El martes 31 de marzo, el INDEC publicó los datos de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025. Los datos muestran una reducción del porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza desde el 31,6 % del primer semestre de 2025 al 28,2 % en el segundo semestre del año pasado.
Javier Milei convirtió la posverdad en una forma de gobierno. No como un desliz ocasional, sino como una gramática. Su última escena —decir que sacó a 15 millones de personas de la pobreza— funciona más como gesto que como dato: una cifra que no busca describir la realidad, sino reemplazarla.
Hay algo casi literario en esa afirmación. En el segundo semestre de 2023, cuando se produce el recambio presidencial, el INDEC registraba 12,3 millones de personas pobres en los 31 aglomerados urbanos relevados. Si el gobierno hubiera “sacado” a 15 millones, la pobreza debería haberse vuelto negativa. Un número por debajo de cero. Una ficción matemática que, en lugar de incomodar, se pronuncia con la seguridad de quien sabe que el efecto importa más que la verificación.
Pero incluso si uno hiciera el esfuerzo —un ejercicio de fe más que de análisis— de aceptar que la pobreza bajó, aunque no en la escala delirante que plantea el Presidente, el problema no desaparece. Apenas se desplaza. Porque lo que se presenta como una conquista es, en el mejor de los casos, una fotografía vieja.
Los datos del segundo semestre de 2025, celebrados con entusiasmo oficial, son una imagen congelada de un proceso que ya cambió. Desde el último trimestre de ese año, distintos indicadores empezaron a moverse en otra dirección: la inflación volvió a acelerarse, los salarios formales perdieron capacidad de compra, las jubilaciones retrocedieron. El deterioro no irrumpe de golpe; se filtra. Y cuando finalmente se vuelve visible en las estadísticas, suele llegar tarde.
Mientras tanto, el festejo persiste. Y ahí aparece otra capa, más incómoda. Porque la narrativa de la mejora convive con recortes en discapacidad, con universidades desfinanciadas, con despidos en el Estado y con el cierre sostenido de industrias. La pobreza, en ese contexto, no es solo un número: es una experiencia que se expande en la desocupación, en la informalidad, en las deudas que crecen en silencio y en la mora que deja de ser excepción.
Incluso la medición —ese territorio que el discurso oficial invoca como prueba— está lejos de ser un suelo firme. Especialistas de la UCA, entre ellos Agustín Salvia, advirtieron que los cambios en la Encuesta Permanente de Hogares alteraron la comparabilidad hacia atrás: no es necesariamente que los ingresos hayan mejorado, sino que ahora se registran de otro modo. Medir mejor no es lo mismo que vivir mejor.
A eso se suma una decisión menos visible pero igual de relevante: la postergación de una actualización metodológica del índice de precios que hubiera impactado también en la medición de la pobreza. Y, más en profundidad, un problema estructural: la pobreza por ingresos deja afuera dimensiones enteras de la vida cotidiana. No registra, por ejemplo, el retroceso de las transferencias no monetarias —alimentos, medicamentos, servicios— que el Estado dejó de garantizar. Tampoco captura el peso creciente de las tarifas o el endeudamiento de los hogares.
Un estudio del CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata, pone en palabras técnicas lo que en la vida diaria se percibe como desajuste: desfasajes temporales, subregistro de ingresos, canastas de consumo desactualizadas. Cuando corrigen esos factores, el resultado es menos espectacular: la pobreza no habría caído diez puntos desde la asunción de Milei, sino apenas dos. Y aun ese número pertenece a un pasado que ya empezó a desdibujarse.
Entonces, ¿qué se celebra? Tal vez eso sea lo más interesante. No una mejora concreta, sino la posibilidad de narrarla. Una puesta en escena donde los datos funcionan como utilería y la estadística como decorado. En esa lógica, la pobreza no se reduce: se edita.