podría redefinirse en cuestión de días.
Un grupo empresario se presentó ante el sindicato para proponer hacerse cargo de la explotación del servicio. Según relataron trabajadores a El Vespertino, la oferta preliminar incluiría una condición que encendió todas las alarmas: no reconocer ni la antigüedad ni las deudas salariales acumuladas.
“Seguimos en la incertidumbre. Confiamos en que a fines de marzo esto se tendría que estar resolviendo, pero no tenemos certezas”, expresó uno de los choferes. Mientras tanto, el desgaste se traduce en números concretos: alrededor de 70 trabajadores ya renunciaron, iniciaron acciones judiciales o buscaron otras alternativas laborales. Otros se jubilaron anticipadamente.
La posible transferencia de la empresa ocurre en un contexto político más amplio. Este viernes se vota en el Congreso una reforma laboral que, de aprobarse, podría modificar el marco de derechos que hoy ampara a quienes sostienen el transporte público. “Muy probablemente el lunes tengamos otra realidad en materia de derechos y desde ahí avancen con un ajuste más fuerte”, advirtieron desde la base.
El temor no es abstracto. La antigüedad no es un privilegio: es salario diferido, es reconocimiento a años de trabajo, es estabilidad frente a la precarización. La Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una transferencia de establecimiento, deben respetarse las condiciones laborales vigentes. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguraron que no permitirán que se desconozcan esos derechos. Sin embargo, la negociación continúa y las definiciones formales se esperan tras la reunión con delegados y una eventual asamblea.
Mientras tanto, la urgencia es más inmediata: los sueldos siguen sin pagarse y febrero se cierra sin ingresos para muchas familias. En ese vacío, la solidaridad ocupó el lugar que debería garantizar el sistema. La Cámpora Varela y Quilmes, a través de la intendenta de Mayra Mendoza, donaron 150 bolsones de mercadería que comenzaron a distribuirse entre el turno mañana y tarde. “Nada alcanza hoy”, resumió un trabajador.
En Florencio Varela, donde el transporte público no es un servicio accesorio sino una condición para acceder al trabajo, la salud y la educación, lo que ocurra con la 148 no será un episodio aislado. Será una señal. Sobre cómo se reconfiguran los derechos laborales en el Conurbano y sobre quién asume el costo humano de cada ajuste.
La pregunta que sobrevuela no es solo quién comprará la empresa. Es bajo qué reglas. Y, sobre todo, a costa de quién.