Tras la difusión de su lucha contra el cáncer, la joven madre formalizó la demanda contra los estafadores que le arrebataron los fondos destinados a su tratamiento. La representación legal fue asumida por el Dr. Carlos Alberto Boco, abogado y actual concejal de Florencio Varela por la oposición, quien busca identificar a los responsables de un engaño que explotó la fragilidad de una familia en crisis.
En un paso decisivo hacia la reparación, Celeste María Sol Vargas y Jorge Martín Gómez han presentado una denuncia penal por el delito de estafa tras ser víctimas de una maniobra delictiva que afectó tanto su patrimonio como su integridad emocional,. El hecho tomó relevancia pública luego de que este medio visibilizara la situación de salud de Celeste, quien padece un cuadro oncológico y necesitaba recaudar fondos para su tratamiento y medicación paliativa,.
La denuncia describe un «sofisticado y cruel ardid» iniciado apenas un día después de que la historia de Celeste fuera publicada. Los estafadores, utilizando identidades falsas como la “Dra. Fernanda” y el “Dr. Emiliano Menna”, contactaron a la familia demostrando poseer información privada sobre los turnos médicos de la joven, lo que generó una confianza inmediata.
Bajo una perversa manipulación psicológica —que incluyó falsas promesas de ayuda humanitaria, invocaciones religiosas e incluso el relato de una tragedia familiar inexistente—, los delincuentes convencieron a la familia de transferir dinero para supuestos gastos de logística de una donación de materiales y medicamentos. En total, se sustrajeron $130.000 pesos, ahorros provenientes de la solidaridad de vecinos y amigos.
Hacia la identificación de los responsables
El escrito judicial, que solicita la constitución de los denunciantes como Particular Damnificado, aporta datos precisos para la investigación. Se ha identificado que las transferencias fueron recibidas en cuentas a nombre de Pablo Emanuel Thomas Llanes. Entre las medidas urgentes solicitadas por el Dr. Boco a la fiscalía se encuentran el congelamiento de las cuentas bancarias y la plena identificación de los titulares para evitar que sigan operando con esta modalidad, que ya habría afectado a otras víctimas en situación de vulnerabilidad.
Este caso no solo representa un perjuicio económico, sino una grave vulneración de los derechos humanos, al utilizar la enfermedad y la urgencia alimentaria de niños menores de edad como herramientas para el delito. El cierre de esta etapa procesal deja en claro que la búsqueda de justicia para Celeste es también un reclamo por una sociedad donde la solidaridad no sea castigada por la crueldad de las redes delictivas.
El patrocinio legal y el rol político
En los pasillos tribunalicios de Florencio Varela, los papeles hablan de derecho, pero traducen política. Lo verdaderamente sintomático de esta última presentación judicial no es la acumulación de fojas, sino la irrupción del Dr. Carlos Alberto Boco en el escenario. Al ponerse la toga de abogado patrocinante de la familia, el conocido concejal y referente opositor rompe la distancia institucional. Su doble rol —el técnico que litiga y el político que confronta con el oficialismo local— tiñe la causa de una densidad nueva, donde la demanda de justicia se vuelve, inevitablemente, un hecho político.
Sin embargo, reducir esa densidad política a una mera especulación partidaria sería confundir el océano con una pecera: lo partidario es la estructura fija, la rosca por el organigrama del Estado y el sello de goma que Boco viste en el recinto, mientras que lo político es la corriente subterránea donde esta familia se organiza para transformar el dolor en una demanda de derechos humanos frente a la desidia institucional. Al hacerse presentes en el papelerío del Juzgado, se reclamar respeto, no se busca un cargo en una lista ni responde a una disciplina de bloque pues el reclamo de justicia siempre desborda a los partidos porque la urgencia de la dignidad no cabe en ningún libreto de campaña. La intervención del edil sitúa el caso en la agenda pública y política del distrito, subrayando la necesidad de respuestas institucionales ante hechos de inseguridad y estafas que afectan a los sectores más desprotegidos.