En Florencio Varela, la responsabilidad por el colapso del transporte no termina en la empresa: la ley establece que el Ejecutivo municipal es quien debe controlar, fiscalizar y garantizar la continuidad del servicio público. Cuando los colectivos no circulan, también falla el Estado.
Lo que comenzó el viernes pasado y aún hoy no se termina de normalizar, dejó a amplios sectores de Florencio Varela aislados por la interrupción del servicio de colectivos del monopolio MOQSA, que incluye las líneas 148, 159 y 500 —en todos sus ramales: 503, 506, 507; 508, 509; 511 y 513—.
El conflicto, originado por el retraso en el pago de salarios a los choferes, derivó en una medida de abstención de tareas que dejó sin transporte a miles de vecinos durante cinco días consecutivos.
¿Es cierto que el Ejecutivo municipal es responsable último del transporte público local?
Sí. En los municipios bonaerenses, la autoridad concedente y de control del servicio público de transporte urbano es el Departamento Ejecutivo, a través de sus áreas específicas (en este caso, la Dirección de Transporte o la Subsecretaría de Seguridad Vial y Transporte).
Esto surge de varios marcos normativos:
La Dirección de Transporte, dependiente del Ejecutivo, es el organismo de aplicación y fiscalización.
Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58)
Artículo 27 inciso 6: establece que el municipio tiene competencia en la “organización y prestación de los servicios públicos locales”.
Artículo 190: dispone que el Departamento Ejecutivo es el responsable de la ejecución de las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante.
Ordenanza 9040/17 del HCD de Florencio Varela (la que regula la concesión del transporte):
En su articulado, el Ejecutivo municipal es el poder que otorga, controla y puede sancionar o rescindir el contrato de concesión.
Una normalización parcial y lenta
Los trabajadores de la línea 500 retomaron las tareas hace algunos días, restableciendo la mayoría de los servicios locales, mientras que los de la línea 159, que también pertenece al grupo MOQSA, volvieron a suspender el servicio este lunes al no haberse concretado el pago total de los haberes.
Se espera que para el mediodía de este martes se realicen los depósitos pendientes, lo que permitiría levantar la medida y restablecer la circulación habitual.
Por su parte, los choferes de la línea 148 confirmaron que recibieron el pago de sus sueldos en la mañana de hoy, aunque aún restan abonar los viáticos. A medida que los trabajadores fueron cobrando, el servicio comenzó a normalizarse de forma progresiva, con unidades que ya volvieron a circular en algunos ramales.
Días de aislamiento
Desde el viernes, barrios como La Capilla, Tropezón y El Alpino quedaron desconectados del resto del distrito. La interrupción total de la única línea que comunica esos barrios con otros partidos impidió a muchos vecinos trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio.
Vecinos de La Capilla relataron que durante los días de paro debieron pagar remises a precios impagables, superando los cuatro mil pesos por viaje, para poder llegar al centro o a estaciones de tren.
Un monopolio que persiste
La situación vuelve a poner en evidencia la falta de competencia en el transporte público de Florencio Varela, donde San Juan Bautista S.A., El Nuevo Halcón S.A. y MOQSA pertenecen al mismo grupo empresario.
Ese conglomerado opera casi la totalidad de las líneas locales, un esquema que se consolidó tras la modificación de la cláusula antimonopólica en octubre de 2017 y la posterior adjudicación por 10 años de los servicios locales a San Juan Bautista S.A. en diciembre de 2018, según consta en la Ordenanza 9040/17 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante.
La cláusula que prohibía la concentración de ramales fue suprimida luego de una fuerte presión sindical en el recinto.
El pliego y las obligaciones incumplidas
El pliego de bases y condiciones aprobado en 2017 establece con claridad las responsabilidades del concesionario:
- Art. 30: debe “prestar servicio con continuidad, regularidad y eficiencia”.
- Art. 50: si la interrupción del servicio fuera imputable al concesionario, “deberá satisfacer todos los costos, daños y perjuicios que se originen”.
- Art. 55: el abandono de los servicios sin autorización se penaliza con una multa de hasta 40.000 BM.
Aunque la medida de fuerza tuvo como origen un reclamo legítimo por salarios adeudados, el impacto directo sobre los usuarios expone la fragilidad de un sistema altamente concentrado y dependiente de un único grupo empresario.
Supervisión municipal bajo la lupa
Si bien el Concejo Deliberante es el órgano que sanciona las ordenanzas, la ejecución y el control del servicio recaen sobre la Dirección de Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Vial, dependiente del Ejecutivo municipal.
Es ese organismo el que debe garantizar el cumplimiento del contrato y aplicar sanciones en caso de interrupción injustificada o deficiencia en la prestación.
Un patrón que se repite
El paro actual no es un hecho aislado: en julio de 2023 y septiembre de 2024 se registraron conflictos similares por falta de pago de haberes dentro del mismo grupo empresarial, afectando nuevamente a miles de pasajeros.
De hecho, el mes pasado —a una altura similar del mes— ocurrió exactamente lo mismo que el presente, repitiendo la secuencia de demoras, falta de pago y paralización de servicios.
Lo que está en juego
El restablecimiento parcial del servicio alivia la urgencia inmediata, pero la raíz del problema sigue siendo estructural: un modelo de transporte monopólico, con control difuso y ausencia de competencia, que deja a los vecinos sin alternativas cada vez que el sistema colapsa.
Mientras las unidades de la 500 circulan con normalidad, la 148 se normaliza gradualmente y la 159 espera resolver los pagos adeudados antes del mediodía, el interrogante de fondo sigue abierto:
¿Puede un distrito de más de medio millón de habitantes depender de un solo grupo empresario para garantizar un servicio esencial?
En Florencio Varela, la movilidad no es un privilegio: es un derecho que aún necesita garantías efectivas para no volver a quedar varado cada vez que la empresa o el Estado fallan.