Presentan demanda judicial por el uso de químicos durante la represión
La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, integrada por decenas de organismos, denunció judicialmente el uso de químicos durante la represión a las protestas que se dieron en las inmediaciones del Congreso en el marco del debate por la ya caída Ley Ómnibus. Exigen que se investigue la actuación de las fuerzas represivas durante las protestas y apuntan directamente contra Patricia Bullrich y Waldo Wolff.
«Venimos a denunciar el uso por parte de las fuerzas de seguridad de un compuesto químico, altamente tóxico e irritante, que, por sus consecuencias y efectos, califica como instrumento de tortura, que viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas», plantea como objeto la denuncia.
La presentación penal adjunta la información recabada por las organizaciones en el lugar y al momento de los hechos.
«Un dato de relevancia y extrema gravedad, que motiva esta denuncia, son los métodos utilizados, algunos “novedosos” como el empleo de un compuesto químico oleoso de color amarillo que los integrantes de las fuerzas represivas rocían a mansalva sobre las personas manifestantes, que también han alcanzado a diputados de la Nación que se acercaron a intentar frenar el ataque contra la gente. Esta sustancia, según pudimos verificar, ocasiona graves lesiones según la parte del cuerpo que resulte afectada», afirma parte de la denuncia presentada.
Corresponsales de este medio fueron afectados mientras realizaban la cobertura y sus comentarios fueron recurrentes en relación al ardor y los síntomas que generaba el químico empleado: que en otras manifestaciones habían recibido gases pero que particularmente en este caso generó una irritación nunca antes sentida.
La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 44.
En la denuncia se indica que: “nos encontramos ante una grave situación de Violencia Institucional que amerita que lo aquí denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud, y ello se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales, que responden a una cadena de mandos jerárquica que confluye, a nivel nacional, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy a cargo de Patricia Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, hoy a cargo de Waldo Wolff”.
“Es por eso que debe determinarse no sólo quiénes son los funcionarios del aparato de seguridad que estuvieron en la primera línea de fila de la represión, sino quiénes son las autoridades que ordenaron el uso de estas sustancias”, finaliza la denuncia, que cuenta con las firmas de personalidades como María del Carmen Verdú, Ernesto Martín Alderete, Adolfo Pérez Esquivel y una gran cantidad de abogados y referentes sindicales y de otras instituciones.
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