La Gremial de Abogados y Abogadas informó que presentó una denuncia penal por tentativa de homicidio contra el luchador mapuche Facundo Jones Huala en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson. Según la organización, el hecho se produjo en medio de las demoras generadas por la impugnación que la Fiscalía había presentado contra la orden judicial de traslado a la ciudad de Esquel: «ese compás de espera que provocaron permitió que se intentara asesinar a Facundo de la manera más artera. Estando Facundo en la más extrema debilidad y con sus defensas absolutamente disminuidas, el viernes pasado se lo mantuvo durante cuatro horas a la intemperie con la excusa de una requisa en su pabellón. Está claro que se buscó que sucumbiera a cualquier enfermedad que se le pudiera producir en esa situación», relató la Gremial, que presentará una denuncia penal para investigar las responsabilidades por las condiciones a las que fue sometido Jones Huala durante su huelga de hambre seca.
La Gremial de Abogados y Abogadas informó en un comunicado que presentó una denuncia por tentativa de homicidio contra el personal de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson, donde permanece detenido el luchador mapuche Facundo Jones Huala. La organización difundió la noticia luego de que el Tribunal de Revisión rechazara la impugnación presentada por la Fiscalía contra la orden judicial que dispuso su traslado a la prisión federal de Esquel.
En el comunicado, la Gremial volvió a denunciar la aplicación del denominado «Derecho Penal del Enemigo» contra comunidades mapuche y particularmente contra Jones Huala: «la Gremial tiene explicado, una y otra vez, cómo se aplica el Derecho Penal del Enemigo a distintos sectores sociales (no a todos), a los mapuche y, en particular, a Facundo Jones Huala. También hemos explicado que es el Poder Judicial (los jueces y juezas de distintas instancias) los que dan vía libre, aplicando los criterios de ese ‘derecho’, a las barbaridades que poder político y fiscalías perpetran», señala la Gremial en el texto, que agrega que en ocasiones «los atropellos van demasiado lejos, hasta para jueces normalmente permisivos con el poder».
La orden de traslado a Esquel había sido obtenida luego de una fuerte disputa judicial: «nos costó mucho que el Juez Andreani nos concediera el traslado de Facundo a Esquel contra la dura oposición de los fiscales Arrigo y Pagano Mata», indicó la Gremial, que agregó los funcionarios judiciales «desde hace un año vienen demostrando ser fieles sirvientes del Ministerio de Seguridad y por tanto de los sectores más racistas de la Argentina«.
La Gremial denunció que, cuando el traslado ya estaba dispuesto, «vuelven los mismos fiscales interponiendo una absurda impugnación de la medida de traslado y frenando el mismo». En ese contexto, recordó que Jones Huala retomó una huelga de hambre seca mientras se aguardaba una nueva audiencia para debatir la medida. Sin embargo, antes de esa instancia llegó la resolución del Tribunal de Revisión: «la decisión del Juzgado de Garantías de ordenar el traslado de Facundo a Esquel ni siquiera es impugnable. Si el juez la decide, se cumple y punto», destacó la organización. También sostuvo que «está claro que la Fiscalía sabía que se le venía la noche» y que, aun así, «produjeron a Facundo el mayor daño que pudieron hasta el último segundo».
La denuncia más grave del comunicado refiere a lo sucedido en el penal de Rawson durante ese período: «ese compás de espera que provocaron permitió que se intentara asesinar a Facundo de la manera más artera, dentro de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson«. La organización afirmó que, encontrándose Jones Huala «en la más extrema debilidad y con sus defensas absolutamente disminuidas», «el viernes pasado se lo mantuvo durante cuatro horas a la intemperie con la excusa de una requisa en su pabellón». Para la Gremial, «está claro que se buscó que sucumbiera a cualquier enfermedad que se le pudiera producir en esa situación«.
Frente a esos hechos, la Gremial informó que está «presentando una denuncia ante el Juzgado Federal de Rawson por tentativa de homicidio (art. 80, inciso 9°; en función de los arts. 42 y 44, todos del Código Penal), delito que supone penas de entre 10 y 20 años». Asimismo, reclamó que «deberán ser investigados los posibles partícipes del delito, en los términos de los arts. 45 y 46 del Código Penal».
Finalmente, la organización celebró la ratificación del traslado a Esquel, que consideró un establecimiento «más adecuado y más cercano a su familia y sus comunidades». No obstante, advirtió que el conflicto continúa abierto: «dentro de la gravedad de la situación, en la Gremial nos permitimos festejar semejante ‘goleada’. Pero ‘el campeonato’ es largo y todavía falta mucho. Por eso se necesitan el esfuerzo y la solidaridad de todos». Y concluyó: «hay que rodear a Facundo, no sólo para acompañarlo en su lucha, sino también (está claro) para defender incluso su propia vida».
El caso de Facundo Jones Huala se inscribe en un largo proceso de criminalización de las reivindicaciones territoriales y políticas del pueblo nación mapuche a ambos lados de la cordillera. Organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas y organismos de acompañamiento vienen denunciando desde hace años la utilización de causas penales, operativos de fuerzas de seguridad y campañas de estigmatización mediática contra referentes mapuche, en el marco de conflictos vinculados al reclamo de tierras ancestrales. Diversos sectores sostienen que estas políticas han buscado presentar las demandas territoriales indígenas como problemas de seguridad interior, desplazando el debate sobre los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la legislación indígena vigente.
En particular, Facundo Jones Huala se convirtió durante la última década en una de las figuras más visibles de esa confrontación. El lonko mapuche atravesó múltiples procesos judiciales en Argentina y Chile, períodos de encarcelamiento, extradiciones y causas impulsadas por distintos gobiernos. Para las comunidades y organizaciones que lo respaldan, su situación representa un caso paradigmático de persecución política y judicial contra quienes encabezan procesos de recuperación territorial mapuche.
:::ANRed:::