Un juez federal de Campana dio lugar a la acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, Ministerio de Capital Humano presentado por organizaciones territoriales que vienen denunciando el cierre del programa Volver al Trabajo, lo que implica el despido de 900 mil trabajadores y trabajadoras. “La Justicia nos dio la razón, y si bien seguramente el gobierno va a apelar este fallo, es un respaldo más al plan de lucha que venimos haciendo en unidad la totalidad de movimientos sociales del país”, aseguró Damaris Rolón del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dio lugar a la acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, Ministerio de Capital Humano «a fin que se declare la ilegitimidad por omisión y/o por acción arbitraria de la finalización del Programa “Volver al Trabajo”, sin la adopción de medidas adecuadas, suficientes y razonables tendientes a garantizar la continuidad de los derechos económicos (con especial énfasis en el derecho alimentario), y sociales y culturales de carácter alimentario y de inclusión sociolaboral de las personas beneficiarias, en un contexto de crisis socioeconómica que agrava su situación de vulnerabilidad.» La acción fue impulsada por diferentes movimientos sociales y el juzgado ordenó al Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano a dar marcha atrás con el despido de 900 mil cooperativistas pertenecientes al programa Volver al Trabajo.
“Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo”, asegura el fallo al que tuvo acceso ANRed.
El fallo reconoce que la asignación mensual prevista por el programa Volver al Trabajo «se manifiesta como una previsión con profundo contenido social y, los cambios abruptos en sus circunstancias pueden hacer que, en lo inmediato, la solución legal correcta en su comienzo se torne ahora con su culminación, arbitraria e irrazonable». Además que el corte abrupto sin medidas efectivas que lo reemplacen para que los beneficiarios puedan “alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral» compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas afectando el acceso a la salud, la vivienda, alimentación, vestido.
Argumenta que el Estado de acuerdo a fallos de la Corte Suprema, Tratados Internacionales y la Constitución Nacional debe: «promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos de los grupos vulnerables.» También afirma que el anuncio que realizó el gobierno sobre la baja de las asignaciones a cambio de «vouchers para cursos de oficios y formación profesional»: «no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían.» Para dar lugar a la medida cautelar a fin de resguardar la garantía constitucional que se invoca vulnerada frente a la actuación estatal, finalmente en el fallo se determina que: «la interrupción abrupta del ingreso dinerario no afecta gravemente el interés público, en tanto genera situaciones de extrema vulnerabilidad, profundiza la exclusión social y compromete la cohesión social, trasladando los costos de una decisión estatal a los sectores más desprotegidos.»
Cabe mencionar que a lo largo y ancho del país, colectivo de abogados y abogadas, junto a organizaciones territoriales, presentaron cautelares contra la medida de la ministra Sandra Pettovello por la cual se llevaba a cabo la baja de la totalidad de los planes correspondientes a la Secretaría de Trabajo.
La disposición judicial llega en un momento en el cual los movimientos sociales retomaron los cortes y piquetes en el marco de un plan de lucha que continuará durante los primeros días de mayo, fecha en la que deberían cobrar el salario los y las cooperativistas.
“La Justicia nos dio la razón, y si bien seguramente el gobierno va a apelar este fallo, es un respaldo más al plan de lucha que venimos haciendo en unidad la totalidad de movimientos sociales del país”, aseguró Damaris Rolón del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
En ese sentido, la referente del FOL planteó la situación que se viven en los barrios populares del país: “La situación es muy apremiante. Cada vez hay más desocupación y empiezan a sumarse más gente a los comedores comunitarios que están funcionando pese a que el Estado Nacional no entregó más alimentos. Hay familias que comen una vez al día o incluso no comen si un comedor no funcionan. La tercera edad y las niñeces son los más perjudicados y esta baja masiva de planes lo único que hace es golpear la red comunitaria que garantiza la solidaridad donde el Estado se corrió. Para peor, el gobierno de Milei pretende dejar tierra arrasada para que avancen los narcos y a esta altura no nos parece una casualidad si vemos la cantidad de funcionarios y diputados que tienen denunciados por vinculados y lavados de los negocios ilícitos”.
«Este fallo es un reconocimiento a la crisis social que atraviesan los barrios populares en nuestro país ya que se asume que genera una afección a la comunidad de conjunto. La Justicia nos dio la razón a los movimientos sociales y trabajadores estatales que venimos denunciando este recorte histórico que implica el despido o el cese de casi un millón de personas de un programa por el cual se desarrollan un sinnúmero de trabajos y tareas en comedores comunitarias y cooperativas de trabajo.», difundieron en un comunicado común numerosas organizaciones sociales y piqueteras. Y afirmaron que el intento de cierre del programa es un ataque más que busca hacerse de fondos para el pago de la deuda externa, que con el monto del pago de mayo se podría garantizar el Volver al Trabajo incluso con un 30 por ciento de aumento ,pero que también la medida: » busca atacar la organización comunitaria que existe en los territorios con el objetivo de desarmar las organizaciones populares y dejar tierra arrasada para que se amplíe el despliegue del narcotráfico como ocurre actualmente.»
Cabe mencionar que este recorte masivo e histórico del gobierno nacional también incluye despidos masivos en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde desempeñan tareas las y los estatales encargados de diferentes políticas públicas entre las que se encuentran la ejecución del Volver al Trabajo.
El gobierno tendrá ahora tres días a partir de notificado el fallo con fecha 21 de abril para cumplir con la orden de mantener la vigencia de las prestaciones económicas del Volver al Trabajo hasta que se dicte sentencia definitiva y cinco días para contestar, ofrecer pruebas y oponer defensa.
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