Lara Belén Figueroa tenía 22 años y había contado que tenía miedo: dormía con un cuchillo bajo la almohada porque Iván Gómez -con quien convivía- le ocultaba las llaves, la hostigaba y controlaba su vida cotidiana; días después apareció asesinada en su casa de Guernica y fue la propia madre del acusado quien alertó a la Policía diciendo que su hijo «se había mandado una macana”. Cinco años de prisión preventiva después, el Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Plata absolvió a Gómez por mayoría: los jueces Agustín Amatriain y Ernesto Domenech votaron por su absolución y la jueza Carolina Crispiani lo hizo por su condena. En el medio quedaron una investigación que no cotejó ADN ni fibras decisivas, una cerradura con signos de forzamiento y un posible tercero que nunca fue investigado: una cadena de omisiones que vuelve a desnudar la violencia institucional y el abandono de una joven cuya vida había pedido ser protegida.
La tarde del jueves 7 de octubre de 2021, Liz Evelyn Franco inició un peritaje que le correspondía al Estado. Ante el silencio de dos días de su hermana Lara, Liz no esperó el letargo burocrático; activó las redes de cuidado comunitarias que sostienen las vidas en la periferia conurbana. Fue hasta el departamento de Virgen de Luján 56, en Guernica, donde Lara compartía alquiler con Iván Agustín Gómez. Al no hallar la llave, Liz rompió el cartón de una ventana y divisó la cartera de Lara, confirmando la sospecha.
Poco después, Liz y su prima Lucía Figueroa interceptaron a Iván Gómez en una esquina cercana. Gómez, alcoholizado, se resistió: “¿Qué se piensan, que son la policía?”. Al abrir la puerta, Liz ingresó con la linterna de su celular, hallando la cartera de Lara pero no su teléfono. Al intentar avanzar hacia la habitación a oscuras, Gómez se interpuso, la tomó del brazo y las expulsó bajo insultos.
A las 22:30 de esa noche, la policía ingresó tras el aviso de la madre de Gómez, Ofelia Velázquez, alertada por su otro hijo de que Iván «se había mandado una macana». Detrás de la puerta, en el Sector G, yacía Lara Figueroa. Había sido asesinada con saña mediante heridas cortopunzantes en el cuello que seccionaron la yugular y la laringe. Su cabeza estaba cubierta por una bolsa plástica negra y sus piernas por un colchón. El pasado 18 de agosto de 2026, el TOC N° 4 de La Plata absolvió por mayoría a Gómez. El fallo dividió aguas. En el centro de esta disputa se expone cómo la Justicia penal desatiende de manera estructural la asimetría de género y la precarización de las vidas que dice proteger.
El default del «vínculo» y la domesticidad bajo sospecha
Durante el debate, los testimonios de los vecinos Sebastián Rosales y Jenifer Gerdin, y del locador Julio César Cantero, desmontaron la hipótesis de que Lara e Iván eran pareja. Coincidieron en que convivían en habitaciones separadas para amortiguar el costo de la subsistencia económica, obligando a la fiscalía a retirar la agravante del vínculo de pareja.
Esto expone un sesgo persistente: subordinar la violencia de género a una relación de pareja formalizada o domesticidad clásica. Como señala el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), esta violencia no requiere de la conyugalidad para explicar la dominación. En el caso de Lara, la asimetría de poder era asfixiante: quería huir, pero Gómez consumía drogas, le ocultaba las llaves y se comía su comida, forzándola a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Los jueces de la mayoría redujeron así la perspectiva de género a un accesorio aplicable solo ante vínculos formalizados.
El estéril laboratorio forense y la impunidad programada
La absolución no es un triunfo de la verdad jurídica, sino de una investigación que vulneró el estándar de «debida diligencia reforzada». Los votos de Amatriain y Domenech detallan omisiones científicas críticas en la escena: se halló una fibra oscura en el pulgar de Lara (rastro de defensa), archivada sin periciar porque la fiscalía omitió incautar prendas del acusado; en el chaleco y pantalón de Gómez se detectó sangre humana, pero jamás se solicitó el cotejo de ADN; filamentos extraídos de Gómez y huellas en las bolsas quedaron archivados sin cotejo genético; y no se recolectó material genético subungueal de Gómez ni se resguardaron adecuadamente sus prendas para buscar rastros de piel de la víctima producto de su defensa.
Esta orfandad probatoria no es neutral. En los casos de violencia contra las mujeres, la desidia de las agencias de investigación constituye una forma de violencia institucional que perpetúa la impunidad. Como indica la investigación de ELA, la falta de preparación técnica en género de los operadores de la instrucción judicial decanta en que los procesos se prolonguen en el tiempo y terminen en absoluciones por deficiencias de la propia fiscalía, dejando a las familias en un desamparo absoluto. El Estado falló en su deber de producir prueba científica robusta. La fiscalía operó bajo una «visión de túnel», conformándose con la inercia de la denuncia de la madre de Gómez y descuidando la preservación del material genético que verdaderamente podía romper la presunción de inocencia.
El algoritmo versus el territorio
Para convalidar la coartada de Gómez (peón de albañil en Terralagos que fichó ingreso el miércoles 7 a las 07:49 y egreso a las 16:24), la mayoría judicial recurrió a un método que denota distancia de la realidad del conurbano. Los jueces Amatriain y Domenech introdujeron de oficio una consulta en Google Maps para estimar distancias. Calcularon que el trayecto en colectivo insume unas dos horas, concluyendo que el acusado no pudo llegar a Guernica antes de las 18:15, situándolo fuera de la ventana del deceso estimada por el forense Fabre (12 a 24 horas antes del mediodía del jueves).
Esta confianza en Google Maps contrasta con la total desatención a las dinámicas del territorio. El expediente registraba que la puerta presentaba signos de forzamiento y que un vecino apodado «El Torcu» —Javier Héctor Gómez— frecuentaba la casa para consumir sustancias. Sebastián Rosales declaró que su pareja vio a «El Torcu» parado afuera la noche del miércoles, dentro del horario probable del crimen. Sin embargo, la fiscalía jamás lo llamó a declarar ni allanó su domicilio. El Estado de espaldas a la realidad eligió la comodidad de una pantalla antes que indagar en las redes de vulnerabilidad y consumos que cruzaban la vida de Lara.
La disidencia de Crispiani: el tejido indiciario frente al vacío pericial
Frente a la fragmentación probatoria de la mayoría, la jueza Carolina Crispiani sostuvo un riguroso voto en disidencia que recupera el valor de la prueba indiciaria indirecta valorada en su conjunto. Para la magistrada, la verdad real no se encuentra en el aislamiento de cada rastro, sino en la convergencia del cuadro indiciario que enlaza al imputado con el hecho.
En primer lugar, Crispiani desarmó la precisión matemática que la mayoría le atribuyó a la coartada horaria. El «intervalo post mortem» de la autopsia constituye una aproximación médica condicionada por variables como el clima, la hidratación y el shock hipovolémico, límites que el propio médico legista Gustavo Fabre reconoció bajo juramento. No es metodológicamente válido convertir una estimación en verdad absoluta para exculpar al acusado. Además, la geolocalización de Google Maps fue realizada de oficio por la mayoría con posterioridad al debate, vulnerando el principio de contradicción. Dicha medición lineal abstracta omitió las contingencias reales del traslado y colisionó con una prueba directa del juicio: el testimonio de Romualdo Gamarra, quien declaró haberse encontrado con Gómez en Guernica a las 17:00 del miércoles, tirando por la borda la estimación algorítmica de un arribo posterior a las 18:15.
En segundo lugar, Crispiani dio una explicación lógica al hecho de que Liz Franco no hubiera percibido el cuerpo en su ingreso de las 19:00 horas. Lara no fue abandonada a la vista; su cuerpo estaba cubierto por una bolsa de residuos y un colchón, situada de manera milimétrica detrás de la hoja de la puerta principal que abría hacia el interior del Sector G, bloqueando por completo el ángulo visual. En un recorrido veloz, bajo una intensa presión psicológica y con la débil luz de un celular, Liz no podía realizar una inspección forense. En cambio, el violento nerviosismo de Gómez, su hostilidad física bloqueando el umbral de la habitación contigua a oscuras y sus insultos adquieren un sentido unívoco cuando se asocian a la ocultación activa del cadáver en ese preciso instante.
Finalmente, la jueza argumentó que la desidia de la fiscalía en realizar cotejos genéticos clave (en fibras, pelos o la sangre del chaleco de Gómez) no disminuye la potencia de las pruebas de cargo existentes: el control exclusivo de las llaves, el acoso sistemático previo y el comportamiento hostil del acusado durante la búsqueda. La hipótesis de la intervención de «El Torcu» quedó confinada a una mera posibilidad abstracta sin enlace material con el crimen. Para Crispiani, la presunción de inocencia de Gómez había sido de forma válida destruida por un cuadro de indicios graves, precisos y concordantes.
La impunidad como eco estructural
Mientras la familia articula una apelación a contrarreloj, el desamparo se siente en Guernica. “Necesitamos ayuda para difundir el caso de Lara Belén Franco… Los jueces decidieron dejarlo libre por falta de pruebas según ellos. Él es el único culpable”, escribieron las allegadas en redes tras la liberación de Gómez, reivindicando el nombre social de la joven.
La sentencia del TOC IV platense es una advertencia incómoda. Muestra a una justicia que, ante sus propias falencias periciales, se repliega en tecnicismos de geolocalización abstracta antes de asumir la debida diligencia reforzada. Quedan preguntas en el silencio: ¿quién forzó la cerradura?. ¿A quién pertenecía la fibra oscura en el pulgar de Lara?.
La impunidad no es solo la ausencia de un culpable; es el mudo testimonio de un Estado retirado del territorio, donde la última defensa de Lara de 22 años fue, trágicamente, un cuchillo bajo la almohada.