La Jueza de Familia Silvana Patricia Leone intimó a este medio a retirar la foto del Hogar Nomadelfia de Berazategui. Cumplimos de inmediato con la orden visual en nuestras redes sociales, pero multiplicamos el compromiso de informar: mientras la justicia veda imágenes, el demoledor informe de la Comisión Provincial por la Memoria expone la alarmante realidad de los institutos de la Provincia, donde conviven la tortura, la desatención médica y el abandono.
El derecho penal y constitucional de la República Argentina se fundan sobre un principio ineludible: la verdad no se puede tapar con una resolución judicial. El pasado 27 de agosto de 2026, la titular del Juzgado de Familia N° 1 de Berazategui, Dra. Silvana Patricia Leone, firmó una orden de «tutela preventiva» en el marco del expediente «D Y OTROS S/ ABRIGO» (Expte. N° 12562). En ella, se intimó formalmente a la directora de este medio, Ángela Beatriz Juárez, a suprimir o sustituir la fotografía de la fachada del Hogar de Niños Nomadelfia que acompañaba la publicación del pasado 22 de agosto en nuestras redes sociales, donde se analizaban las preocupantes estadísticas de las políticas de niñez bonaerenses.
Diario Vespertino informa a sus lectores que ha procedido al retiro inmediato de dicha imagen de todas sus plataformas digitales. Hemos acatado la restricción visual de manera estricta y dentro del plazo de 24 horas dispuesto por la notificación electrónica que fuera perfeccionada en el domicilio del medio en Florencio Varela. Cumplimos con la orden formal, pero bajo ningún concepto aceptaremos el silencio. La propia Dra. Leone dejó asentado en su resolución que esta medida de protección “no alcanza al contenido informativo de la publicación ni impide la difusión de información, opiniones o críticas sobre cuestiones de interés público”. Y es precisamente la gestión de los recursos destinados a la minoridad y el rol de los funcionarios políticos lo que constituye hoy una llaga intolerable que el periodismo tiene la obligación ética de iluminar.
Florencio Varela y las sombras en el Hogar Nomadelfia
El foco sobre el Hogar Nomadelfia no es caprichoso ni casual. Responde a una preocupante acumulación de expedientes judiciales que involucran a una funcionaria de la órbita política local. La asociación que regenteaba el lugar estaba vinculada a una de las figuras del gabinete municipal: Laura Vivas, quien se desempeña como Secretaria de Desarrollo Social de Florencio Varela y presidía la entidad que administraba el hogar.
Bajo el período en que esta funcionaria estuvo vinculada a la institución, se registraron situaciones de extrema gravedad institucional:
- La muerte sin respuestas de un lactante: El 15 de octubre de 2024, un bebé de apenas ocho meses de vida alojado en el Hogar Nomadelfia falleció en circunstancias que motivaron el inicio de una causa penal por presunta muerte y posible abuso sexual.
- Antecedentes de maltrato y restricción judicial (2023): Vivas ya había tenido inconvenientes con la Justicia en 2023. En una causa por supuesto maltrato a un menor, la Justicia le dictó una perimetral prohibiéndole acercarse al niño y al Hogar.
- Denuncias de supuesta extorsión: En otro expediente judicial, se investigaron posibles solicitudes de dinero para la revinculación de un menor de edad. Estos antecedentes motivaron la intervención activa del Programa de Niñez de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El titular del Programa, Sergio Raimundo, detalló que se solicitó formalmente al Juzgado de Familia una restricción de acercamiento para resguardar a los niños alojados, luego de que maestras de un jardín de infantes denunciaran penalmente que los menores manifestaban haber recibido golpes y malos tratos por parte de Vivas. Asimismo, las inspecciones de la CPM relevaron que el personal del hogar utilizaba términos profundamente discriminatorios hacia los niños, refiriéndose a ellos como «piojosos» y «chirusitas».
A pesar de estos expedientes judiciales, medidas perimetrales y la intervención de la CPM, Vivas cuenta con el respaldo del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, quien la mantiene en su gabinete al frente de la cartera de Desarrollo Social y suele mostrarse públicamente con ella en actos oficiales. Cabe destacar que el Hogar Nomadelfia no sería una entidad ajena a las arcas estatales: recibiría financiamiento directo mediante becas otorgadas por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, lo que redoblaría el deber de transparencia y rendición de cuentas de sus autoridades.
El paraguas de FOPEA contra el intento de censurar a la prensa
El uso de medidas cautelares en los tribunales de familia para silenciar estas denuncias no es una novedad en la región, sino un patrón de conducta que los organismos de prensa vienen combatiendo. En octubre de 2024, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó de manera tajante el intento de censura contra el periódico Mi Ciudad de Florencio Varela, luego de que este medio recibiera una carta documento intimándolo a eliminar cualquier mención al Hogar Nomadelfia tras haber revelado la investigación por la muerte y presunto abuso del bebé de ocho meses.
En aquella oportunidad, el mismo Juzgado de Familia de Berazategui había dictado una medida cautelar de una amplitud inconstitucional, pretendiendo prohibir a todos los medios locales y nacionales emitir opinión o someter a análisis los detalles de la causa penal de fondo. Al respecto, FOPEA recordó con firmeza que «cualquier medida preventiva o restrictiva que impida el libre ejercicio de informar constituye un acto de censura previa y resulta incompatible con las normas constitucionales vigentes».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido categórica al advertir que el derecho a la protección de la privacidad de los menores de edad no debe interpretarse jamás de forma contrapuesta a la libertad de expresión. El periodismo de investigación interviene en estos casos salvaguardando rigurosamente la identidad de los niños, pero en procura de su mejor protección, garantizando que el deceso de un menor o las irregularidades institucionales se esclarezcan bajo el control de la opinión pública.
La radiografía del horror provincial: El informe de la Comisión Provincial por la Memoria
La urgencia por fiscalizar el destino de los fondos públicos y el trato dentro de los hogares de menores se vuelve evidente al analizar el último Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre las políticas de niñez en la provincia de Buenos Aires. El relevamiento territorial del organismo de derechos humanos desnuda un sistema general quebrado y hostil, donde el desgobierno de las autoridades administrativas habilita de forma sistemática la vulneración de los derechos humanos de los menores institucionalizados.
Durante el último período auditado por la CPM, se registraron 1.448 violaciones de derechos humanos que afectaron a 277 niños y jóvenes, incluyendo 983 hechos concretos de tortura o malos tratos bajo custodia del Estado. A fin de evitar generalizaciones y en estricto cumplimiento de la verdad informativa, detallamos los graves hallazgos constatados por la CPM en los distintos establecimientos provinciales auditados:
1. Epidemias de sarna, tuberculosis y abandono médico
La falta de condiciones básicas de higiene, ventilación y agua caliente en los centros de alojamiento propició la propagación de graves brotes infectocontagiosos. La CPM denunció brotes masivos de escabiosis (sarna) y tuberculosis (TBC) en múltiples centros. Solo en el complejo de Malvinas Argentinas se registraron 71 jóvenes afectados por sarna, extendiéndose luego los contagios a los hogares Eva Perón I (16 afectados), Aráoz Alfaro (35 jóvenes y 2 adultos afectados), Pre egreso Aráoz Alfaro (11 afectados) y al Centro de Recepción La Plata (12 jóvenes afectados). En lugar de proveer desinfectantes e insumos, el personal estatal culpabilizó a las víctimas tratándolas de «sucios», dañando su autoestima y generando conflictos por temor al contagio.
2. Hacinamiento extremo y plagas de roedores
En el Centro de Recepción de La Plata, los jóvenes denunciaron al equipo de monitoreo de la CPM convivir cotidianamente con plagas de roedores en condiciones infrahumanas: “Hay ratas que entran por el desagote o el inodoro… te pasaban por arriba… el otro día estaba acostado y me saltó una a la cama”. En este mismo centro, los menores pasan hasta 24 horas encerrados en celdas de admisión que describen como «jaulas», expuestos a amenazas brutales de los asistentes de minoridad, quienes los hostigan con expresiones como: “¿Cómo me gustaría que esto sea nafta y prenderlos fuego?”.
3. Bebés bañados en piletas oxidadas y alimentos en mal estado
En el Hogar oficial Bernardino Rivadavia de La Plata, que alberga a bebés y niños de entre 6 meses y 6 años de edad, las inspecciones de la CPM constataron condiciones materiales gravosas que atentan contra la integridad física de la primera infancia:
- Presencia de medicamentos vencidos en el área de enfermería y almacenamiento deficiente de alimentos frescos en mal estado.
- Un baño crítico donde, ante la inexistencia de ducha o bañera, el aseo de los bebés se realiza en un piletón de hierro oxidado y con bordes rotos, con el riesgo inminente de provocar lesiones y cortes.
- Prácticas sistemáticas de malos tratos y gritos, donde los operadores ponen en penitencia a los niños «quietos en el patio» o los encierran en habitaciones si se niegan a comer.
4. Castigos físicos y domesticación química
La falta de control estatal sobre las instituciones tercerizadas mediante convenios ha derivado en hechos de violencia física extrema y sobremedicación. En el hogar Protección a la Infancia de Balcarce, se tramita una investigación penal tras denunciarse brutales castigos físicos por parte de una cuidadora y de la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia; los niños detallaron que una de las operadoras los golpeaba y “se nos tiraba arriba y nos aplastaba”.
Por su parte, en la denominada casa de abrigo especializada La Casita del Búho de Moreno, la CPM constató una masiva maniobra de «domesticación química»: 11 de los 13 niños alojados recibían medicación psiquiátrica sin contar con el seguimiento de ningún profesional de salud mental. El suministro de psicofármacos quedaba al arbitrio de los propios operadores socioterapéuticos sin idoneidad médica. Asimismo, la institución falló en adoptar medidas de resguardo ante un presunto caso de abuso sexual cometido por un operador y optó por castigar y revictimizar a los niños denunciantes retirándoles sus celulares y redes de contacto.
La transparencia es una obligación, no una opción
Este alarmante panorama provincial demuestra que la opacidad institucional es el primer paso hacia la vulneración sistemática de los derechos de la niñez. La CPM ha denunciado de forma reiterada la «fuerte reticencia a brindar información» por parte del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), que obstaculiza de forma constante las tareas de auditoría y control de los organismos de derechos humanos.
La discusión de fondo, por lo tanto, excede por completo la supresión de una fotografía de fachada en nuestras redes sociales, orden de la Jueza Leone que este medio ya ha cumplido con absoluta responsabilidad legal. El debate urgente, el debate que interpela directamente a la administración estatal, es por qué se mantiene en funciones gubernamentales a quien ha acumulado expedientes judiciales por supuestos malos tratos infantiles, qué avances reales presenta la investigación por el fallecimiento de un bebé en el Hogar Nomadelfia, y bajo qué condiciones de dignidad física y psíquica se encuentran hoy las infancias bonaerenses alojadas en dispositivos sostenidos con recursos públicos.
El periodismo no claudicará en su función de control. Seguiremos investigando al poder político, publicando las estadísticas oficiales y de organismos públicos autónomos autárquicos que promueven e implementan políticas públicas de memoria y derechos humanos, interpelando a los funcionarios públicos. Con la ley como escudo, con las órdenes judiciales acatadas, pero con el compromiso inquebrantable de no ser cómplices del silencio.