En Villa Domínico, las personas con discapacidad enfrentan una cadena de obstáculos para acceder a derechos básicos: faltan rampas, transporte adaptado, centros educativos y espacios de atención cercanos, mientras las familias deben trasladarse a otros municipios o recurrir a extensos trámites para conseguir respuestas. El reclamo vecinal expone una realidad marcada por la falta de infraestructura, la burocracia y una inclusión que todavía queda lejos de las necesidades cotidianas.
Para entender el conflicto político y social de Villa Domínico, primero hay que mirar a los ojos a quien decidió ponerse en la primera línea de esta batalla. Su nombre completo, pronunciado con la firmeza de quien conoce el peso de sus propias palabras, lo define todo: «Hola me llamo Fiorella Araceli Milagros Giusti, tengo discapacidad motriz, ayudo personas con discapacidad en mi barrio».
Milagros no habla desde la abstracción de una oficina o desde una planilla estadística. Habita el territorio y sus dificultades de manera directa. Es la vecina que junta y dona materiales de ortopedia, como sillas de ruedas o andadores, a quienes el sistema abandona en una lista de espera. Su propia cuadra es un testimonio de la resistencia diaria: «Meses y meses de lucha para que puedan poner las rampas, ya que no soy la única en mi cuadra con mi discapacidad». Cuando el Estado local mira para otro lado, la solidaridad y la trinchera vecinal se vuelven el único refugio.
La geografía del destierro y la trampa burocrática
La escasez de recursos locales obliga a las familias de Avellaneda a emprender un exilio diario. Al no haber centros educativos terapéuticos (CET) de carácter municipal en el partido —y ante la imposibilidad económica de costear establecimientos privados— la supervivencia se traslada fuera del barrio. Las familias deben desplazarse «a Capital mayormente o a otros municipios, ya que lo que hay para personas con discapacidad es poco».
Este traslado constante no solo deteriora la salud y destruye el presupuesto familiar, sino que expone a los vecinos a situaciones de extrema vulnerabilidad. Al referirse a las alternativas de formación y recreación, Milagros evidencia la soledad del trayecto: «Tampoco transporte tenés… tenés que hacerlo vos misma, la excusa de ser independiente, cuando Dock Sud o, por ejemplo, Villa Corina o Villa Azul, donde hago natación, es peligroso porque justamente son villas y roban». La falta de transporte adaptado no es un detalle técnico; es una barrera física que confina a las personas a sus hogares o las expone al peligro de la delincuencia en el conurbano.
Por si fuera poco, quienes intentan integrarse en el único centro de día municipal cercano de la zona —a solo seis cuadras de la casa de Milagros— chocan con una insólita pared burocrática: la posesión de una cobertura médica privada o social se transforma en una herramienta de exclusión. «Miren, una compañera de colonia y yo quisimos anotarnos y lo primero que preguntaron ‘¿tenés obra social?’ y dijo que no. Supuestamente es para quien no tiene nada de nada, y es mentira eso». Bajo el pretexto de que las obras sociales deben cubrir estas prestaciones, las instituciones rechazan a los vecinos, sin importarles que las mutuales demoren meses en autorizar un traslado o un tratamiento urgente, dejando a las personas en un limbo absoluto de aislamiento.
Aulas invisibles y la intemperie del futuro
El vacío estatal es absoluto al terminar la infancia. Los jóvenes con discapacidad en Villa Domínico se topan con un muro infranqueable al intentar continuar sus estudios secundarios. En Wilde apenas existe un taller protegido que no da abasto, lo que extingue cualquier proyecto de vida o capacitación laboral cercana. «Tienen que trasladarse a Capital Federal lamentablemente o esperar que sean adultos para ir a una escuela secundaria. Yo tuve que ir a Capital, al lado de Casa Cuna».
La educación, un derecho inalienable que debería estar garantizado por la cercanía y no por el código postal, se convierte en un privilegio difícil de alcanzar. Con orgullo y dolor, Milagros recuerda: «Yo tuve que luchar para que puedan anotar una amiga en una secundaria de Wilde de adultos». Para recibir atención de salud o estimulación temprana, la situación no es más alentadora; ante la falta de salitas barriales adaptadas, las familias deben peregrinar «al Fierito o al Hospital de Wilde» o «al de Perón, que queda lejos».
Menos fotos, más derechos
La respuesta del Municipio de Avellaneda, denunciado por su inacción en este frente, ha sido el silencio o la dilación. Las notas formales presentadas a la Dirección de Discapacidad y a Desarrollo Social terminan archivadas sin respuestas. Ante esta desidia, la comunidad se organiza reuniendo firmas para exigir convenios, la creación de secundarias especiales y un hogar adaptado en la zona. De hecho, Milagros relata que las rampas de su cuadra las tuvo que gestionar por fuera del municipio: «Imagínate que las rampas tuve que pelearla por otro lado, a Libertad Avanza, que lo hicieron al toque cuando la municipalidad bien gracias».
Para Milagros, el tiempo de la retórica y la propaganda política se terminó. Su reclamo al Intendente y a las autoridades de Inclusión local es directo, implacable y carente de condescendencia:
«En vez de mucha fotito, se pongan las pilas también, que lo hagan valer los derechos para las personas con discapacidad ya. Uno o dos establecimientos no alcanzan (…) ¿Y por qué tenemos que esperar cuando chicos y chicas tienen que tener un lugar de contención inmediata?»
El grito de Villa Domínico no pide compasión ni promesas vacías; exige la restitución inmediata del derecho elemental a vivir con dignidad en el propio barrio.